La incertidumbre en la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia volvió a encenderse este lunes, después de que el ministro de Educación, Daniel Rojas, planteara la posibilidad de nombrar un rector encargado mientras se resuelve la ejecutoria del reciente fallo del Consejo de Estado. La propuesta llega en medio de un complejo escenario jurídico y administrativo que tiene enfrentados al Gobierno Nacional, al Consejo Superior Universitario (CSU) y a los órganos de control disciplinario.
El debate se reactivó luego de que, el pasado 20 de noviembre, la Sección Quinta del Consejo de Estado anulara la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución, al considerar que el CSU no tenía competencia para rehacer la designación realizada en marzo de 2024, cuando resultó elegido el profesor José Ismael Peña. Ese primer nombramiento, recordó el alto tribunal, gozaba de presunción de legalidad y no podía ser reemplazado por una segunda elección.
Sin embargo, para el Gobierno Petro la puerta no está completamente cerrada. “Tenemos una posición institucional (…) y la sentencia aún no está ejecutoriada”, afirmó el ministro Rojas en declaraciones a medios este lunes. Con base en ese análisis, el Ministerio convocó una sesión extraordinaria del CSU para discutir la posibilidad de que se nombre un rector encargado mientras se resuelve el trámite judicial.
Consejo Superior de la Universidad Nacional acepta la renuncia del rector Leopoldo Múnera
La mayoría de sus miembros coincidió en que la solicitud se presentó dentro de los tiempos establecidos, antes de que la sentencia judicial quedara en firme, lo que permite darle trámite conforme a las normas vigentes.
La sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional avanzó en medio de debates jurídicos y administrativos sobre el alcance del fallo del Consejo de Estado y las implicaciones de la renuncia presentada por Leopoldo Múnera. Finalmente, con “cinco votos a favor y uno en abstención”, el organismo decidió aceptar la dimisión del rector, decisión sustentada por la mayoría en que la solicitud se presentó “dentro de los tiempos previos a la ejecutoria de la sentencia”, según afirmó la consejera María Alejandra Rojas, representante de la Presidencia de la República.
Pese a esa mayoría, la deliberación dejó en evidencia diferencias de criterio entre los miembros del Consejo. El profesor Diego Torres, representante profesoral, reiteró sus reparos frente a la aceptación de la renuncia y sostuvo que, a su juicio, el fallo del Consejo de Estado ya habría dejado sin efectos la elección. “No admite recursos, ya fue notificado. Aceptarla nos mete en un problema”, aseguró durante la sesión, antes de abstenerse de votar. Mientras tanto, el Consejo Superior continúa definiendo quién asumirá la rectoría de manera temporal.
La estrategia del Gobierno y el pulso por la rectoría
El movimiento del Gobierno no es menor. Desde marzo de 2024, cuando el CSU eligió a José Ismael Peña, el presidente Gustavo Petro ordenó a la entonces ministra Aurora Vergara no firmar el acta de posesión. Ante la negativa de la cartera, Peña terminó posesionándose en una notaría de Bogotá. Posteriormente, con cambios en la composición del Consejo, el CSU anuló aquella designación y eligió a Leopoldo Múnera como nuevo rector, una decisión que ahora fue invalidada en dos sentencias del Consejo de Estado.
Aun así, el ministro Rojas insistió en que mientras la sentencia no esté en firme, su delegado —el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno— expondría ante el CSU la posibilidad de dejar encargado el cargo. La discusión se daría en la sesión convocada para la tarde de este lunes.
La Procuraduría advierte límites legales
Aunque el Ministerio de Educación cree tener margen de maniobra, la Procuraduría General de la Nación ha dejado claro que sus actuaciones no pueden interferir en decisiones reservadas exclusivamente al Consejo Superior Universitario.
En una actuación preventiva, el órgano disciplinario requirió al Ministerio para que explique cómo garantizará que sus conceptos, circulares o comunicaciones no se interpreten como órdenes administrativas sobre decisiones internas del CSU. Además, recordó que:
- No puede influir en procesos internos de elección de rector.
- No tiene competencia para ordenar correcciones o rehacer actuaciones electorales.
- La autonomía universitaria debe respetarse estrictamente.
Para el CSU, el órgano de control también dejó instrucciones específicas: informar las medidas que adoptará para cumplir el fallo del Consejo de Estado y explicar cómo garantizará que no haya intentos de reabrir decisiones electorales ya definidas.
“Cualquier intento de reabrir o modificar decisiones electorales internas configura un desbordamiento competencial y un riesgo para la autonomía universitaria”, advirtió la Procuraduría, que anunció seguimiento permanente para evitar nuevas irregularidades.
Un CSU dividido, recusaciones y acusaciones de irregularidades
En el CSU, el ambiente es tenso. El representante de los profesores, Diego Torres, presentó una recusación contra miembros del Consejo investigados por la Procuraduría luego de la designación de Múnera. Advirtió que la sesión podría derivar en nuevos ilícitos:
El escenario no es nuevo. En mayo de 2024, un fallo de tutela del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá ya había tumbado la decisión de nombrar un rector encargado, figura que ahora el Ministerio vuelve a poner sobre la mesa pese a las restricciones.
Peña solicita asumir y Múnera formaliza su renuncia
Tras el más reciente fallo, José Ismael Peña presentó una solicitud formal a la Procuraduría para acompañar el proceso de empalme y retorno al cargo. Asegura que volverá a la rectoría “de manera ordenada y transparente”.
Por su parte, Leopoldo Múnera presentó su renuncia formal ante el CSU. Señaló que, aunque el fallo no está ejecutoriado, acata la decisión del Consejo de Estado y regresará a sus labores como profesor desde el 25 de noviembre.
El CSU deberá analizar —en una sola y decisiva sesión— la renuncia de Múnera, la petición de Peña, las dos sentencias de la Sección Quinta y los requerimientos de la Procuraduría. Un rompecabezas institucional sin precedentes.
Un panorama institucional reconfigurado
El Consejo de Estado dejó claro que:
- La elección del 21 de marzo de 2024, que designó a Peña, sigue siendo válida.
- La designación del 6 de junio de 2024, que eligió a Múnera, fue ilegal por falta de competencia.
¿Qué sigue para la Universidad Nacional?
La sesión del CSU definirá si:
- Se acata plenamente el fallo y Peña regresa al cargo.
- Se abre la puerta, pese a los límites legales, a un rector encargado propuesto por el Gobierno.