Bogotá, 29 de agosto de 2025 — En una decisión judicial el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó al presidente de la República, Gustavo Petro, retractarse públicamente de varias afirmaciones realizadas en contra del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, quien lideró investigaciones de alto perfil como el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y el proceso penal contra Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado.
La decisión se dio en el marco de una acción de tutela presentada por el fiscal Burgos Patiño, adscrito ahora a la Unidad de Delitos Ambientales, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la honra, el buen nombre, la integridad personal y el derecho a la rectificación.
Los señalamientos del presidente
De acuerdo con los documentos del proceso, el presidente Petro había hecho declaraciones públicas, tanto en redes sociales como en intervenciones oficiales, en las que tildaba al fiscal Burgos de ser «subordinado de la mafia», «narcofiscal» e integrante de la supuesta «junta del narcotráfico«. Estas afirmaciones se emitieron entre febrero y agosto de 2025 en distintos espacios: la red social X (antes Twitter), entrevistas con medios de comunicación y una reunión televisada del Consejo de Ministros.
En una de las declaraciones, del 4 de febrero, Petro afirmó que el fiscal Burgos “sacó de la investigación del homicidio del fiscal Marcelo Pecci al sindicado Sebastián Marset” y que “pertenecía a una banda del narcotráfico”. En otras intervenciones, el mandatario sostuvo que el fiscal violó la Constitución y cometió “tortura psicológica” contra su hijo Nicolás Petro durante el proceso penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Los argumentos del fiscal Burgos
El fiscal Burgos, alegó que dichas afirmaciones son “falsas y deshonrosas”, y que no tienen sustento en ninguna decisión judicial ni en investigación penal alguna que lo vincule con organizaciones criminales. Por el contrario, destacó que su gestión al frente de los casos citados ha producido resultados judiciales concretos, como sentencias condenatorias contra los autores del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y avances procesales sustanciales en el caso de Nicolás Petro.
El accionante también advirtió que las acusaciones del presidente no solo vulneran su honra, sino que también ponen en riesgo su vida.
Consideraciones del juzgado
Tras realizar un análisis de los hechos, el Juzgado 54 concluyó que las expresiones del presidente Gustavo Petro superaron los límites constitucionales de la libertad de expresión, especialmente al tratarse de afirmaciones fácticas no verificadas, emitidas desde su investidura como jefe de Estado.
La sentencia afirma que las declaraciones del presidente “representan un riesgo de causar daño sin que existan sentencias judiciales que condenen al Fiscal MARIO ANDRÉS BURGOS PATIÑO”, lo cual configura una vulneración directa de sus derechos fundamentales. Además, el juzgado resaltó que las expresiones del mandatario desconocen el principio de presunción de inocencia.
En ese sentido, el despacho judicial determinó que “procede la retractación o rectificación de la información”, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional, la cual ha reiterado que este tipo de correcciones deben realizarse “a través del mismo medio en el que se realizaron las declaraciones erróneas”.
Órdenes judiciales a la Presidencia
El juez resolvió:
- Conceder el amparo de los derechos fundamentales del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño a la honra, buen nombre, dignidad humana e integridad personal.
- Ordenar al presidente Gustavo Petro que, en un plazo de 48 horas, se retracte públicamente de las afirmaciones realizadas contra el fiscal Burgos, en los siguientes términos:a) En una Reunión Televisada del Consejo de Ministros, deberá retractarse de las declaraciones del 4 de febrero de 2025, en las que afirmó que el fiscal Burgos retiró de la investigación del caso Pecci a Sebastián Marset y que pertenecía a una banda del narcotráfico.b) En su cuenta personal de X (antes Twitter), deberá retractarse de los mensajes publicados el 13 de febrero, 3 de junio, 23 de julio, 1 y 4 de agosto de 2025, en los cuales vinculó al fiscal con la mafia y con actos de tortura.Las rectificaciones deberán indicar expresamente que las afirmaciones realizadas “no le constan directamente, ni existe pronunciamiento judicial y/o investigación formal que establezca” vínculo alguno del fiscal Burgos con el narcotráfico o con grupos de delincuencia organizada.
- Eliminar de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República y de su cuenta personal en X las publicaciones que contienen los señalamientos.
- Abstenerse de continuar realizando manifestaciones deshonrosas contra el fiscal Burgos.
El fallo puede ser impugnado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro de los tres días siguientes a su notificación.
El fiscal Burgos ha sido una figura clave en varios procesos judiciales de alto impacto, y su asignación al caso Petro Burgos ocurrió durante la administración del exfiscal general Francisco Barbosa.