La enseñanza popular explica que en río revuelto ganancia de pescadores. Pues bien,
El gobierno de Gustavo Petro y su aclamada “Política de Paz Total”, se ha convertido en un sueño hecho realidad para los delincuentes; en un genuino paraíso donde no hay Dios, ni ley. Mientras los ciudadanos de bien intentan sobrevivir en medio de balazos, secuestros y masacres, las mesas de negociación del gobierno Petro con grupos armados, parecen un episodio más en el marco de una tragicomedia sin fin, atada a un nudo gordiano, que nadie puede desenredar, eso sí, mientras en el Palacio de Nariño parecen haber olvidado el compromiso constitucional de garantizar a todos seguridad, protegiéndonos en nuestras vidas, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.
Comencemos por Salvatore Mancuso, el exparamilitar que ahora hace excéntricos pedidos para reforzar su esquema de seguridad. Modificaciones vehiculares dignas de un protagonista de “Rápidos y Furiosos”: suspensión especial para trochas y antenas satelitales que le permitan gozar de conectividad ininterrumpida a internet, de tal suerte que nunca pierda la señal.
Además de sus demandas tecnológicas y logísticas, también se reporta que usó armamento de su esquema de seguridad para practicar disparos en un polígono. Porque claro, hablan de Paz en la JEP, pero abusan del acceso a armas y escoltas pagados por el Estado.
Mientras tanto, los colombianos comunes y corrientes cada vez sufren el aumento del precio de la gasolina y ahora no podemos recorrer tranquilos las carreteras de nuestro país, como le paso a la familia que fue masacrada en Tibú-Norte de Santander. Para este gobierno indolente, seguramente será un registro más en la estadística, como la segunda masacre del año, que cobró la vida de un bebé de apenas seis meses, quien fuere asesinado junto a sus padres, mientras su hermano de nueve años presenció el macabro episodio; eso sí, para la comunidad y para las familias quedará una marca de por vida de cómo la inseguridad en el país les arrebató a sus familiares.
Las autoridades ofrecen una recompensa de 100 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a los responsables de esta atrocidad. Se trata de una medida escasamente reactiva y no preventiva.
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La negociación con el ELN, por su parte, no deja de ser una obra de teatro absurda. La última joya de esta tragicomedia es la amenaza de muerte al Señor Álvaro Jiménez quien funge como asesor de Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del gobierno. Sino respetan ni siquiera la vida de los equipos de los negociadores de paz, que podremos esperar los demás mortales?
Según Patiño, los comandantes del ELN todavía creen que los problemas se resuelven con balas y no con palabras. Pero Señor Exconstituyente Patiño, se los advertimos, Ustedes le otorgaron patente de corzo a esta organización criminal, poniendo en riesgo los derechos y libertades de los ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional, de la cual Usted también es progenitor; patente otorgada sin ningún tipo de limitaciones; sin líneas rojas.
Entonces ¿Que esperaban?
Mientras tanto, el Departamento del Cauca sigue siendo el epicentro del caos. Los cotidianos y recurrentes ataques, ya son parte del paisaje. En Suárez, atentaron, con drones contra una estación de policía dejando un saldo de tres personas afectadas por aturdimiento, hecho perpetrado por las disidencias de Iván Mordisco; mientras que en Caloto se lanzaron artefactos explosivos contra una base militar y con la misma modalidad, buscaban atacar un campamento militar en Patía, pero el atentado fue frustrado.
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Este departamento del sur occidente Colombiano, se ha convertido en el patio de juegos de los grupos guerrilleros y de la delincuencia; no existe ni Dios, ni Ley; ni mucho menos Presidente que defienda a sus pobladores, que les garantice sus derechos y sus libertades, y ponga orden en el territorio. Solo en esta región del Pacífico Colombiano, se registra el 73 % de los casos de reclutamiento forzado del país; 287 Niños y jóvenes que deberían estar construyendo sueños, terminan atrapados en las redes del crimen. Esto constituye una terrible tragedia que nos llena de pena y vergüenza frente al mundo, pues en el gobierno del cambio, ni siquiera se hacen valer los derechos de los jóvenes – por fortuna hoy arrepentidos- que ayudaron a elegir al Presidente Petro.
Pero no nos detengamos ahí. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reportó que los cultivos de hoja de coca siguen creciendo, especialmente en departamentos como Nariño y Cauca. Sin un informe final para 2024, ya podemos anticipar que las cifras no serán alentadoras. Mientras los cultivos ilícitos florecen, las comunidades campesinas se marchitan bajo el dominio de los grupos armados y del narcotráfico.
Todo esto mientras el gobierno insiste en ceder territorio y autoridad a quienes solo buscan perpetuar el conflicto.
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Y mientras los ciudadanos soportan la carga de un país que parece gobernado por la delincuencia, los discursos oficiales nos siguen hablando de paz. Paz que se tambalea cada vez que se reporta una nueva masacre, un nuevo ataque o un nuevo escándalo. Y eso sí, cuando se hacen las denuncias públicas, nos llaman enemigos de la Paz.
¿Hasta cuándo seguiremos llamando “paz” a este carnaval de horror y cinismo? Los Colombianos no queremos más discursos ni mesas de negociación fallidas que terminan siendo alfombras o tapetes rojas para el crimen organizado y para la delincuencia. Queremos un país donde la vida sea sagrada, y no constituya la vida misma, un instrumento o un peón más en el juego de intereses políticos y económicos.
El sueño de la Paz Total se está convirtiendo en una pesadilla para las víctimas y un premio para los victimarios. Pero tranquilos, que seguro el próximo discurso presidencial nos prometiera un futuro mejor… mientras el País se desmorona ante nuestros ojos.