Desde este siete (7) de agosto comenzó oficialmente la cuenta regresiva para que termine el mandato presidencial de Gustavo Petro Urrego. Y con él, esperamos que termine también el desgobierno del cambio, ese experimento político que prometió “hacer historia” y sí que lo logró… aunque quizás, no en la forma, la manera, ni en la categoría como los Colombianos lo esperaban.
Han pasado tres años en los que el Gobierno ha protagonizado más escándalos que logros. El presidente llegó al poder con promesas de cambios sociales, justicia económica y paz, pero la realidad ha sido una especie de serie de “Netflix política”; drama diario, giros inesperados y un reparto que cambia ministros como si fueran extras en esta tragicomedia. Se han convertido en su propia y peor oposición.
Y mientras tanto, la verdadera oposición ha sufrido persecución, estigmatización, atentados y amenazas; este 7 de agosto pudimos vivenciar una muestra clara de las paradojas del tiempo, así como un nuevo despertar ciudadano.
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Mientras el Gobierno cumplía tres años, el país fue testigo de una de las movilizaciones ciudadanas más grandes de los últimos tiempos. Más de 500.000 colombianos salieron a las calles en apoyo y en defensa de Álvaro Uribe Vélez, respaldando su presunción de inocencia ante un juicio considerado claramente injusto. La marcha también fue un acto de solidaridad y rechazo a la violencia, recordando a Miguel Uribe Turbay, quien hoy se recupera en una clínica tras un atentado que conmocionó al País.
La fecha no pudo ser más simbólica: en el mismo día en que el presidente buscaba reafirmar su proyecto político, la ciudadanía envió un mensaje claro y contundente desde todos los rincones del país. En tres años, hemos visto marchas multitudinarias de todo tipo, pero esta dejó claro que una parte significativa de la nación no está dispuesta a guardar silencio. Fue una jornada medida en convicción, unidad y determinación. El Gobierno, que alguna vez capitalizó la movilización social, hoy se ve asfixiado por ella. Lo que antes era un activo político, ahora es un boomerang que lo golpea cada vez más fuerte.
El desgobierno es imposible de disimular, y entre sus grandes desaciertos está su propia sobreexposición mediática, que se ha convertido en un arma de autodestrucción masiva. Petro parece tener más en cuenta la red social X que la agenda de Estado. El mal manejo de la comunicación pública aumenta la desconfianza ciudadana. En su caso, cada trino es un riesgo: exaltando emociones, incitando divisiones, y en ocasiones, poniendo en peligro a funcionarios y sus familias.
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Prometió una “Paz Total”, que arrancó con bombos, platillos y ceses al fuego que duraron menos que un tinto. Las negociaciones con el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo avanzan a paso de cangrejo. Algunos acuerdos locales —como los de “los chotas” y “espartanos”— han funcionado temporalmente, pero la violencia no se detiene.
La extorsión, un delito que afecta especialmente a comunidades y sectores productivos, ha crecido en un 43% en comparación con 2022, lo cual de suyo es preocupante. Por otro lado, el terrorismo ha escalado dramáticamente: los casos reportados pasaron de 91 en el primer semestre de 2022 a 295 en lo que va de 2025, un incremento de aproximadamente 224%. Los atentados y actos terroristas aumentaron un 10%. Estas cifras no son solo números, son la radiografía de un fracaso rotundo en materia de seguridad.
El desempleo persiste, la informalidad campea y el aumento del salario mínimo no ha logrado dinamizar el mercado laboral; sin embargo, ya se anunció otro incremento significativo. Petro se excusa en cifras del DANE que muestran aumento de empleo, pero ese empleo es, en su mayoría, burocracia o informalidad.
Entre 2024 y 2025, van seis paros gremiales: camioneros, sindicatos, dos de arroceros, mineros y campesinos del páramo. El autodenominado Gobierno del Pueblo ha terminado fallándole… al mismísimo pueblo.
En cuanto a la legislatura, en el Congreso se han aprobado al menos siete reformas y varios proyectos clave, lo que demuestra que, pese a las diferencias, existen canales institucionales democráticos para avanzar. Sin embargo, el presidente ha optado por declarar al Congreso “enemigo del pueblo” cada vez que sus iniciativas no son aprobadas, una retórica que erosiona la confianza institucional y tensiona aún más la relación entre poderes.
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En este último año preocupa especialmente el aumento del tono amenazante frente a propuestas sensibles como la Reforma a la Salud, el Estatuto de Paz y, sobre todo, el Presupuesto General de la Nación para 2026.
Desde las comisiones económicas del Congreso de la República —de las cuales, por cierto, hago parte— se advierte que dicho presupuesto está desfinanciado y no hay garantías claras sobre los tiempos para debatirlo. Esto genera un alto riesgo de que nuevamente, sea aprobado por decreto —dictadura fiscal— que parece la estrategia preferida del gobierno, para imponer la agenda sin mayor contrapeso.
El panorama fiscal es una bomba de tiempo. El Marco Fiscal del Mediano Plazo proyecta metas que el propio presupuesto no cumple y que, probablemente, el Congreso no avalará, lo que conduciría a una nueva reforma tributaria. Estos malabares fiscales han erosionado la credibilidad de las instituciones financieras nacionales. En estas condiciones, la estabilidad económica y política del país penden de un hilo cada vez más frágil y delgado.
Preocupa también la ejecución presupuestal de 2025 tal como ha ocurrido en años anteriores. La inestabilidad gubernamental —con 54 ministros en tres años, muchos de ellos confesando que no pueden hablar cara a cara con el presidente— ha afectado gravemente la ejecución, aunque el mandatario asegura que de ella depende la reelección de su proyecto político.
Queda la pregunta: en este año preelectoral y en el próximo electoral, ¿qué prioriza el Gobierno? ¿La campaña o el cumplimiento de sus obligaciones? ¿Veremos una menor ejecución presupuestal?
Finalmente, en el ámbito internacional preocupa la postura benevolente de Petro frente a gobiernos autoritarios como el del vecino, el de Nicolás Maduro. Promociona, de hecho, una “zona binacional” con Venezuela —firmada casi en secreto— con acuerdos poco transparentes, sin contar con las voces de quienes habitan la frontera. Mientras tanto, con democracias como EE.UU. o Perú, la relación es más fría que un témpano de hielo.
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Para terminar de completar, justamente EE.UU. elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Nicolás Maduro, acusado de liderar el Cartel de los Soles, vinculado al narcotráfico y al terrorismo. Un mensaje contundente de Washington que contrasta con la diplomacia soñadora del huésped de la casa de Nariño.
En paralelo, la adhesión de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS ha encendido las alarmas en sectores empresariales y, por supuesto, en otros sectores preocupados por este tipo de decisiones. Si bien representa una oportunidad de diversificar fuentes de financiamiento, fue más un gesto voluntarista que una estrategia clara, en un contexto donde la política exterior debe responder a una visión de Estado, no a impulsos retóricos.
En resumen, estos tres años han sido un periodo marcado más por contradicciones y desafíos sin resolver que por avances decisivos. Solo queda esperar que este siete (7) de agosto de 2026 Colombia realmente cambie el rumbo. Para lograrlo, será clave vigilar de cerca las elecciones, pues para muchos partidos políticos aún no hay garantías de procesos transparentes y justos. Ojo. Mucho ojo con el 26.