El juicio contra Álvaro Uribe Vélez no es simplemente un proceso penal. Es en muchossentidos, el espejo más crudo de una Nación atrapada entre la búsqueda de justicia y la trampa de la polarización.
Es la historia de un expresidente Colombiano sentado formalmente en el
banquillo de los acusados, pero también es el retrato de un país que no ha logrado resolver laverdad entre narrativas ideologizadas. Durante años, Álvaro Uribe fue el símbolo más poderoso del orden frente al caos. En una Colombia sitiada por las Farc, el narcotráfico y la corrupción rampante, por supuesto, su figura emergió como una promesa de autoridad. Gobernó con mano dura, y con un estilo que lo
convirtió en un político de admiración para millones de Colombianos, claramente, también enblanco de repudio para quienes estaban al otro lado de la institucionalidad.
Por eso, su juicio no es sólo un acto jurídico: es un hecho político, cultural y simbólico de profundas repercusiones. En 2012, el Senador Iván Cepeda presentó en el Congreso testimonios de exparamilitares que presuntamente vinculaban al entonces expresidente y a su hermano Santiago Uribe con la creación del Bloque Metro de las autodefensas. Pero la motivación política era evidente: empañar la imagen del líder que desmanteló buena parte de la estructura guerrillera de las Farc y que puso en jaque al proyecto político de la izquierda armada.
Uribe, al conocer la gravedad de esas afirmaciones, reaccionó de manera legítima: lo denuncio;lo denuncio penalmente por manipulación de testigos. Pero en un giro inexplicable de la CorteSuprema, el acusado se convirtió en acusador y viceversa. Cepeda fue exonerado, y en cambio, Uribe terminó investigado por supuestos intentos de soborno a testigos. Un caso que huele más a revancha que a justicia.
Desde entonces, el caso ha estado marcado por una serie de episodios que parecen sacadosde una novela política: recusaciones, cambios de jurisdicción, dilaciones procesales,acusaciones cruzadas de montaje, y una narrativa que oscila entre la dignidad del acusado y la instrumentalización del sistema judicial.
Una de las bases del caso contra Uribe son las interceptaciones telefónicas. Pero incluso ese aspecto del proceso ha estado plagado de irregularidades. En septiembre de 2018 se descubrió que su línea fue interceptada “accidentalmente” mientras se investigaba a un tercero. ¿Cómo es posible que un tribunal, con la rigurosidad que exige un caso de esta magnitud,cometa un “error técnico” tan, pero tan delicado? A pesar de que el Tribunal Superior de Bogotá declaró la legalidad de las interceptaciones, el contexto en el que fueron obtenidas y la manera en que se filtraron selectivamente a medios de comunicación, dejan muchas dudas sobre la imparcialidad del proceso.
Uribe ha sido claro: “En 20.000 interceptaciones nunca pedí nada diferente a la verdad”. Y eso no es una defensasuperficial: es un hecho comprobado en el expediente judicial. En ninguna grabación se le escucha ordenar la compra de un testimonio, ni sugerir que se mienta o que se calle. El expresidente no sólo niega haber dado instrucciones al abogado Diego Cadena para sobornar a testigos, sino que rechaza con firmeza haber conocido personalmente al testigo clave del caso, Juan Guillermo Monsalve. Ha dicho Uribe: “Nunca lo he conocido”, dicha afirmación la hizo bajo la gravedad del juramento. Monsalve, además, es un condenado con múltiples contradicciones en sus versiones, hoy convertido en el pilar de una acusación sin bases sólidas.
Uribe tuvo la oportunidad, como cualquier acusado, de acogerse a su derecho a guardar silencio. Es el famoso conocido principio de NO AUTOINCRIMINACION. Sin embargo, siendo su derecho constitucional, legítimo y respetable, decidió lo contrario: hablar. Hablar frente a la Juez Sandra Liliana Heredia. Renunció voluntariamente a ese derecho expresando: “por compromiso con la justicia, con mi familia y con las instituciones que representé”. Esa decisión no es menor. Es la muestra de que no teme a la verdad ni a la justicia, sino al uso político de la
justicia para destruir su nombre y su legado.
