La Defensoría del Pueblo ha iniciado una serie de visitas a diversos territorios de Colombia para evaluar la situación de la libertad religiosa en el país.
En un esfuerzo por garantizar este derecho fundamental, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha enfatizado la importancia de que el Gobierno Nacional refuerce su compromiso con la protección y promoción de la libertad religiosa y de culto.
Durante su visita a Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, Camargo Assis subrayó que, aunque la Constitución de 1991 establece la separación entre Iglesia y Estado, también consagra el derecho a la libertad religiosa como un derecho fundamental. En línea con esta visión, la Ley Estatutaria 133 de 1994 también respalda la pluralidad religiosa y la no discriminación.
“Colombia es un estado de libertad religiosa, pero aún necesitamos avanzar en políticas públicas que promuevan la no discriminación, la no estigmatización y el reconocimiento de la pluralidad religiosa”, afirmó Camargo Assis.
En Ocaña, la Defensoría, a través de su Comité de Libertad Religiosa y de Cultos, parte de la Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, está trabajando para promover y defender estos derechos, previniendo cualquier tipo de vulneración. El Defensor del Pueblo también destacó la importancia de la colaboración con las autoridades locales y las diversas confesiones religiosas para garantizar el respeto y la convivencia.
En una reunión con el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, y líderes religiosos de diferentes denominaciones, se discutieron las estrategias para fortalecer la libertad religiosa en el municipio. El alcalde Cañizares ha tomado la iniciativa de crear un comité de Libertad Religiosa, una medida que ha sido bien recibida por la Defensoría.
Carlos Camargo Assis reafirmó el apoyo de su institución: “Aportaremos desde nuestras funciones, con la finalidad de dar las debidas garantías para que la Iglesia católica, las iglesias cristianas, evangélicas y pentecostales, como las demás confesiones religiosas, sean un ejemplo de convivencia en los territorios, impulsando el diálogo interreligioso”.
La creación de este Comité responde al deber del Estado de facilitar la participación de las iglesias y las confesiones religiosas en la vida pública, promoviendo el bien común. Esta iniciativa es fundamental para las políticas locales enfocadas en la recuperación de la familia, la paz y la seguridad.
La Defensoría del Pueblo continuará con sus diálogos defensoriales en los territorios, con el objetivo de garantizar que la pluralidad, la participación y los derechos humanos sean protegidos en toda Colombia. Este compromiso busca asegurar que la libertad religiosa sea una realidad tangible para todos los colombianos, sin importar su credo.