Bogotá. Este viernes, la Fiscalía General de la Nación solicitó ante la Corte Suprema de Justicia la preclusión parcial del proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco del llamado “caso Hacker”, relacionado con presuntas interceptaciones ilegales a los negociadores del proceso de paz con las Farc.
La audiencia, que ha sido aplazada en múltiples ocasiones, se reanudó este 2 de mayo en el despacho de una fiscal delegada ante la Corte. En esta diligencia, el ente acusador pidió la preclusión de uno de los cuatro delitos imputados, concretamente el de concierto para delinquir, al considerar que el cargo ha prescrito tras casi una década de indagaciones.
La investigación se remonta a 2014, cuando se destapó el escándalo por la existencia de una oficina clandestina de inteligencia militar conocida como “Andrómeda”. Desde allí, se habrían interceptado de forma ilegal las comunicaciones de miembros del equipo negociador del Gobierno colombiano y delegados de la entonces guerrilla de las Farc, en el contexto de las conversaciones de paz en La Habana. Entre los afectados figuran Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, figuras claves en el proceso.
En la audiencia el expresidente Álvaro Uribe intervino y expresó que renunciaba al término de prescripción y que de ser aceptada por la juez esta dispuesto a que se siga investigando.
Vea en Focus Noticias la audiencia y el análisis con destacados abogados penalistas:
Uno de los protagonistas del escándalo fue Andrés Sepúlveda, un hacker condenado a 10 años de prisión por delitos de espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. Sepúlveda declaró haber actuado con el objetivo de sabotear el proceso de paz y favorecer la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en 2014, respaldado —según él— por sectores del uribismo.
A pesar de las sospechas que inicialmente apuntaban hacia altos funcionarios del Centro Democrático, las investigaciones no lograron establecer conexiones sólidas. Incluso figuras como Óscar Iván Zuluaga, su hijo David Zuluaga, y el asesor espiritual de la campaña de 2014, fueron exonerados.
Este expediente penal ha sido tramitado bajo la Ley 906 de 2004, dado que Álvaro Uribe no contaba con fuero constitucional al momento de los hechos. Tras más de nueve años de proceso, la Fiscalía considera que el delito de concierto para delinquir ha prescrito desde el pasado mayo de 2023, y por tanto debe ser precluido.
Respecto al delito de espionaje se dio orden de archivo por atipicidad.
Inicialmente también era investigado por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales y uso de software malicioso están en la modalidad agravada por lo tanto seguirán siendo objeto de indagación.
El delito de concierto para delinquir tiene una pena de 48- 108 meses de prisión lo que significa que los términos de prescripción en la fase de indagación corresponden al máximo de 108 meses, los hechos habrían ocurrido entre enero y mayo de 2014, por lo que la prescripción del delito se dió en mayo de 2023: Fiscalía
No obstante, la investigación por los otros tres delitos en este proceso continúa abierta, mientras el país sigue atento a la evolución de uno de los capítulos judiciales más controversiales en la historia reciente del expresidente y líder del partido Centro Democrático.
La audiencia fue suspendida hasta las 11 de la mañana.
¿Qué es la prescripción?
En derecho penal, la prescripción se refiere a la pérdida del derecho del Estado a perseguir y sancionar un delito debido al paso del tiempo. Es decir, si no se inicia el proceso penal dentro de un plazo determinado, el delito prescribe y no se puede perseguir o seguir investigando.
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Extinción de la acción penal:La prescripción es una causa de extinción de la acción penal, lo que significa que el Estado pierde la facultad de investigar, acusar y juzgar un delito.
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Pérdida del derecho a sancionar:
La prescripción impide que el Estado pueda sancionar a un individuo por la comisión de un delito.
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Plazo de prescripción:
La prescripción se basa en un plazo determinado por la ley, que varía según la gravedad del delito y la pena máxima que se pueda imponer.
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Inicio del plazo:
El plazo de prescripción suele comenzar a correr desde el momento en que se comete el delito, pero en algunos casos puede empezar cuando se conoce la autoría del hecho.
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Interrupción del plazo:La prescripción puede ser interrumpida por la iniciación del proceso penal contra el presunto autor del delito, lo que hace que el plazo empiece a correr nuevamente, según la Corte Suprema de Justicia.