Durante su testimonio, no se victimizó ni buscó culpables fáciles. Señaló los hechos, presentó sus argumentos y solicitó garantías. Advirtió que hay sectores con interés en su condena: exparamilitares, exguerrilleros y aliados políticos de las Farc que jamás, pero jamás le perdonarán haberlos enfrentado con contundencia y con determinación. También cuestionó la posible injerencia de antiguos miembros de esa organización en el desarrollo del caso, una hipótesis que merece ser investigada con el mismo rigor que se le ha aplicado a él.
Álvaro Uribe no ha negado la existencia del paramilitarismo ni de la guerrilla en Antioquia durante su gobernación. Por el contrario, fue uno de los primeros líderes en denunciar masacres de ambos bandos. Como gobernador, llevó ante la comunidad internacional informes sobre más de 90 masacres. Incluso, propuso considerar la presencia de Cascos Azules de la ONU ante la magnitud de la violencia.
Implementó la estrategia de «Neutralidad Activa», que consistía en una pedagogía para que las comunidades no se alinearan ni con los paramilitares ni con los guerrilleros. Esa fue su forma de combatir la cooptación del territorio por actores armados ilegales. Su historial no es el de un aliado de criminales, sino el de un hombre que se jugó literalmente el pellejo enfrentando a los violentos. Durante su mandato presidencial, debilitó militarmente a las Farc, rescató territorios tomados
por la insurgencia y recuperó la confianza internacional en Colombia. Es por eso que hoy muchos de sus detractores no pueden perdonarle su éxito: porque desarmó una narrativa de victimismo guerrillero que muchos quieren seguir explotando políticamente.
Iván Cepeda y sus aliados han construido una narrativa que intenta asociar a Álvaro Uribe Vélez con hechos oscuros de la historia reciente. Pero cuando se examinan los detalles, la historia se cae por su propio peso; se desmonta. Por ejemplo, Cepeda ha insinuado que Uribe tenía vínculos con narcotraficantes a través de una supuesta invitación a la Junta de “Confirmesa”. Sin embargo, el expresidente ha demostrado con documentos que rechazó categóricamente esa invitación en mayo de 1983, tres años antes del asesinato de Guillermo Cano. No hay relación posible. Lo que hay es mala intención.
La presencia del Bloque Metro en regiones como San Roque, San José o Providencia fue debatida y denunciada en consejos de seguridad durante su propia gobernación. Si algo caracteriza a Uribe Vélez, es su estilo de enfrentar, de poner la cara, es frentero, no le huye a los problemas. Jamás negó la violencia: la enfrentó. Quienes hoy lo acusan, en cambio, se beneficiaron de la dejación de armas, del silencio cómplice o de pactos oscuros disfrazados de reconciliación.
Si el proceso continúa con estas características, si las pruebas son débiles y las
interpretaciones amañadas, se estará abriendo la puerta para que cualquier líder, de cualquier corriente, sea derribado por narrativas construidas artificialmente.
Uribe comparece ante la justicia porque cree en ella. No ha huido del país, no ha buscado refugio en embajadas, tampoco ha silenciado a sus acusadores. Ha dado la cara, como siempre lo ha hecho. Y eso, en un país donde tantos se esconden tras el discurso de la impunidad, ya eso es un acto de dignidad política.
El juicio contra Álvaro Uribe Vélez será recordado por años. Pero no como un hito de la justicia imparcial, sino como el punto más álgido de una sociedad que no logra separar el derecho de la revancha, ni la legalidad del odio ideológico. La figura de Uribe incomoda, pero también nos inspira. Su voz sigue siendo un faro para millones que creemos que Colombia necesita orden, autoridad y firmeza frente a tanta delincuencia y tanto terrorismo.
Por eso, más allá de lo que definan los jueces, por algo, en el escrutinio público, ya tiene el Presidente Uribe un espacio ganado como él Presidente que impidió que Colombia sucumbiera ante los violentos. Por lo demás, y ante la Juez que lo juzga, el expresidente sigue firme, con la frente en alto, dando la cara. Porque el que nada debe, nada teme.
Y Álvaro Uribe, con sus aciertos y desaciertos, con sus errores y virtudes, tiene claro que su inocencia además de presumirse es inexpugnable y es real, pues no tiene complicidades con el delito ni con la mentira; eso sí, todo parece indicar que no está dispuesto a renunciar a seguir sirviéndole a Colombia, a esta patria sufrida que lo vio nacer, por muchos, pero por muchos años más.