14 de septiembre de 2025
La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, por su presunta responsabilidad en un desfalco de $70.566 millones de pesos, derivado de la presentación de estados financieros falsos ante la Superintendencia Nacional de Salud. Los hechos, según el ente acusador, se remontan al periodo comprendido entre 2019 y 2022, cuando Cardona ocupaba el cargo entidad promotora de salud.
Junto a Cardona, también fueron vinculados Juan Carlos Isaza Correa (exvicepresidente administrativo y financiero), Edgar Pedraza Castellanos (exgerente de contabilidad) y Fabián Alberto Peralta Núñez (exgerente de cuentas médicas), todos señalados por su presunta participación en una serie de maniobras contables y administrativas que habrían afectado de manera grave los recursos del sistema de salud.
Los hechos: ¿de qué acusa la Fiscalía?
De acuerdo con el escrito de acusación, el médico Cardona habría firmado y avalado informes financieros que no reflejaban la situación económica real de la EPS en aspectos clave como ingresos, costos, reservas técnicas y utilidades. Estos documentos habrían sido presentados ante la Superintendencia Nacional de Salud y utilizados para obtener la renovación de la habilitación de la entidad en 2023, pese a que la Nueva EPS ya enfrentaba serias dificultades financieras.
“El señor Cardona Uribe, al ostentar la calidad de servidor público y tener dentro de sus facultades la disposición de los recursos de la EPS, debía propender por la protección de los recursos públicos, situación que no ocurrió”, señala el documento de la Fiscalía.
El ente investigador asegura que el exdirectivo tenía pleno conocimiento de que la EPS enfrentaba indicadores negativos, pero aun así suscribió balances financieros con cifras falsas, solicitó autorización para utilizar recursos inexistentes y, posteriormente, apropió recursos por más de $70.000 millones para cubrir pasivos y reportar una gestión aparentemente eficiente ante la asamblea de accionistas.
«Con esta información falsa, los señores JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE como presidente, JUAN CARLOS ISAZA CORREA, como vicepresidente financiero y administrativo y EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS, como gerente de contabilidad engañaron al ente de control (Supersalud) con la finalidad de que mantuviera la permanencia en el sistema de la empresa promotora de salud Nueva y que la misma continuara prestando sus servicios de aseguramiento a los afiliados, pese a que los indicadores financieros en la realidad señalaban una pérdida millonaria año tras año, sin embargo, esta situación no fue puesta en consideración de esta última entidad, ya que de haberse hecho la NUEVA EPS, en cabeza de JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE, hubiese sido objeto de intervención hace un tiempo atrás, como en efecto ocurrió en el año 2024” Fiscalía
Utilidades infladas, pasivos escondidos
Según el expediente judicial, entre 2019 y 2022, la Nueva EPS reportó utilidades por:
- $12.087 millones en 2019
- $27.051 millones en 2020
- $41.592 millones en 2021
- $10.400 millones en 2022
No obstante, dichas cifras según la Fiscalía no reflejaban utilidades reales, sino que fueron utilizadas para absorber deudas de vigencias anteriores, reduciendo contablemente los pasivos de la EPS frente a sus obligaciones con recursos parafiscales. Esto habría constituido un acto de peculado por apropiación, toda vez que se habrían dispuesto recursos públicos de manera indebida.
Además, la Fiscalía sostiene que Cardona omitió sus funciones de control respecto al proceso de facturación de las IPS, lo cual permitió ocultar el verdadero costo de los servicios prestados. Esta distorsión generó un escenario financiero ficticio que fue presentado ante los entes de control y los accionistas.
Los delitos imputados
El exfuncionario deberá responder por los presuntos delitos de:
- Peculado por apropiación
- Fraude procesal
- Falsedad en documento privado
- Omisión de control en el sector salud
Estas acusaciones hacen parte de una investigación más amplia que llevó a la intervención forzosa de la Nueva EPS en abril de 2024 por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, tras una serie de hallazgos sobre su deteriorada situación financiera y administrativa.
