El Ministerio de Justicia y del Derecho presentó los principales avances alcanzados en el marco del Gobierno del Cambio, destacando transformaciones en la política de drogas, la humanización del sistema penitenciario y la consolidación de una justicia con enfoque territorial y de derechos humanos.
Uno de los ejes centrales ha sido el giro hacia un enfoque de drogas centrado en la vida. Con una inversión superior a $22.000 millones, se han puesto en marcha 36 proyectos productivos en 20 municipios de seis departamentos, beneficiando a más de 4.000 personas. Además, 2.600 hectáreas fueron restauradas ambientalmente, en un proceso que busca no solo sustituir cultivos ilícitos, sino también reparar el tejido social y el ecosistema.
“La política antidrogas de este Gobierno ha sido clara: no se trata solo de erradicar, sino de ofrecer oportunidades reales. Por eso estamos salvando vidas en el campo”, afirmó el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
El enfoque integral también se ha extendido a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con programas que han llegado a 7.000 niñas, niños y jóvenes en 25 municipios, mediante una inversión de $6.200 millones. El Observatorio de Drogas, por su parte, adelantó 15 estudios técnicos y logró identificar 64 nuevas sustancias gracias a alianzas internacionales, fortaleciendo la capacidad de anticipar riesgos en salud pública.
En materia penitenciaria, la Ley de Utilidad Pública ha permitido que 165 mujeres privadas de la libertad cumplan sus condenas a través de servicios comunitarios, evitando el encarcelamiento. Asimismo, se ha puesto en marcha una política con enfoque de derechos para población LGBTIQ+ y un monitoreo en 125 establecimientos de reclusión, con el fin de avanzar hacia la humanización del sistema carcelario, base del CONPES de Humanización al 2035.
El Ministerio también resaltó la radicación del Proyecto de Ley de Paz Total el 20 de julio de 2025, que busca crear un marco jurídico para el desmantelamiento de organizaciones armadas, el acceso a la verdad y la reparación, y el avance hacia una paz territorial más sólida. Paralelamente, se han impulsado proyectos restaurativos con la JEP y la fortalecimiento de la justicia comunitaria en 10 municipios afectados por el conflicto armado.
En el escenario internacional, Colombia retomó su liderazgo en derechos humanos y reforma de la política de drogas, participando en escenarios multilaterales como la ONU y la OEA. El país tramitó 352 solicitudes internacionales, lideró la ratificación de siete tratados clave, entre ellos la Convención sobre Desapariciones Forzadas, y atendió 28 medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Estamos dejando atrás la justicia punitiva y vengativa para construir una que repara, incluye y transforma”, concluyó Montealegre, quien destacó que estos avances sientan las bases para un nuevo pacto social en Colombia, con dignidad, equidad y paz con justicia.