La Fiscalía General de la Nación tiene bajo investigación a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por presuntas irregularidades que involucran un desvío cercano a los 70.566 millones de pesos provenientes de recursos destinados al sistema de salud. En medio del proceso penal, sus bienes —casas, apartamentos, lotes y empresas— han sido congelados como medida preventiva para garantizar la posible restitución de los fondos desviados.
El caso: presunto desvío millonario y presunto ocultamiento de facturas
Entre 2019 y 2023, según la Fiscalía, los exdirectivos José Fernando Cardona Uribe (expresidente), Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente financiero), Édgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabián Antonio Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas) habrían omitido procesar cerca de 14 millones de facturas de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que generó un ocultamiento de pasivos que no fueron registrados en los estados financieros oficiales.
La conducta irregular habría llevado a la desviación de $70.566 millones, afectando directamente el presupuesto de la Nueva EPS, una entidad que atiende a más de 11,5 millones de afiliados en el país.
Denuncias y hallazgos oficiales
El caso saltó a la luz tras la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024, cuando se detectaron irregularidades financieras y administrativas. La Contraloría General de la República emitió un informe contundente que señala que la crisis financiera de la EPS se agravó tras esta intervención, a pesar de las medidas adoptadas.
El informe de la Contraloría evidenció:
- Aumento significativo de las deudas acumuladas.
- Incremento de anticipos no legalizados.
- Retrasos prolongados en la facturación a las IPS.
- Ocultamiento de más de 5 billones de pesos en cerca de 12 millones de facturas no registradas.
El presidente Gustavo Petro, en una alocución el 12 de septiembre de 2025, afirmó que «habían escondido 5 billones de pesos para no ponerlos en la contabilidad, en más o menos 12 millones de facturas». Este ocultamiento habría sido descubierto tras la intervención gubernamental en abril de 2024.
Imputaciones y medidas judiciales
El 27 de febrero de 2025, la Fiscalía radicó el escrito de acusación formal contra los cuatro exdirectivos, señalándolos por los delitos de:
- Peculado por apropiación.
- Fraude procesal.
- Falsedad en documento privado.
- Omisión en el control de recursos públicos.
Paralelamente, la Fiscalía ordenó la prohibición de enajenar bienes a los implicados, medida que fue notificada a las oficinas de registro y cámaras de comercio desde abril pasado para evitar la venta o transferencia de sus propiedades y empresas.
Bienes congelados y bajo lupa judicial
Investigaciones realizadas por medios nacionales han revelado la magnitud del patrimonio de los exdirectivos, que ahora está siendo monitoreado por la Fiscalía:
- José Fernando Cardona Uribe: Expresidente de la Nueva EPS hasta enero de 2024. Tres meses después de dejar el cargo, constituyó la empresa Cedrat Consultores SAS, con un capital inicial de 10 millones de pesos y sede en Teusaquillo, Bogotá. Cardona es accionista único y su esposa, quien figura como representante legal, es propietaria de dos apartamentos en el exclusivo barrio El Chicó, norte de Bogotá.
- Fabián Antonio Peralta Núñez: Exgerente de cuentas médicas con un lote en el condominio Villa María en Girardot (Cundinamarca) y un apartamento en el sector de Colina Campestre, también en el norte de Bogotá.
- Édgar Pedraza Castellanos: Exgerente de contabilidad, propietario de un apartamento en un quinto piso en la misma zona, mientras que su esposa posee dos propiedades en el sur de Bogotá.
- Juan Carlos Isaza Correa: Exvicepresidente financiero. No registra propiedades a su nombre, pero su esposa es dueña de una casa en el condominio Hacienda La Estancia en Melgar (Tolima) y un apartamento en Cedritos, norte de Bogotá. De acuerdo con expertos legales, estos inmuebles no estarían incluidos en la medida judicial.
Estas propiedades, junto con las empresas y otros activos, están actualmente bajo vigilancia judicial para asegurar que no sean vendidos o trasladados mientras avanza el proceso penal.
Contexto financiero de la Nueva EPS
La crisis financiera de la Nueva EPS es profunda. La Contraloría reveló que para 2025 la entidad presentaba una deuda acumulada que ascendía a $21,37 billones, un reflejo del deterioro en la gestión financiera y administrativa.
Pese a la intervención estatal y los esfuerzos para sanear la entidad, la Contraloría concluyó que “la intervención del Gobierno ha coincidido con un agravamiento en los principales indicadores evaluados”, incluyendo indicadores clave como la deuda y los procesos de facturación.
Próximos pasos en la investigación
Mientras la Fiscalía continúa con el proceso penal, la Contraloría ha remitido sus hallazgos a la Delegada para el Sector Salud para que determine las posibles responsabilidades fiscales de los exdirectivos involucrados. Esta medida busca establecer si se deben abrir procesos adicionales por daños patrimoniales a la entidad y al sistema de salud en general.
Con información de Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Presidencia de la República y EL TIEMPO.