Bogotá, 19 de agosto de 2025 — El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que la Cancillería colombiana ya envió una solicitud formal al Gobierno de Nicaragua para la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), investigado por presuntos hechos de corrupción. Según el alto funcionario, «no hay obstáculo legal para que la Interpol emita la Circular Roja», lo que abre la puerta a que el proceso avance rápidamente.
Gobierno solicita a Interpol la captura internacional de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre
Montealegre explicó que la solicitud de extradición se ampara en el tratado vigente entre Colombia y Nicaragua, firmado en Managua el 25 de marzo de 1929, y subrayó que «creen que se puede dar la extradición» en los próximos días, tras conversaciones diplomáticas sostenidas entre ambas cancillerías.
“Colombia ya envió a Francia, específicamente a Lyon, a la Interpol, la orden de captura y la alerta roja. En este momento Francia evalúa la posibilidad de hacer eficaz inmediatamente esa orden. Toda orden de Interpol debe ir a Francia y ser evaluada por autoridades internacionales”, ministro Montealegre.
La medida se produce luego de que el Ministerio de Justicia solicitara formalmente a la Fiscalía General de la Nación iniciar los trámites correspondientes. Ya hubo acercamientos entre Bogotá y Managua sobre el caso, lo cual representa un paso clave para concretar el regreso de González al país y su comparecencia ante la justicia.
En palabras del ministro Montealegre, esta acción busca que «se cumplan las decisiones judiciales, especialmente en casos relacionados con corrupción, respetando las garantías procesales y la presunción de inocencia».
El anuncio se dio desde el Capitolio Nacional, donde Montealegre, junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Col, también radicó un proyecto de ley que busca establecer un Procedimiento Especial de Interdicción Marítima. De ser aprobado, este sería una herramienta clave para combatir delitos en aguas nacionales e internacionales y reforzar la soberanía y los derechos humanos en alta mar.