Contralor advierte: reforma al SGP corrige centralismo, pero su éxito depende de la Ley de Competencias
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, destacó que la reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) representa un avance para corregir el centralismo histórico del país. Sin embargo, advirtió que su éxito dependerá de que la Ley Orgánica de Competencias, que deberá tramitar el Congreso, defina de manera adecuada y armónica las funciones que dejará de ejecutar la Nación y que asumirán los departamentos, distritos y municipios con los nuevos recursos que se les transferirán.
Durante el lanzamiento de la edición 376 de la revista Economía Colombiana en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Rodríguez Becerra recordó que el nivel de concentración en Colombia es evidente: Bogotá recauda el 40 % del impuesto predial y aporta el 26 % del PIB nacional, mientras que el 81 % del producto industrial se concentra en la región central, dejando apenas el 19 % para las regiones periféricas.
Como consecuencia, persisten profundas desigualdades sociales. Según cifras del DANE, en 2022 al menos 106 municipios presentaban un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) superior al 75 %, todos en zonas periféricas del país, y en algunos casos con niveles superiores al 90 %.
Brechas por $355 billones en sectores clave
El contralor resaltó que la reforma al SGP busca reducir brechas en sectores prioritarios como salud, acueductos y educación, que hoy se estiman en $122 billones, $123 billones y $110 billones respectivamente. “La aprobación del Acto Legislativo 03 de 2024 es la más profunda reforma a las relaciones presupuestales entre el gobierno central y los territorios desde la Constitución de 1991”, señaló.
En ese sentido, llamó al Gobierno Nacional a garantizar una articulación efectiva con gobernadores y alcaldes, más allá de diferencias políticas: “Cuando hay una ruptura en esa debida articulación, la región termina siendo la gran perjudicada”.
Riesgos y tensiones normativas
Rodríguez Becerra alertó sobre posibles conflictos futuros en la administración de los recursos, citando como ejemplo la reforma a la salud, que otorga a la ADRES la gestión de dineros del SGP en este sector, pese a que dichos fondos pertenecen a las entidades territoriales. “La pregunta es cómo se conciliará esta centralización con el fortalecimiento de la autonomía territorial que promueve la reforma constitucional del SGP”, subrayó.
Frente a las críticas sobre un posible impacto fiscal por el aumento de transferencias, el contralor insistió en que no se trata de un gasto adicional, sino de trasladar recursos desde el nivel central a los entes territoriales de acuerdo con sus competencias.
En uno de los artículos de Economía Colombiana, la Contraloría advierte que el incremento de transferencias “promete corregir viejas desigualdades, pero si no se acompaña de controles, reglas claras y capacidad institucional, el remedio podría agravar el problema”.
Una encrucijada histórica
Finalmente, Rodríguez Becerra aseguró que el país enfrenta una decisión trascendental: “Colombia está ante una encrucijada histórica: persistir en un modelo de concentración que reproduce desigualdades o construir, con decisión y coraje institucional, un nuevo pacto territorial basado en justicia fiscal, autonomía local y responsabilidad compartida”.