El presidente Gustavo Petro volvió a defender la participación de cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá en un acto público celebrado el pasado 21 de junio en Medellín, asegurando durante el Consejo de Ministros de este martes 24 de junio que “no subió delincuentes” sino “personas en rehabilitación”.
“No son delincuentes, son personas en rehabilitación”
En un mensaje frente a su gabinete, Petro explicó que la justicia debe entenderse como un proceso de rehabilitación y no como simple venganza:
“Se olvida un principio universal de la justicia: el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación, pero como aquí ven la justicia como venganza… Ninguno puede perder la característica de persona, es un individuo de la humanidad que tiene derechos, y el derecho de un preso es a ser rehabilitado por el Estado”.
El mandatario admitió que algunos de los capturados siguen delinquiendo desde las cárceles, y por eso sostuvo que “a aquellos que reincidan en el delito toca meterlos en las fragatas o en prisiones de máxima seguridad”.
“Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está en las cárceles como gente en rehabilitación. Ah, que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero yo les dije ‘hay que meterlos en las fragatas, quien reincida y maneje muerte desde la cárcel se va para las fragatas o a la cárcel de seguridad más alta que tengamos. No van a usar la cárcel como capital de la delincuencia, pero la gran mayoría de los presos son personas en rehabilitación”, Presidente Gustavo Petro
La polémica del acto en La Alpujarra
El evento en Medellín, que tuvo lugar en la Plaza de La Alpujarra, fue organizado por el Gobierno para presentar la llamada “paz urbana”. Sin embargo, la presencia en la tarima de nueve cabecillas criminales condenados y recluidos en la cárcel de Itagüí causó una ola de críticas en varios sectores políticos y sociales.
Entre los líderes criminales presentes estaban José Leonardo Muñoz, alias Douglas; Freyner Ramírez, alias Carlos Pesebre; y Juan Carlos Mesa, alias Tom, entre otros. Estos sujetos, ligados a graves delitos como asesinato y tráfico de drogas, fueron transportados en vehículos del INPEC al evento.
Rechazo de líderes y autoridades
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue uno de los primeros en condenar la acción del presidente Petro, afirmando que “sacó a los peores criminales de la cárcel para ponerlos a su lado” y acusándolo de “ponerse del lado de ellos”.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que “las tarimas no son un lugar para los responsables de los crímenes” y que la sanción penal y el reconocimiento ante las víctimas deben ser prioridad.
Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach destacó el esfuerzo del Gobierno por la paz, pero insistió en que se deben respetar los valores del Estado y proteger la dignidad de las víctimas.
El expresidente Juan Manuel Santos calificó el acto como “una afrenta a las instituciones judiciales y a las víctimas”, subrayando que la mayoría de esos delincuentes fueron capturados durante su administración.
La postura de la congresista Isabel Cristina Zuleta
En contraposición a las críticas, Isabel Cristina Zuleta, coordinadora del espacio socio jurídico de los diálogos de paz urbana, defendió el acto como un mensaje de reconciliación y política abierta:
“Es un mensaje de paz, de reconciliación, de hacer las cosas de frente a la ciudadanía. Para nosotros, una tarima significa la posibilidad de hacer política pública sin ocultamientos”.
Petro anunció su intención de llevar el modelo de paz urbana, implementado en Medellín, a la ciudad de Barranquilla, buscando replicar el programa de negociación y reinserción.