El reciente pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre la situación de los miembros de la ‘Primera Línea’ detenidos durante las protestas sociales de 2021 ha generado un debate significativo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que se revisen las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir contra estos jóvenes, planteando la posibilidad de que sean liberados si se determina que estos delitos no se aplican en el contexto de la protesta social.
En un comunicado reciente, el ministro Osuna argumentó que los delitos de terrorismo y concierto para delinquir no deberían aplicarse a quienes participaron en las protestas, sugiriendo que aquellos detenidos bajo estas imputaciones deberían ser liberados. «En los hechos de protesta social, no entran los delitos de terrorismo ni tampoco de concierto para delinquir, lo que implicaría que todos los que están privados de la libertad, deben salir de la cárcel», afirmó Osuna.
Esta solicitud se enmarca en la solicitud de reexaminar las directrices de la Fiscalía sobre cómo se deben tratar los delitos cometidos en el contexto de las protestas sociales.
La Fiscalía, ha respondido que está revisando los planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia. En un comunicado, la Fiscalía indicó que evaluará el alcance de las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos cometidos durante las protestas.
“Antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
La Fiscalía se comprometió a estudiar la solicitud del Gobierno y aseguró que la última palabra sobre el asunto la tendrán los jueces penales y, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia. Esto indica un proceso en el cual las decisiones judiciales jugarán un papel crucial para determinar el futuro de los detenidos.
La directriz de la Fiscalía, que recomendaba no imputar cargos de terrorismo ni concierto para delinquir en casos de protestas sociales, fue derogada por el anterior fiscal Francisco Barbosa. Ahora, con Luz Adriana Camargo al frente, el ministro Osuna ha propuesto reconsiderar esta directriz, lo que podría abrir la puerta a la liberación de varios jóvenes detenidos.
Si la Fiscalía decide reactivar la directriz mencionada, se iniciará un proceso para diferenciar entre aquellos jóvenes que han sido condenados y los que aún están sindicados. Los sindicados podrían ver un cambio en la imputación, lo que podría llevar a su liberación condicional mientras se desarrolla el juicio.