El ELN, las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez ¿Están asustados? Estos grupos armados que operan independientemente, plantean ahora una alianza. No hablaron esta semana por convicción ideológica. Hablaron por miedo. Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el inicio de una transición política en Venezuela, los principales grupos armados colombianos reaccionaron casi al unísono, dejando al descubierto su mayor temor: perder el control de la frontera y, con ella, el andamiaje criminal que durante años les permitió mover cocaína, armas y dinero con total impunidad.
En la noche del 8 de enero, reapareció alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, en un video difundido en redes sociales, convocando a una “cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América” y llamó a la unidad armada contra Estados Unidos, tras la operación militar que culminó con la captura de Maduro en Caracas. Mordisco calificó el hecho como una “agresión imperialista” y sostuvo que los grupos armados son herederos de Simón Bolívar y defensores de la “patria grande”.
Horas después, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) compartió un comunicado público llamando a la “resistencia” por la situación venezolana. ¿Sorprende acaso que grupos colombianos insurgentes se alineen con el discurso del narco régimen? Claro que no.
La Segunda Marquetalia, estructura liderada por Iván Márquez y conformada por excomandantes de las Farc que traicionaron el Acuerdo de Paz de 2016, y que son responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, también aparecieron en el radar de las autoridades como parte de ese bloque que busca reagruparse ante el nuevo escenario regional. No fue una coincidencia: fue una reacción coordinada. A partir de ahí, el discurso se volvió grandilocuente, pero la realidad es mucho más pedestre. Lo que Iván Mordisco propuso no fue una alianza política, sino una alianza criminal. ELN, disidencias y Segunda Marquetalia no se unen para enfrentar una invasión inexistente, sino para proteger sus economías ilegales.
Venezuela, durante años, fue su retaguardia estratégica. La caída de Maduro, a manos de Donald Trump, amenaza con desmontar ese santuario.
Organizaciones como Human Rights Watch, centros de investigación del conflicto y agencias internacionales han documentado que el ELN opera en territorio venezolano con conocimiento de las autoridades del régimen. Tres frentes de guerra se despliegan a lo largo de los más de 2.200 kilómetros de frontera colombo-venezolana, una línea extensa, despoblada y altamente porosa. Allí se consolidaron corredores para el narcotráfico, pistas clandestinas y refugios para cabecillas guerrilleros que encontraron en el régimen de Nicolás Maduro una protección política y militar.
La gravedad de esa relación quedó en evidencia con el indictment del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hecho público el 3 de enero de 2026. En ese documento se señala directamente a Diosdado Cabello, entonces ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, como un actor clave en la coordinación del tránsito de cocaína a través de la frontera con Colombia, en contacto con estructuras del ELN. Según la acusación, Cabello habría visitado corredores estratégicos usados para el envío de droga, verificando rutas y pistas clandestinas. No era retórica: era logística criminal del más alto nivel.
Por eso el pánico. La frontera es el corazón para estos grupos; perder el control territorial significa perder miles de millones de dólares. El Catatumbo es el ejemplo más crudo. Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de Naciones Unidas, allí se concentran 43.867 hectáreas de coca, el 17,3 % del total nacional. De ellas, 28.000 están en esa región, que ocupa buena parte de Norte de Santander y una franja del sur del Cesar. Ameripol clasifica al Catatumbo como uno de los cuatro enclaves que concentran el 96,7 % de los cultivos de coca del país.
Durante años, el ELN y el frente 33 de las disidencias se repartieron ese territorio bajo un “acuerdo de coexistencia armada”, como documentó Human Rights Watch. Ese pacto se rompió a comienzos de 2025 y dio paso a una guerra abierta que hoy deja desplazamientos masivos, confinamientos, secuestros y una crisis humanitaria que el gobierno Petro no ha logrado contener, pese al despliegue de cerca de 30.000 soldados en la frontera.
Tras la captura de Maduro, fuentes militares colombianas confirmaron cómo varios cabecillas armados que operaban desde Venezuela intentaron regresar al país. Se emitieron alertas por posibles atentados y se reforzó la presencia militar en zonas clave. Sin la protección y el control del régimen dictatorial, los jefes guerrilleros quedaron expuestos, obligados a reagruparse y a lanzar discursos altisonantes para ocultar su debilidad.
Por eso, esta alianza criminal no debe confundirse con una causa política. No lo es. El ELN, las disidencias y la Segunda Marquetalia no representan luchas sociales ni proyectos revolucionarios. Son narcos con ejércitos armados, que amenazan la soberanía de Colombia, responsables de una guerra que sigue desangrando regiones enteras como el Catatumbo. Son terroristas, no grupos ideológicos.
Si algo revela esta reacción coordinada tras la caída de Maduro es que, por primera vez en años, estos grupos sienten que su mayor fortaleza —la frontera y su santuario— está en riesgo. Y no es gracias a Gustavo Petro ni su paz total, es gracias a la acción militar de Donald Trump.