No radicación de facturas
De acuerdo al escrito de acusación “De la política fraudulenta diseñada por los acusados
Para el periodo comprendido entre los años 2019 a 2023, los directivos de la Nueva EPS JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE, JUAN CARLOS ISAZA CORREA, EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS y FABIÁN ALBERTO PERALTA NÚÑEZ decidieron no procesar la totalidad de la facturación que estaba siendo radicada por las diferentes IPS con las que la Nueva EPS tenía alguna relación contractual.
La política consistía en proyectar a través de un documento denominado CXP, lo que podía procesar técnicamente la EPS en el área de cuentas médicas, esto que quería decir, que, previamente se tenía establecido un monto límite mediante el cual se podía procesar las cuentas médicas radicadas en la entidad.
Este documento era diseñado en el área de CUENTAS MÉDICAS a cargo del señor FABIÁN ALBERTO PERALTA NÚÑEZ, quien lo ordenaba a los funcionarios que laboraban en la dependencia de cuentas médicas, ello con el fin de que se procesara solo una parte de la facturación que realmente se estaba radicando en la EPS.
El no procesar toda la facturación que se radicaba ante la empresa promotora de salud Nueva, generó un ocultamiento del costo que presentaba en ese lapso la EPS y dicha información no se proporcionó de manera fidedigna al ente de control de la Superintendencia realizaba el área de contabilidad en cabeza de EDGAR PEDRAZA CASTELLANOS y firmados por este y el señor JOSÉ FERNANDO CARDONA URIBE y revisados por JUAN
La defensa de Cardona
Ante las acusaciones, Cardona ha defendido su gestión. En un comunicado público, sostuvo que su actuación siempre se ajustó a la legalidad y negó que hubiera existido un detrimento patrimonial.
“El uso de los recursos fue acorde con la ley y no hubo detrimento patrimonial”, afirmó el exdirectivo, quien también explicó que uno de los programas cuestionados, el Plan Semilla, fue concebido como un beneficio para los trabajadores de la entidad. Según Cardona, el plan consistía en que la empresa aportaba seis días de salario por cada doce días de ahorro voluntario de los empleados.
Más investigaciones: la lupa de la Procuraduría y la Contraloría
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra Cardona por presuntas irregularidades en el manejo de más de $1.000 millones de pesos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El 18 de agosto de 2025 la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de la Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario (“Plan Semilla”) por un valor superior a los $1.000 millones.
Por su parte, la Contraloría General de la República también encendió las alertas sobre la situación financiera de la Nueva EPS, incluso después de su intervención. Según un informe reciente, la entidad enfrenta riesgos críticos de sostenibilidad, debido a:
- Aumento excesivo de anticipos no legalizados, que pasaron de $3,4 billones en 2023 a $15,27 billones en junio de 2025, un incremento del 349%.
- Represamiento de facturación: se detectaron más de 22 millones de registros sin auditar, de los cuales 9,1 millones eran facturas repetidas, lo que representa $8,9 billones en posibles inconsistencias.
- Cuentas por pagar por un total de $21,37 billones, situación que pone en riesgo la viabilidad financiera de la EPS y su capacidad para atender al 22% de la población afiliada al sistema de salud.
El organismo de control también advirtió sobre deficiencias en la contratación de prestadores, problemas en la constitución de reservas técnicas y una pérdida progresiva de liquidez institucional, factores que podrían derivar en nuevas acciones judiciales y disciplinarias.
Un caso emblemático para el sistema de salud
El caso de la Nueva EPS y la acusación contra su expresidente se perfila como uno de los procesos más relevantes del sector salud en los últimos años. No solo por el monto del presunto desfalco, sino por su impacto en la prestación de servicios a millones de afiliados, y por lo que revela sobre las fallas estructurales en la vigilancia y gestión de los recursos públicos en salud.
La Fiscalía y la Contraloría avanzan con sus investigaciones, mientras la justicia deberá determinar si hubo dolo, negligencia o mala gestión en las actuaciones de Cardona y sus colaboradores.
Redacción