El Catatumbo, una región del noreste colombiano, continúa viviendo una crisis humanitaria que parece no tener fin. La violencia desatada por el enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha dejado a 77.000 personas afectadas, según el más reciente informe de la Oficina de Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios (OCHA). Este conflicto, que comenzó el 16 de enero, ha desplazado a miles, especialmente a menores de edad, y ha provocado una profunda incertidumbre entre la población.
El Toque de Queda en Tibú: Una Medida Ante la Violencia
En la localidad de Tibú, el toque de queda sigue en vigor desde hace más de 20 días, una medida decretada por el alcalde, Richard Claros, como respuesta a la creciente violencia y falta de garantías para la seguridad de los habitantes. Las calles de Tibú, entre las 7:00 y 8:00 de la noche, parecen desoladas, como si se tratara de un pueblo fantasma. Nadie se atreve a salir, y las puertas de las casas permanecen cerradas. El miedo es palpable.
El alcalde, quien ha repetido en múltiples ocasiones la necesidad de una «presencia institucional» en lugar de la militarización, señala que la situación actual es insostenible. «El Gobierno nacional debe tomar acciones más decididas», expresó Claros, refiriéndose a la necesidad de un plan integral de seguridad que no solo se enfoque en la fuerza militar, sino en el fortalecimiento de la infraestructura estatal.
El toque de queda opera desde las 8:00 PM hasta las 5:59 AM todos los días, se prohibe la venta de bebidas embriagantes en los establecimientos comerciales, así como el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, prohiben el porte de armas y se declaró la restricción de la movilidad, el “TOQUE DE QUEDA” en todo el territorio del municipio de Tibú, Norte de Santander.
Un Llamado al Gobierno Naciona
Nelson Leal, exalcalde de Tibú, quien también vivió la violencia en su mandato, ha criticado fuertemente la falta de presencia del Estado en la región. Leal, quien tuvo que gobernar desde el exilio tras amenazas de muerte, enfatiza la inexistencia de una Fiscalía local desde el asesinato de la fiscal en 2021. «El Estado no es competente para proteger a la ciudadanía. Los grupos armados han tomado el control del territorio», expresó Leal, destacando la necesidad urgente de justicia y orden en un territorio gobernado por la violencia.
El Drama de los Niños y Jóvenes: Un Clamor de Unicef
Uno de los grupos más vulnerables en este conflicto son los menores de edad. Según Unicef Colombia, de las 77.000 personas afectadas, 46.500 son niños y adolescentes. Olga Lucía Zuluaga, coordinadora de Emergencias de Unicef, subrayó que la situación de estos jóvenes requiere la atención de todos los sectores del país. «Es fundamental asignar recursos para programas de protección, educación y apoyo psicosocial para los adolescentes atrapados en medio de esta crisis», afirmó Zuluaga.
Desplazamientos Masivos y Ayuda Humanitaria
De acuerdo con Naciones Unidas, más de 51.000 personas han sido desplazadas en lo que va del conflicto. Además, más de 20.000 se encuentran en riesgo inminente de confinamiento, mientras que más de 5.000 no pueden salir de sus hogares debido a la violencia. La falta de garantías para la seguridad de los habitantes de Tibú y otras zonas afectadas por los combates sigue siendo un desafío para las autoridades.
En respuesta, la Unidad para las Víctimas ha intensificado su labor de asistencia humanitaria, distribuyendo más de 360 toneladas de alimentos y suministros esenciales en la región, aunque persisten las dificultades logísticas. En este sentido, la entidad ha hecho un llamado al Ministerio Público para agilizar los procesos de entrega de ayudas y el registro de víctimas, una tarea que se ve entorpecida por la falta de infraestructura y personal en las zonas afectadas.
La situación en el Catatumbo es un reflejo de la persistente violencia que aqueja a varias regiones del país, donde los grupos armados ilegales siguen sembrando el terror y el desplazamiento forzado. Mientras las autoridades locales y nacionales luchan por mantener el orden, la población sigue atrapada en una realidad cada vez más difícil de soportar. La necesidad de una respuesta integral que combine la presencia estatal, la asistencia humanitaria y el desmantelamiento de los grupos armados es urgente.
