Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, ha instado a la Corte Constitucional a declarar un estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud colombiano.
Esta solicitud se produce después de 15 años de seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, la cual ordenaba medidas para proteger el derecho fundamental a la salud, pero que según la Defensoría no han sido cumplidas, también ha pedido al alto tribunal que convoque una audiencia para evaluar la crisis actual del sistema de salud y su impacto en los derechos humanos a la vida, la salud y la integridad de los colombianos, con el fin de encontrar soluciones efectivas.
«Consideramos que están dadas las condiciones para que sea declarado el estado de cosas inconstitucional en salud», afirmó el Defensor del Pueblo, destacando la necesidad de que la Corte Constitucional emita nuevas órdenes para garantizar este derecho humano fundamental.
Según Camargo Assis, las medidas adoptadas por el actual gobierno han puesto en alto riesgo la vida y la salud de los usuarios del sistema, ha señalado problemas graves en el subsistema del Magisterio y en el de la fuerza pública, especialmente en las zonas más alejadas del país.
El Defensor del Pueblo expresó su preocupación por la falta de un régimen de transición adecuado para el modelo de salud del Magisterio, lo que afecta a 819.000 afiliados, en particular a aquellos con enfermedades crónicas y tratamientos permanentes, en los últimos 18 meses, siete entidades promotoras de salud (EPS) han sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, afectando a más de 22 millones de afiliados, recientemente, otras dos EPS solicitaron su retiro voluntario del sistema debido a la crisis financiera que enfrentan.
«Seguiremos siendo el termómetro de los indicadores de la prestación del servicio a los usuarios de Famisanar, Nueva EPS, Sanitas EPS, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud y EPS SOS de Comfandi, intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, también seremos seremos el termómetro de Compensar y Sura EPS, que pidieron su salida voluntaria y progresiva del sistema de salud colombiano».
El Defensor del Pueblo ha solicitado una audiencia urgente con la Corte Constitucional, en la que participen el Gobierno Nacional, el Congreso de la República, aseguradores, prestadores de servicios, academia, profesionales del sector, laboratorios, gestores farmacéuticos, el Magisterio, Sanidad de la fuerza pública y otros subsistemas, así como la sociedad civil, con el objetivo de encontrar soluciones a la crisis del sistema de salud en Colombia.