Bogotá DC., 1 de septiembre de 2025
La Contraloría General de la República, advirtió que la atención integral a la primera infancia indígena, especialmente de pueblos en riesgo de extinción, no está siendo eficaz ni pertinente. Así lo detalla el estudio intersectorial “Evaluación de la Atención Integral a la Primera Infancia Indígena en los Pueblos Declarados en Riesgo de Extinción Física y Cultural”, realizado por la Contraloría Delegada para Población Focalizada.
- La cobertura en programas de primera infancia para niños y niñas indígenas pertenecientes a pueblos declarados en riesgo de extinción aumentó en el 2024 respecto al 2023, pero disminuyeron los porcentajes de atención en 8 de 10 servicios de la ruta de atención integral.
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) quien concentra más del 80% de la oferta, redujo su inversión en la modalidad propia e intercultural en un 31% entre 2023 y 2024, a pesar de expandir la cobertura a más municipios.
- 419 municipios con presencia de niños y niñas indígenas no cuentan con modalidades propias de atención
- La cobertura de la atención integral a madres gestantes indígenas es deficiente, lo que se ve reflejado en el aumento de casos de mortalidad materna.
Más niños atendidos, pero con menos integralidad.
El número de niños y niñas indígenas atendidos por programas de primera infancia aumentó en el 2024 respecto de 2023, pasando de 198.673 a 218.036 – de los cuales 162.187 pertenecen a pueblos en riesgo. Sin embargo, los porcentajes de cobertura de la Ruta de Atención Integral “RIA” disminuyeron en 8 de 10 servicios que la componen, dentro de los que se resaltan los siguientes:
- Menos del 50% recibió valoración integral en salud.
- Solo el 38% recibió valoración nutricional.
- Apenas el 29% tuvo formación familiar.
- Menos del 1% accedió a actividades recreativas.
Cobertura sin recursos suficientes
El ICBF, que concentra más del 80% de la oferta, redujo la inversión en su modalidad propia e intercultural en pueblos indígenas. Pasó de $367.283 millones en 2023 a $252.768 millones en 2024, una caída del 31%, pese a que amplió cobertura a 19 municipios adicionales. Solo 145 de los 607 municipios con pueblos en riesgo recibieron inversión.
Aún nueve de los 41 pueblos indígenas en riesgo no acceden a esta modalidad, y más de 100 municipios con alta población infantil indígena siguen sin atención.
Focalización pertinente pero insuficiente y datos desactualizados
Aunque la modalidad propia del ICBF opera en zonas con altas Necesidades Básicas Insatisfechas, 419 municipios con alta población indígena y NBI superior al promedio nacional no cuentan con esta atención. Departamentos como Quindío, Atlántico, Norte de Santander y Santander no tienen cobertura con esta modalidad.
La atención a madres indígenas gestantes también es deficiente. Del total de madres registradas en la RIA, solo el 23% recibió control prenatal y el 29% recibió aporte nutricional. Asimismo, el control prenatal es deficiente en los municipios que registran casos de mortalidad materna indígena (48% en 2023 y 72% en 2024), lo que coincide con el aumento de la mortalidad materna indígena en 2024.
Aunque hubo una reducción del 47% en muertes por desnutrición aguda en menores de 5 años indígenas, municipios como Uribia, Maicao, Riohacha, Cumaribo y Pueblo Rico siguen con cifras críticas. La falta de datos actualizados sobre la población de 0 a 5 años indígenas impide una planificación y focalización adecuadas.
Falta de articulación institucional y seguimiento
Modelos propios concertados como los del CRIC y AISO no se están reportando en el Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral, lo que impide evaluar su impacto. Esto representa una oportunidad de mejora en la implementación del Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP), reglamentado por el Decreto 481 de 2025.
«Casos como el de Pueblo Rico (Risaralda), en seguimiento a la Sentencia T-187 de 2018, muestran que persisten fallas en el seguimiento, continuidad de la atención y articulación entre niveles institucionales para superar las vulneraciones estructurales de la niñez indígena, a pesar de recursos asignados» Contraloría General
