En un operativo liderado por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Servicio de Seguridad Diplomático de los Estados Unidos, las autoridades capturaron en Bogotá a Bibiana Díaz Méndez, una mujer de 60 años señalada de encabezar una red dedicada al tráfico de migrantes mediante la falsificación de documentos para la obtención de visas estadounidenses.
La captura se llevó a cabo en un registro y allanamiento en el que se incautaron tres computadores, dos celulares, documentos para trámites de visas y dos pasaportes colombianos. Según las autoridades, Díaz utilizaba su agencia de viajes para tramitar masivamente visas de estudiante (F1) y turismo, alterando formularios oficiales como los I-20 y DS-160. Por estos servicios, cobraba entre 460 y 1.380 dólares por persona, además de un cargo adicional de 130 dólares para adelantar citas en la Embajada de Estados Unidos.
De acuerdo con las investigaciones, la detenida ajustaba perfiles socioeconómicos y modificaba extractos bancarios para simular altos ingresos y estabilidad financiera de los solicitantes, engañando a los oficiales consulares encargados de aprobar las visas. También se descubrió que usaba el nombre de un instituto estadounidense para sustentar de manera fraudulenta los trámites.
Le puede interesar: Laura Valentina. Un nuevo caso de desaparición en Boyacá
La Embajada de los Estados Unidos anunció que revisará todos los procesos gestionados por la agencia de Díaz para determinar su legalidad. En caso de encontrarse irregularidades, las visas podrían ser revocadas, afectando a cientos de personas.
Tras ser presentada ante un juez de control de garantías, quien legalizó su captura, Bibiana Díaz se allanó a los cargos y recibió medida de aseguramiento domiciliaria. Las autoridades continúan investigando para establecer el alcance de la operación ilegal, que habría afectado a casi 500 solicitantes.
Este caso evidencia los riesgos de recurrir a trámites fraudulentos para acceder al sistema migratorio estadounidense, una práctica que no solo representa un delito grave, sino que también pone en riesgo a los solicitantes. Las autoridades reiteraron su llamado a realizar estos procesos únicamente por canales oficiales para evitar ser víctimas de organizaciones delictivas.