Lo que mal empieza, mal termina. El proyecto constitucional de Reforma a la Salud, que no se tramitaba bajo el procedimiento estatutario, termino archivándose, aunque de haber sido aprobado en el Congreso de la República, igual se hubiera caído en la Corte Constitucional.
Claramente la iniciativa gubernamental Petrista, no resolvía los principales problemas que tiene el Sistema de Salud, y que es necesario solucionar urgentemente tales como: i) Déficit de personal asistencial que en la actualidad no da abasto; ii) autorizaciones demoradas; iii)Precaria prestación y calidad del servicio en lugares apartados y especialmente rurales; iv)Insuficiencia de los recursos que el Estado destina para financiar el Sistema; y v) Corrupción en la administración de los recursos, especialmente de la UPC.
Pero sumado, a que ninguno de estos problemas era resuelto por el proyecto en cuestión, en cambio sí, se reseteaba el sistema, llevándose por delante, con un modelo estatizado, todas, pero todas las capacidades acumuladas durante más de 30 años, muy a pesar de que nuestro sistema con todo y los problemas que subsisten, es referente y modelo a seguir a nivel internacional.
De manera temeraria, el Gobierno del Presidente Petro desde sus inicios, optó por la reprochable política de estrangular a las EPS a través de diferentes mecanismos principalmente financieros, pretendiendo deslegitimarlas ante la opinión pública, hasta arrodillarlas, creyendo que con ello el nefasto proyecto de ley ganaría favorabilidad.
El predecible y autoritario Gobierno, no disimulo en lo absoluto. Basto que la Comisión 7ª del Senado de la República archivara el proyecto de Reforma a la Salud, para que procediera a Intervenir, a Sanitas y a la Nueva Eps, que cuentan con 5.7 millones y 10.9 millones de afiliados respectivamente. La mismísima asfixia, llevo como en efecto domino a que la Eps Compensar que cuenta con un poco más de 2 millones de afiliados optará por solicitar un procedimiento de liquidación voluntaria sosteniendo que:
“Esta decisión Obedece a la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia. Hecho que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa”.
Se evidencia con esta medida desesperada de “Compensar”, el famoso efecto “Shu shu shu” que advirtió hace unos días sarcásticamente el Presidente Gustavo Petro.
Claramente la Superintendencia de Salud que tiene funciones de inspección, vigilancia y control, cuenta con la potestad de determinar intervenciones a las entidades que vigila, ya sea para administrar o para liquidar. En el caso de Sanitas y la Nueva EPS, la intervención
se hace con el fin de “administrar”, con el pretexto de que estas no cumplen con algunos estándares que podrían afectar la garantía del derecho a la salud de los usuarios de estas promotoras. En resumen, la Superintendencia toma el control de la entidad intervenida,
designando a un interventor, que reemplaza al Gerente respectivo.
Sin embargo, considero que estas Intervenciones, tienen más cara de “expropiaciones”, por cuanto lo que se acostumbra cuando se presentan dificultades en la prestación de unservicio público, es que previo a una intervención, se proponga un plan de mejoramiento, el cual, de no producir resultado daría lugar a una vigilancia especial, y ya luego como ultimo recurso, ahí si, la intervención. En este caso, no se habrían agotado estas etapas, por lo que la medida se estima improvisada e ilegal, además de desproporcionada y discriminatoria.
Téngase presente que la motivación del acto administrativo de intervención,dejo mucho que desear; cuando la PGN efectuó una visita de inspección a la Super Salud, no encontró los soportes que debían estar disponibles, y que sustentaban las medidas tomadas.
Mucho me temo que el remedio será peor que la enfermedad. Recordemos que fue apenas hace poco más de un año, exactamente el 6 de febrero de 2023, cuando la propia Contraloría General de la República, emitió un pronunciamiento de advertencia, contra la Superintendencia de Salud, óigase bien, pronunciamiento de advertencia contra la superintendencia de Salud, sobre la afectación negativa a los intereses públicos por la pérdida de los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud, comprometidos en la cartera con los prestadores, la cual se acumula y con el tiempo se convierte en irrecuperable, evidenciándose inefectividad en las Acciones Sancionatorias, por parte de la aludida Superintendencia.
Como quien dice, se pone en tela de juicio su competencia sancionatoria. Si no es capaz entonces la Supersalud, de ejercer la inspección, vigilancia y control como corresponde, mucho menos va a ser capaz de administrar lo que no puede controlar.
Ahora bien, en el marco de una audiencia pública de seguimiento, el pasado viernes 5 de abril, el propio Ministro de Salud, Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que estaba de acuerdo con que se revisara el valor actual de la Unidad de Pago por Capitación UPC, que es el valor que el Estado le entrega a las EPS, por cada uno de sus afiliados.
Recordemos, que hasta la fecha el Gobierno Nacional se había sustraído siquiera de considerarlo, y que el ajuste para 2024 de la UPC fue del 12.1%, lo cual a juicio de las EPS resultaba insuficiente, generándoles dificultades financieras insostenibles, dentro de lo que hemos llamado asfixia financiera a la que han sometido a estas empresas promotoras de Salud.
En buena hora la Corte Constitucional ha tomado el toro por los cuernos en lo que tiene que ver con el Sistema de Salud. De hecho, además de abordar lo relacionado con la UPC, el 20 de noviembre del año anterior, mediante Auto No. 2881, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 ordenó al Ministerio de Salud pagar las deudas pendientes de 2021, 2022 y 2023 dentro de los seis meses siguientes, esto, luego de encontrar algunas irregularidades en la suficiencia de los presupuestos máximos en el sistema; la omisión en la transferencia de estos recursos, también tiene ahogadas a las EPS.
Así las cosas, es claro que el Sistema de Salud necesita ajustes, que resuelvan diversas problemáticas que ni siquiera se consideraban y mucho menos resolvían en el proyecto de reforma a la salud archivado. Mientras el Presidente Petro pretenda con intervenciones y si
se quiere expropiaciones, imponer a la brava y a su manera una Reforma a la Salud ideologizada, nosotros desde el Congreso nos ocuparemos de hacer el control político correspondiente para tratar de evitarlo, activando también los mecanismos de control jurisdiccionales en contra de las actuaciones administrativas expedidas en este caso por la Superintendencia de Salud.
Por lo demás, se rumora que el Gobierno Nacional estaría pensando en la declaratoria de un Estado de Excepción para conjurar la explosión sin control generada por el propio gobierno, que se advierte y avecina.
Y aunque “Nadie puede alegar su propia culpa o torpeza”, tal como lo enseña el famoso principio del derecho, me anticipo a considerar que una medida de esta naturaleza no resistiría el control automático efectuado por la Corte
Constitucional, pues no se podría predicar imprevisibilidad de un estado de cosas, cuando dicho estado de cosas, ha sido generado por el mismo gobierno. De todos modos, vienen a mi memoria, recuerdos sobre las toneladas de basura que inundaban las calles bogotanas, producto de las decisiones del gobierno capitalino liderado en ese entonces por quien es hoy Presidente de Colombia. No quiero pensar que la historia se repetirá, solo que con un cambio de protagonistas; ya no serán los desechos, sino seres humanos de carne y hueso, implorando atención en instituciones hospitalarias colapsadas, con las consabidas e iOpinion | ¿Intervención o Expropiación de las EPS?. Representante Carlos Edward Osoriorreparables consecuencias.