En medio del escándalo político y judicial que generaron los archivos encontrados en los dispositivos de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, el presidente Gustavo Petro salió a rechazar categóricamente las acusaciones que señalan presuntos vínculos entre altos funcionarios de su gobierno y estructuras de las disidencias. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario aseguró que los informes que involucran al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, son “falsos” y responden —según él— a intereses que buscan deslegitimar las investigaciones internas contra la corrupción en la fuerza pública.
Las revelaciones, divulgadas inicialmente por Noticias Caracol, describen supuestos contactos entre integrantes de las disidencias del Estado Mayor Central y funcionarios que habrían facilitado información y maniobras para anticipar operativos de la Fuerza Pública. El presidente, sin embargo, sostiene que se trata de un intento por desacreditar a quienes han denunciado irregularidades, especialmente en procesos de entrega de permisos de seguridad privada y casos como el robo de armas en La Guajira.
El presidente asegura que el escándalo es una reacción de mafias afectadas por decisiones del Gobierno
Petro afirmó que las denuncias hacen parte de una respuesta de grupos criminales afectados por la suspensión de negocios ilegales durante su administración. Según el mandatario, la entrega de permisos de seguridad privada a estructuras criminales habría sido “masiva” en el gobierno anterior, y su interrupción habría generado un choque directo con intereses económicos vinculados a la corrupción estatal.
“El negocio ha sido suspendido en mi gobierno y por eso reaccionan”, señaló, al recalcar que se frenaron “miles de millones de pesos” en sobornos que, según él, alimentaban estructuras paramilitares desde el interior de la institucionalidad.
El mandatario también pidió que las agencias de inteligencia publiquen sus informes “en tiempo prudencial” para evitar su uso político y advirtió que la contrainteligencia debe centrarse en descubrir vínculos irregulares dentro de las fuerzas militares y policiales, no en alimentar disputas políticas.
Contexto del escándalo: los archivos de alias ‘Calarcá’
Las acusaciones se originaron en un operativo del 23 de julio de 2024, cuando una caravana con siete jefes de disidencias fue detenida en Anorí, Antioquia, transportando armas, dinero y un menor de edad. Los dispositivos electrónicos incautados quedaron en manos de la Fiscalía. Parte de su contenido —según Caracol— revelaba conversaciones y documentos que involucrarían a oficiales y funcionarios civiles.
Entre ellos, se menciona al general Juan Miguel Huertas, quien habría propuesto la creación de una empresa de seguridad como fachada, y al funcionario de la DNI, Wilmar Mejía. Ambas hipótesis fueron rechazadas tajantemente por el presidente.
Mientras tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que ordenó una investigación interna rigurosa para esclarecer las acusaciones reveladas, asegurando que la Fuerza Pública entregará toda la información necesaria a la Fiscalía.
Mensaje completo del presidente Gustavo Petro
A continuación se reproduce de forma íntegra el mensaje que el presidente publicó en su cuenta de X:
MENSAJE DEL PRESIDENTE GUSTAVO PETRO
*»Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos.
Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del ejército corruptos. Varios casos como el robo de armas al ejército en la Guajira y precisamente la entrega a bandidos de permisos para hacer compañías de seguridad, es gracias a eso.
En la captura de escoltas oficiales presentes en dónde están los bandidos que se capturan hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales.
El negocio ha sido suspendió en mi gobierno y por eso reaccionan. Son Miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron para frenar el uso del estado para el paramilitarismo.
En el gobierno de Duque la entrega de permisos legales a criminales fue masivo
El negocio se intentó perpetuar pero lo detuve.
Todos las agencias de inteligencia deben hacer públicos sus informes en el tiempo prudencial.
Los lazos entre oficiales del ejército y la policía deben cortarse de inmediato, la contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información.
Que coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública«*
Y agregó:
*»Caracol ha cometido ya varios «errores» de esta magnitud, y en algunos ha rectificado.
Siempre tienen la misma fuente de un periodista que consideraba muy serio.
La fuente del periodista es la CIA, que tiene la costumbre de tender redes para afectar a la opinión pública de acuerdo a los intereses del gobierno de su país en todo el mundo.
Es una forma de exhibir poder extranjero dentro de los países.
Con la CIA me reuní para recibir informes de oficiales corruptos a los que presté atención, guardando prudencia sobre la veracidad de la información, el periodista no lo hace y ahí su responsabilidad.
En aquella ocasión me hablaron del general Huertas, que no estaba en el ejército, y mencionaron posible relación con un grupo armado, pero mencionaron otro grupo diferente al de hoy; por eso sé que el nuevo informe es falso
Investigué lo que sucedió, y determiné que la creencia de la CIA no era certera.
Se trataba de un operativo contra el ELN que en el momento de ejecutarse, fue saboteado por la presencia del un helicóptero en el lugar de los hechos que alertó al grupo armado.
Mi investigación sobre los hechos determinó que el helicóptero era de la policía y no del ejército, con lo cual el general Huertas no tenía nada que ver.
De Wilmer no se dijo nada.
A la CIA también la engañan. La alta corrupción en el país producto del narcotráfico hace que existan bandas delincuenciales en el ejército dirigidas por oficiales de alto rango. Utilizan la inteligencia, los polígrafos e informes de inteligencia que resultan falsos para sacar del camino injustamente a oficiales de alto rango que representan un peligro para sus carreras o que no son cómplices de sus actividades criminales.
La CIA cae también en esos errores porque los norteamericanos aún no saben que el gran narcotráfico siempre penetra el poder político de la nación.
Hoy la CIA tiene razones para atacar a mi gobierno, desprestigiándolo, las órdenes vienen desde su gobierno
No he querido sacarla del país, esperando que el gobierno de Trump reaccione y se dé cuenta que los informes que recibe vienen es del mismo narcotráfico buscando romper las relaciones.
Narcos y altos dirigentes del gobierno norteamericano coinciden en su intención de derrocar el gobierno. Los uno para recuperar sus negocios golpeados, los otros por antiguos odios contra la revolución cubana que extienden ignorantemente a todo el progresismo latinoamericano y los lleva a regresar a la época en que apoyaron a Pinochet y Videla que tanto dolor desataron en nuestro continente.
Unos quieren negocios otros impedir que ganemos las elecciones.»*