Un total de 12 comunidades campesinas e indígenas en el municipio de Bojayá, Chocó, enfrentan un confinamiento prolongado debido a la presencia de minas antipersonal, amenazas a líderes sociales, control territorial de grupos armados y reclutamiento de menores.
Estas comunidades, que suman aproximadamente 3347 personas, se encuentran atrapadas en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo.
La Defensoría del Pueblo, junto con la Personería Municipal, la Alcaldía de Bojayá y la Diócesis de Quibdó, realizó una misión de verificación en la zona y confirmó la gravedad de la situación. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que la mayoría de las personas afectadas pertenecen al pueblo Embera. Las comunidades afectadas incluyen Río Uva, Nuevo Olivo, Villa Alta, Tawua, Salinas, Charco Gallo, Alto Río Bojayá, Chanú, Unión Chocó, Usaraga, Playa Blanca y Mojaudó.
Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia han incrementado su control territorial y social en la región, afectando gravemente a la población local. El Defensor del Pueblo destacó que estas actividades han sido alertadas previamente en la Alerta Temprana 016 de 2021. Los grupos armados han impuesto retenes ilegales, extorsionando a los habitantes y despojándolos de sus pertenencias, incluso cuando buscan ayuda humanitaria o recursos de indemnización.
Las mujeres de estas comunidades han reportado abusos graves, siendo requisadas y despojadas de sus pertenencias íntimas. Algunas han expresado deseos de suicidarse debido a la degradación y la violencia a la que están sometidas. Camargo Assis hizo un llamado urgente a la institucionalidad y a los cuerpos de seguridad del Estado para que actúen en defensa de la dignidad humana, un derecho protegido por la Constitución.
Los productores de plátano en Bojayá también enfrentan restricciones severas. Las AGC impiden que los recursos obtenidos del comercio de plátano ingresen a las comunidades, acusando a los productores de destinar los fondos a otros grupos armados ilegales. Este bloqueo afecta directamente la economía local y agrava la situación humanitaria.
La Defensoría del Pueblo ha formulado varias recomendaciones urgentes para abordar esta crisis. Entre ellas se incluye la disposición de un equipo humano para realizar brigadas de salud integral y atención psicosocial en el territorio, con el objetivo de identificar y prevenir posibles casos de suicidio. Además, se ha solicitado a las secretarías de salud municipales y departamentales que ejerzan un mayor control sobre las EPS e IPS, debido a la insuficiencia de los servicios prestados.
Asimismo, se recomienda continuar con las labores de desminado en las áreas identificadas por la fuerza pública y aumentar la presencia de fuerzas de seguridad para alejar a las estructuras armadas de las comunidades confinadas. La Defensoría también subraya la necesidad de apoyar a la administración de Bojayá, que actualmente no cuenta con las capacidades presupuestales necesarias para una respuesta inmediata y adecuada.
La situación en Bojayá requiere una intervención urgente y coordinada para garantizar la protección de los derechos humanos y mejorar las condiciones de vida de las comunidades afectadas.