El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha resaltado la urgente necesidad de que el Ministerio de Relaciones Exteriores avance en la implementación y ejecución de la política integral migratoria contemplada en la Ley 2136 de 2021.
Este llamado surge tras conocer las alarmantes cifras de migrantes en tránsito irregular a través de la selva del Darién, quienes buscan llegar a Centroamérica y Norteamérica.
Entre enero y el 15 de mayo de 2024, según datos de Migración Colombia, 175.851 personas en condición de refugio y con necesidad de protección internacional cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá. De estos migrantes, 118.397 eran venezolanos, 13.814 haitianos, 15.182 ecuatorianos y 9.404 chinos, junto con personas de países africanos y del Caribe.
El fenómeno migratorio ha impactado significativamente la economía local del Urabá-Darién, incrementando los precios de bienes y servicios esenciales y dificultando su acceso tanto para la población local como para los migrantes. Esto ha exacerbado las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes, quienes enfrentan serias dificultades para continuar su camino, prolongando su estancia en municipios como Apartadó, Turbo y Necoclí.
Las consecuencias son evidentes: habitabilidad en la calle, instrumentalización de menores para la mendicidad, sexo por supervivencia, xenofobia, aporofobia y barreras de acceso a derechos y servicios básicos. Estas situaciones incrementan los riesgos de protección y las afectaciones físicas y psicosociales de la población migrante.
El Defensor del Pueblo ha instado a la Cancillería a constituir de manera urgente el Sistema Nacional de Migraciones. Este sistema debe ser una instancia coordinada de instituciones y organizaciones de la sociedad civil, orientada a promover el goce efectivo de los derechos de la población migrante.
Camargo Assis también ha reconocido los esfuerzos estatales en la atención a migrantes, como el fortalecimiento de los equipos de Migración Colombia y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la creación de mesas municipales y departamentales de gobernanza migratoria. Asimismo, ha destacado la voluntad política de algunas administraciones municipales en la inclusión de programas para la atención de migrantes en sus planes de desarrollo, así como el apoyo de organizaciones internacionales en esta materia.
La Defensoría del Pueblo, a través de sus Regionales, continuará monitoreando y acompañando la situación humanitaria de los migrantes en tránsito irregular por la zona limítrofe con Panamá. La Casa de los Derechos, con sede en Necoclí, es una de las acciones implementadas para ofrecer a la población migrante la garantía de sus derechos fundamentales.
En conclusión, es imperativo que el Gobierno Nacional acelere la implementación de la política integral migratoria para garantizar una migración segura, ordenada y regular, y así proteger los derechos de las personas en tránsito irregular que atraviesan la peligrosa selva del Darién.
