La Interpol retiró la circular roja que pesaba contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión en la práctica, deja sin efecto la búsqueda internacional que estaba activa en su contra.
La decisión fue adoptada por Interpol desde su sede en Lyon, Francia, y comunicada a Colombia el 2 de abril. El retiro de la circular roja significa que González ya no aparece con difusión internacional para captura en los países miembros del organismo, lo que le permitiría movilizarse fuera de Nicaragua, donde permanece desde noviembre de 2024 y donde recibió asilo político.
El motivo reportado para levantar la circular roja fue la existencia de “información restringida” en la solicitud inicial tramitada ante Interpol. La comisión del organismo concluyó que parte de la información asociada al requerimiento estaba clasificada para proteger los derechos y libertades del solicitante.
Aunque la medida elimina la búsqueda internacional, no borra el proceso penal en Colombia. Sobre González sigue pesando una medida de aseguramiento y continúa vinculado formalmente al expediente por el caso UNGRD. Además, la Corte Suprema había ratificado en febrero de 2026 la orden de captura internacional en su contra, dentro del proceso por presuntos hechos de corrupción en la UNGRD.
En medio de la controversia, la defensa del exfuncionario sostuvo que González no saldrá de Nicaragua pese al retiro de la circular. Su abogado, Iván Cancino, afirmó que su cliente quiere mantener su condición de asilado y señaló que, desde su punto de vista, en derecho internacional debe ser considerado asilado político y no prófugo. Esa postura contrasta con la calificación que mantienen medios y autoridades judiciales colombianas, que lo siguen presentando como requerido por la justicia nacional.
La Fiscalía, por su parte, lo tiene imputado por tres delitos: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos. En enero de 2026 fue radicado el escrito de acusación en su contra, con el que el ente investigador formalizó su paso a juicio.
La acusación de la Fiscalía sostiene que González habría tenido un papel determinante en la presunta entrega de sobornos a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, para favorecer iniciativas del Gobierno en el Legislativo. Según el expediente citado por varios medios, la tesis del ente acusador es que desde el Dapre se habrían impartido instrucciones para ofrecer contratos y después concretar la entrega de 4.000 millones de pesos en efectivo: 3.000 millones para Name y 1.000 millones para Calle.
La Fiscalía también sostiene que los recursos habrían salido del entramado de contratación de la UNGRD, particularmente del cuestionado contrato para el suministro de 40 carrotanques destinados al transporte de agua potable a comunidades indígenas de La Guajira. Ese caso fue uno de los primeros focos del escándalo y dio pie a que la investigación se ampliara hacia una presunta red de desvío de recursos y pago de favores políticos.
El retiro de la circular roja abre ahora una nueva discusión jurídica. Mientras la defensa sostiene que la decisión de Interpol no admite recursos ordinarios y solo podría revertirse con un “hecho nuevo”, la Fiscalía ya solicitó reactivar la búsqueda internacional. Esa pretensión estaría apoyada, precisamente, en la existencia del cargo de lavado de activos como un elemento adicional dentro del caso.
En términos prácticos, la novedad no implica una absolución ni el cierre del proceso. Lo que cambia es el alcance internacional de la orden de captura. En Colombia, González sigue siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia, y la investigación por el caso UNGRD continúa avanzando contra otros exfuncionarios, exdirectivos y congresistas señalados de integrar el presunto entramado.
Quién es Carlos Ramón González
Carlos Ramón González ha sido una de las figuras más cercanas al presidente Gustavo Petro dentro del Gobierno. En abril de 2023 fue nombrado director del Dapre, tras la salida de Mauricio Lizcano, y en febrero de 2024 pasó a dirigir la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Su paso por el Gobierno Petro incluyó, por tanto, dos de los cargos más sensibles del Ejecutivo: la dirección administrativa de la Presidencia y la jefatura del aparato civil de inteligencia. González fue representante a la Cámara y director del partido Alianza Verde.
González dejó la DNI en julio de 2024. La renuncia fue aceptada oficialmente luego de que comenzaran a escalar los señalamientos en su contra por el caso UNGRD. El decreto de agosto de 2024 que formalizó su salida dejó constancia de que había presentado la renuncia el 26 de julio de ese año.
Contexto de la investigación
El caso UNGRD comenzó con denuncias sobre sobrecostos, irregularidades contractuales y manejo discrecional de recursos en la entidad encargada de la gestión del riesgo. Con el avance de las pesquisas, la Fiscalía amplió su hipótesis y pasó de investigar anomalías administrativas a sostener que existió una estructura más amplia para desviar recursos públicos y convertirlos en mecanismo de intercambio político.
Dentro de esa hipótesis, Carlos Ramón González aparece como uno de los presuntos articuladores del esquema. La Fiscalía señala que conocía la ilegalidad de las conductas y que habría ordenado a otros funcionarios, entre ellos Olmedo López y Sandra Ortiz, adelantar acciones para conseguir recursos estatales y entregarlos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.
El expediente ha avanzado también contra otros nombres de alto perfil. En el curso de la investigación han sido mencionados o procesados exdirectivos de la UNGRD, exministros y congresistas, entre ellos Iván Name y Andrés Calle.