Bogotá, 14 de agosto de 2025 — El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia, Bogotá, podría tener un cambio. La Fiscalía General de la Nación ha anunciado que pedirá declarar este magnicidio como un crimen de lesa humanidad, una figura jurídica que impediría que el caso prescriba y abriría la puerta a una investigación más amplia y profunda sobre los autores intelectuales del hecho.
imprescriptibilidad del crimen
Durante una reciente audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía modificó el expediente judicial, elevando la gravedad del delito: de tentativa de homicidio a homicidio agravado consumado, tras el fallecimiento de Uribe en una clínica días después del ataque. Además, informó que buscará que el caso sea reconocido como un delito de lesa humanidad, en concordancia con la solicitud hecha por Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, quien durante el sepelio exigió justicia y verdad plena.
«No es casualidad que este ataque terrorista, un magnicidio que se constituye como un delito de lesa humanidad, haya ocurrido justo cuando Miguel estaba levantando su bandera de lucha: una Colombia que vuelva a tener seguridad», señaló Uribe Londoño.
El abogado del senador fallecido también argumenta que el crimen no puede tratarse como un hecho aislado o común, dado su impacto político, la presunta participación de estructuras organizadas y los móviles de alto contenido ideológico detrás del atentado.
¿Qué implica que sea declarado crimen de lesa humanidad?
El reconocimiento de un crimen como de lesa humanidad, según el Derecho Internacional y la legislación colombiana, implica que no puede prescribir, independientemente del tiempo transcurrido, y que las investigaciones deben enfocarse también en los determinadores, es decir, quienes ordenaron, financiaron o planearon el hecho, más allá de los autores materiales.
La Corte Constitucional ha reiterado que esta variación en los cargos puede realizarse hasta la audiencia de formulación de acusación, siempre que se respete el derecho a la defensa y el principio de congruencia. Esto permitiría robustecer la acusación en esta etapa del proceso, antes de entrar a juicio.
Los avances judiciales: ¿quiénes son los imputados?
Hasta el momento, cinco personas han sido formalmente vinculadas al proceso:
- Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi – señalado de coordinar la logística, armar al joven sicario y contactar a los demás implicados.
- Cristian Camilo González Ardila – habría facilitado la fuga del menor luego del ataque.
- Katherine Andrea Martínez Martínez – trasladó el arma utilizada y participó en reuniones previas al crimen.
- William Fernando González Cruz, alias El Hermano – habría participado en la planeación, reconocimiento del terreno y facilitado elementos logísticos como celulares.
- Carlos Eduardo Mora González, alias El Veneco – su audiencia fue aplazada debido al cambio de abogado, pero se espera que en los próximos días también se le impute el delito de homicidio agravado.
Adicionalmente, se han imputado delitos como concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos, porte ilegal de armas, y ocultamiento de elementos materiales probatorios.
Todos los imputados se encuentran privados de la libertad mientras avanzan las audiencias de acusación y se prepara el juicio.
El menor de edad: actor clave pero con tratamiento jurídico distinto
El autor material del crimen, un joven de 15 años, fue quien disparó contra Miguel Uribe causándole la muerte. Sin embargo, el proceso penal en su contra ha seguido un curso separado, debido a su edad.
El menor ya aceptó cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), el cual no permite modificar la calificación jurídica después de la acusación, ni permite una pena superior a ocho años de internamiento en un centro especializado.
En este caso no podría imputarse el nuevo delito de homicidio agravado al menor, sí tendrá en cuenta su rol determinante en el hecho. La lectura de sanción está programada para el 27 de agosto, y en ella también se decidirá sobre una solicitud de protección, ya que el joven ha colaborado con la Fiscalía revelando detalles de la planificación del crimen y mencionando nombres clave como Elder José Arteaga.
El penalista Juan Felipe Criollo explicó que esta situación era previsible: “El joven aceptó cargos temprano en el proceso, y el nuevo delito no afecta la pena máxima permitida por el SRPA”.
¿Quién está detrás? La pista de alias “Zarco” y la Segunda Marquetalia
Uno de los principales cabos sueltos en la investigación es la presunta participación de grupos armados organizados. Informes de inteligencia de la Policía apuntan a que el crimen pudo haber sido ordenado por la Segunda Marquetalia, un grupo disidente de las antiguas FARC, cuya autoría intelectual recaería en José Aldinever Sierra, alias Zarco Aldinever, jefe militar de esa estructura.
Este hombre habría muerto recientemente en una emboscada del ELN en la frontera con Venezuela, lo cual podría complicar aún más la judicialización de los autores intelectuales.
El abogado Mosquera, representante de la familia Uribe, confirmó que ha recibido apoyo de organismos internacionales como la OEA y la CIDH, y expresó su preocupación por la necesidad de extender la investigación para alcanzar a los “autores detrás del telón”.
«Faltan por capturar a los determinadores. Se debe desarrollar esa línea, que dio a conocer el ministro de Defensa, sobre la participación de alias El Zarco», declaró Mosquera.
Lo que viene: ¿una nueva doctrina penal?
La posibilidad de declarar este crimen como de lesa humanidad podría convertirse en un precedente histórico en Colombia, no solo por tratarse del asesinato de un senador y presidenciable, sino por la forma en que se teje la relación entre estructuras ilegales, menores instrumentalizados y móviles políticos.
El país espera ahora dos definiciones clave:
- La audiencia de sanción del joven sicario el 27 de agosto.
- La decisión formal de la Fiscalía para solicitar que el caso sea tratado como crimen de lesa humanidad.
Esto no solo garantizaría que el caso no prescriba, sino que reforzaría la búsqueda de la verdad total, incluida la participación de agentes estatales o redes criminales organizadas en el crimen.
Por ahora, la justicia sigue su curso. Pero Colombia mira con atención cómo se esclarece uno de los crímenes más graves y simbólicos de los últimos tiempos.