La tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo se intensifica a una semana del plazo dado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, para que el Senado vote nuevamente la consulta popular sobre la reforma laboral. En respuesta a la amenaza del Gobierno de convocar la consulta vía decreto si no se pronuncia antes del 1 de junio, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la propuesta como “ilegal” y un “grave atentado contra el Estado de Derecho”.
La advertencia del ministro Benedetti
El martes, en rueda de prensa, Benedetti insistió en que la votación del pasado 14 de mayo, en la que la consulta popular fue hundida con 49 votos en contra y 47 a favor, está viciada por no haberse leído previamente la proposición, como establece el artículo 125 de la Ley Quinta del Congreso. Por esta razón, sostuvo que la votación no tiene validez jurídica y que si el Senado no vuelve a votar antes del 1 de junio, el presidente Gustavo Petro podrá convocar el mecanismo por decreto presidencial.
“La Ley Quinta dice que antes de votar debe leerse la proposición. En esta ocasión, eso no ocurrió. Por eso el Senado no se pronunció realmente. ¿Qué fue lo que votaron? No sabemos. Si no hay pronunciamiento formal antes del 1 de junio, el presidente podrá convocar la consulta popular”, afirmó Benedetti.
La réplica de Efraín Cepeda
Frente a esta declaración, el presidente del Senado se mostró categórico en rechazar la intención del Ejecutivo. En un comunicado oficial expresó:
“ El Gobierno Nacional anunció que, de no aprobarse la consulta popular antes del 1 de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado, que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida.
Esta acción representa un grave atentado contra el Estado de Derecho y la separación de poderes, al ignorar una determinación del poder legislativo y usurpar funciones judiciales reservadas exclusivamente a la rama judicial.
No permitiremos que se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales.
El Senado, en ejercicio de sus facultades legales, rechazó la consulta cuya aprobación es un requisito indispensable para su viabilidad.
Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes para salvaguardar la democracia.
No toleraremos actitudes autoritarias que pretendan engañar a los colombianos o pasar por encima del Congreso de la República y la Rama Judicial.
El desespero no puede justificar el autoritarismo”.
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La polémica legal en torno a la convocatoria por decreto
Expertos en derecho constitucional han coincidido en que la facultad para determinar irregularidades en el trámite legislativo corresponde exclusivamente a la rama judicial y no al Ejecutivo. Convocar una consulta popular por decreto sin pasar por el Congreso implicaría un quiebre de la separación de poderes y sería potencialmente anulada por el Consejo de Estado.
¿Qué sigue para la consulta popular?
Armando Benedetti dio un ultimátum para que el Senado vote nuevamente la consulta, recalcando la necesidad de que “lean la proposición y voten” para legitimar el proceso. Sin embargo, advirtió que, de no obtenerse esa votación, el Gobierno convocaría la consulta por decreto para defender “los derechos de la clase trabajadora” frente a los 12 puntos de la reforma laboral.
Contexto y panorama político
La consulta popular fue hundida hace dos semanas en medio de denuncias de irregularidades y acusaciones mutuas entre Gobierno y oposición. El rechazo del Senado generó controversia, y ahora, con la amenaza del Ejecutivo de tomar acciones unilaterales, la confrontación entre poderes se agudiza.
El Senado tiene hasta el 1 de junio para pronunciarse sobre la consulta popular. De no hacerlo, el Gobierno intentaría convocarla por decreto, aunque con altas probabilidades de enfrentar un fallo judicial en contra que podría frenar el proceso.
