El debate por el salario mínimo en Colombia volvió a ocupar el centro de la agenda económica y laboral tras la reunión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, convocada luego de la suspensión provisional del decreto que fijaba el incremento para 2026.
En el encuentro participaron representantes del Gobierno, empresarios y centrales sindicales con el objetivo de evaluar la expedición de un nuevo decreto transitorio, en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado. Al término de la reunión, el Ministerio del Trabajo informó que existe una posición mayoritaria entre los distintos sectores para mantener el aumento del 23,7 % decretado inicialmente.
En rueda de prensa, el ministro Antonio Sanguino señaló que en la Comisión de Concertación se conversó, se discutió y la opinión mayoritaria entre empresarios y trabajadores fue mantener el incremento del 23,7% del salario vital. Modificarlo generaría incertidumbre.
Coincidencias entre empresarios y sindicatos
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que tanto el sector empresarial como las organizaciones sindicales coincidieron en que modificar el incremento podría generar incertidumbre en el mundo laboral y afectar la estabilidad económica.
Según el funcionario, la opinión predominante es que “resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23 % que hoy está vigente”, al considerar que el ajuste ya fue aplicado y reconocido por empleadores y trabajadores.
Sanguino indicó que el Gobierno acatará la decisión judicial que suspendió provisionalmente el decreto, pero reiteró su intención de expedir una nueva norma transitoria que mantenga el incremento mientras se resuelve el proceso de fondo. Además, señaló que el Ejecutivo defenderá la tesis del salario mínimo vital ante las instancias correspondientes.
Contexto de la suspensión del decreto
La semana pasada, el Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 %, una de las alzas más altas de los últimos años. La medida obligó al Gobierno a convocar nuevamente a la mesa de concertación para revisar el escenario jurídico y económico.
Mientras se expide el nuevo decreto, las empresas deben continuar pagando el salario mínimo vigente con el incremento aplicado, equivalente a 1.750.905 pesos. El Gobierno tiene un plazo de ocho días para emitir la norma transitoria solicitada por el alto tribunal.
Las autoridades también aclararon que, en caso de que el ajuste definitivo sea inferior al ya pagado, no se podrá descontar a los trabajadores el dinero recibido durante este periodo.
Postura de las centrales sindicales
Desde el sector sindical, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestó su respaldo a mantener el incremento. Su presidente, Fabio Arias, sostuvo que el aumento constituye un derecho adquirido que ya fue reconocido en la práctica tanto por empleadores como por el Estado.
Arias también cuestionó la suspensión del decreto y anunció que las organizaciones sindicales respaldarán movilizaciones convocadas para defender el nivel actual del salario mínimo. Según el dirigente, el objetivo es garantizar que el incremento se mantenga sin modificaciones en el nuevo decreto.
Opiniones divergentes en el sector empresarial
Aunque existe una posición mayoritaria a favor de mantener el incremento, algunos gremios expresaron preocupación por los efectos económicos de un aumento elevado. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, señaló que mantener un incremento cercano al 23 % podría generar presiones en costos empresariales, informalidad y empleo.
Cabal indicó que el Gobierno debe explicar la sustentación técnica de la cifra y evaluar el impacto sobre trabajadores informales y sectores productivos. A su juicio, el incremento debe analizarse en el contexto de la inflación, la productividad y la sostenibilidad de las empresas.
Próximos pasos del Gobierno
El Ejecutivo deberá expedir en los próximos días un decreto transitorio que cumpla con lo ordenado por el Consejo de Estado, mientras avanza el proceso judicial sobre la legalidad del incremento. La mesa de concertación continuará evaluando el escenario económico y jurídico para definir la política salarial.
La discusión sobre el salario mínimo de 2026 se mantiene abierta en medio de un panorama de tensiones entre la protección del ingreso de los trabajadores y las preocupaciones sobre los efectos macroeconómicos del aumento. Por ahora, la posición predominante en la mesa de concertación es mantener el incremento vigente para evitar nuevas incertidumbres en el mercado laboral.
