El caso judicial que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez sigue siendo uno de los más trascendentales en la historia judicial de Colombia. Por primera vez en el país, un expresidente se enfrenta a un juicio penal, y las decisiones que se tomen en los próximos días podrían definir el futuro del proceso judicial.
El 6 de febrero estaba señalado como la fecha para el reinicio del juicio, que aborda los cargos de fraude procesal y soborno a testigos, en medio de una creciente atención pública y política. Sin embargo, el abogado defensor Jaime Granados ha solicitado un aplazamiento, argumentando que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de aceptar las interceptaciones telefónicas como prueba en el juicio aún no ha sido suficientemente analizada ya que fue entregada hace dos días. El conjunto de pruebas que incluye las conversaciones entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena, quien según el tribunal no tenía una designación formal como defensor del expresidente, ha sido un punto clave de controversia. La defensa considera que la decisión es demasiado extensa para ser evaluados adecuadamente en tan corto tiempo, lo que justifica su solicitud de aplazar el juicio.
Granados, además, expone que su representado se encuentra bajo un riesgo de seguridad debido a su pasado en la política, lo que, según él, afecta la logística del juicio y complica la preparación de una defensa adecuada. A esto se suma que, por razones similares, él mismo se encuentra radicado fuera del país. La solicitud de aplazamiento está planteada para que el juicio no se reinicie antes del 17 de febrero de 2025, de modo que se disponga de más tiempo para preparar los argumentos de defensa.
Por otro lado, la Fiscalía, a través de la fiscal delegada Marlen Orjuela, y los representantes de víctimas han pedido en audiencias anteriores que el proceso avance con rapidez para evitar la prescripción de los cargos. Desde que el caso fue transferido de la Corte Suprema a la Fiscalía, este proceso ha estado marcado por una serie de complicaciones, incluidas dos solicitudes de preclusión que fueron negadas. La Fiscalía no ha escatimado esfuerzos para que el juicio continúe sin dilaciones que puedan poner en peligro la validez del caso.
La juez Sandra Liliana Heredia, encargada del caso, deberá tomar una decisión pronto, posiblemente hoy mismo, sobre si concede o no el aplazamiento solicitado por la defensa. Mientras tanto, las partes involucradas siguen de cerca los plazos establecidos por la ley y los riesgos asociados con la posible prescripción del caso.
El juicio al expresidente Uribe no solo es una batalla judicial, sino también un testimonio de las tensiones políticas que caracterizan a Colombia l. La resolución de este juicio podría marcar un antes y un después en la historia judicial del país, tanto por la relevancia del acusado como por las complejidades legales y políticas que lo rodean.