El intento de negociación entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y pieza clave en el escándalo de corrupción que sacude al actual gobierno.
El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado negó el preacuerdo firmado por ambas partes, al considerar que este vulneraba principios constitucionales y del debido proceso. Para el despacho, la pena pactada –una reducción a seis años y dos meses de prisión– resultaba “irrisoria” frente al saqueo de más de $25.500 millones de pesos al Estado.
Tres delitos, una red y muchas preguntas
La decisión del juez expuso con detalle las inconsistencias del acuerdo. De acuerdo con su análisis, existieron tres eventos delictivos diferenciados: un peculado por beneficio propio de $724 millones, uno agravado por $13.446 millones y otro por $12.065 millones en favor de terceros. Solo el primero fue reintegrado en su totalidad.
“La Fiscalía parte de una pena considerable para un monto inferior y luego propone un aumento casi simbólico para los peculados adicionales que suman más de $25.000 millones”, advirtió el juez , añadiendo que el pacto “desconoce flagrantemente el principio de proporcionalidad de las penas”.
Además, el juzgado fue enfático al recordar el impacto social del delito: “Se afectan poblaciones vulnerables, como indígenas, lo cual exige una respuesta penal más severa”, señaló.
En el marco del preacuerdo rechazado, Olmedo López confesó haber liderado, junto con su entonces subdirector Sneyder Pinilla, una red criminal dentro de la UNGRD, direccionando contratos públicos a cambio de sobornos. Su confesión involucró directamente a altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Entre los mencionados figuran los expresidentes del Congreso Iván Name Vásquez (Senado) y Andrés Calle Aguas(Cámara), así como la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y posteriormente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cargo que abandonó en julio de 2024 tras estallar el escándalo.
“Olmedo López ya reintegró la totalidad de lo apropiado, por un valor de $724 millones, y aceptó de forma valiente su responsabilidad frente al entramado de corrupción en la #UNGRD . Además, ha expresado su arrepentimiento y se ha comprometido a reparar a las víctimas
Implicaciones políticas y judiciales”: José Moreno abogado defensor
El proceso judicial aún está lejos de concluir. La Fiscalía ha solicitado una audiencia de imputación contra Carlos Ramón González, señalando que durante su paso por el DAPRE, entre abril de 2023 y febrero de 2024, se habrían materializado los pagos ilegales.
El caso también toca a otros ex funcionarios del Gobierno como César Augusto Manrique
La defensa de López apeló la decisión.