Por Focus Noticias – Redacción Judicial
Bogotá, 10 de octubre de 2025.
El Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó la libertad condicional que había sido otorgada al contratista Emilio Tapia Aldana, uno de los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en el país, y ordenó su captura inmediata. La decisión anula el beneficio concedido el pasado 11 de abril por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, que le había permitido continuar pagando su condena fuera de prisión.
La determinación judicial se produjo tras resolver una apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación, la cual consideró que Tapia no cumplía con los requisitos para acceder al beneficio de libertad condicional, argumentando que su comportamiento, antecedentes y la gravedad de los delitos cometidos no demostraban una verdadera resocialización.
Los antecedentes del contratista
Emilio Tapia, natural de Sincelejo (Sucre), se ha convertido en uno de los nombres más recordados en los procesos judiciales por corrupción en Colombia. Fue condenado en 2016 y 2017 por su papel en el llamado “carrusel de la contratación” de Bogotá, un entramado de sobornos y direccionamiento de contratos públicos durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno Rojas.
Las condenas, que al acumularse sumaron 12 años y un mes de prisión, se basaron en los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
El contratista permanecía recluido en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, donde según los reportes penitenciarios mantuvo buen comportamiento y cumplió parte de su pena y luego se le concedió el beneficio de libertad condicional. Sin embargo, el juez de segunda instancia en Bogotá determinó que ese factor no era suficiente para mantener su libertad condicional.
Los argumentos del juez
En un auto de 26 páginas, el juez de conocimiento de Bogotá señaló que la decisión del despacho de Barranquilla no valoró adecuadamente la gravedad de la conducta ni el impacto social y económico de los delitos cometidos por Tapia.
“La personalidad del sentenciado no es para nada satisfactoria. Cuando un individuo se confabula con otros para defraudar a la administración pública en perjuicio de la comunidad, antepone su interés particular al bienestar general”, indicó el fallo.
El juez también recordó que, aunque Tapia había cumplido más de las tres quintas partes de su condena —requisito para optar por la libertad condicional—, esa proporción de pena no constituye por sí sola un motivo suficiente para otorgar el beneficio.
La Corte Suprema de Justicia ha establecido que los jueces deben evaluar la conducta punible, la reparación del daño y la verdadera demostración de cambio en el comportamiento del condenado, aspectos que, según el tribunal bogotano, no se cumplieron en este caso.
La intervención de la Procuraduría
El Ministerio Público había solicitado desde abril la revocatoria de la libertad condicional, alegando que el contratista no había reparado completamente el daño causado al Estado ni demostrado un compromiso real con la restitución de los recursos públicos.
En su apelación, la Procuraduría pidió verificar si la Contraloría General o el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) habían iniciado un incidente de reparación.
“Tratándose de delitos contra la administración pública, es de obligatorio proceder revisar las medidas de reparación”, señaló el órgano de control en su recurso.
El caso Centros Poblados
El más reciente proceso penal de Emilio Tapia está vinculado al escándalo conocido como Centros Poblados, uno de los episodios más graves de corrupción durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
En 2020, el MinTIC adjudicó a una unión temporal encabezada por Tapia un contrato de 1 billón de pesos para llevar internet gratuito a escuelas rurales del país. La Fiscalía determinó que Tapia presentó una póliza bancaria falsa del Banco Itaú, con la que logró que el contrato fuera adjudicado y que se girara un anticipo de 70.000 millones de pesos, que luego fueron desviados.
Tras descubrirse el fraude, Tapia aceptó cargos por peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal. En su preacuerdo con la Fiscalía, se comprometió a devolver $5.000 millones, de los cuales ya habría consignado la mitad. El resto sería entregado mediante la cesión de bienes en Girardot (Cundinamarca) y en zonas rurales de Medellín.
El fallo y sus implicaciones
El juez de Bogotá fue enfático en señalar que Tapia no podía beneficiarse nuevamente con medidas de libertad cuando aún tiene procesos pendientes por hechos de corrupción similares y cuando el daño causado al erario nacional continúa sin reparación total.
“La conducta del señor Tapia afectó gravemente la transparencia de la administración distrital y nacional, y socavó ostensiblemente las finanzas públicas”, subrayó el despacho judicial.
La decisión, que no admite recursos, deja en firme la orden de reclusión inmediata de Tapia en una cárcel del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Por ahora, se espera que el contratista sea trasladado nuevamente a la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, donde permanecerá bajo custodia mientras cumple el tiempo restante de sus condenas.
¿Quién es Emilio Tapia?
- Origen: Sincelejo, Sucre.
- Profesión: Contratista de obras públicas.
- Condenas: Dos condenas acumuladas por corrupción (Carrusel de la contratación) y un proceso por el escándalo Centros Poblados.
- Delitos: Cohecho, interés indebido en contratos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad y fraude procesal.
- Reclusión: Penitenciaría El Bosque de Barranquilla.
Con esta decisión, la justicia colombiana cierra la puerta a la posibilidad de libertad condicional para uno de los contratistas más cuestionados de la última década. Emilio Tapia, símbolo de los grandes desfalcos al Estado, deberá continuar cumpliendo sus penas en prisión mientras avanza el proceso judicial que aún enfrenta por el caso Centros Poblados.
La orden judicial enfatiza que la libertad no puede ser concedida como un simple trámite administrativo, sino como el resultado de una verdadera resocialización y reparación a la sociedad.