
Luego que el Congreso de la República de Colombia hundió, por segunda vez en este año, el proyecto de legalización del cannabis recreativo, el presidente Gustavo Petro acusó a los opositores de recibir «sobornos» y señaló que la decisión favorece directamente a los narcotraficantes.
Quienes ilegalizan reciben sobornos
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2023
Con 46 votos a favor y 40 en contra, el Congreso aprobó una proposición de archivo, el presidente Petro no dudó en expresar su descontento, afirmando que aquellos que votaron en contra lo hicieron por intereses económicos personales.
Lanzando una fuerte crítica a los congresistas que, según él, priorizan sus propios intereses económicos sobre la legalización del cannabis.
Con tumbar la ley de legalización del cannabis lo único que se hace es elevarle las ganancias al narcotráfico y su violencia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 13, 2023
Las críticas a las afirmaciones del presidente no tardaron en llegar durante el debate del proyecto. La senadora liberal Karina Espinosa, responsable de que la iniciativa fracasara, respondió diciendo: «Aquí estamos los que creemos en la familia y en la niñez. No somos focas ni cínicos. Los felicito por hundir este proyecto que decía puras mentiras».
El presidente Petro insistió en que la prohibición del cannabis aumentaría las ganancias del narcotráfico y los niveles de inseguridad.
Al respecto el expresidente Álvaro Uribe felicitó a los Senadores que votaron en contra del proyecto de uso recreativo del Canabbis.
Felicitaciones a los 45 senadores que con su voto impidieron la legalización del consumo recreativo de la marihuana
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 12, 2023
Respuestas (R) a alegatos (A) sobre legalización del consumo de drogas
(A) Respeta libre desarrollo de la personalidad.
(R) El consumidor termina alienado, pierde su libertad y su raciocinio para decidir.(A) Se regula el mercado y desaparecen traficantes.
(R) Aumenta el…— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 13, 2023
El proyecto, ahora hundido, tendría que reiniciar su trámite legislativo desde cero en 2024. Los defensores de la legalización argumentan que el Estado podría beneficiarse de impuestos, recursos que actualmente van a parar a las manos de narcotraficantes y distribuidores ilegales.