La fiscal general Luz Adriana Camargo respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntas irregularidades dentro de la Fiscalía para evitar la extradición de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. La funcionaria calificó esas afirmaciones como “delirantes” y defendió el procedimiento institucional del caso.
La Fiscalía General de la Nación anunció nuevas decisiones en el caso de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc, al avanzar hacia su imputación de cargos y solicitar el levantamiento de beneficios judiciales que habían suspendido las órdenes de captura en su contra. La medida se da en medio de cuestionamientos sobre su permanencia como vocero en los diálogos de paz total, tras evidencias que indicarían la continuidad de actividades delictivas posteriores a su designación.
La respuesta de la Fiscal Luz Adriana Camargo
En declaraciones a medios radiales, la fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó de manera directa las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien había sugerido la existencia de supuestos “pactos” entre investigadores para impedir la extradición de Diego Marín Buitrago.
“Discúlpeme la expresión, pero esto es delirante. Nosotros no somos quienes traemos a las personas extraditadas”, afirmó la jefa del ente acusador.
Camargo explicó que el proceso de extradición no depende de la Fiscalía, sino que es un trámite que lidera el Gobierno nacional a través de canales diplomáticos. En ese sentido, aclaró que la función del ente acusador se limita a sustentar jurídicamente las solicitudes.
“Cuando se hace una solicitud de extradición, lo que se pide es a otro Estado que verifique si se cumplen las condiciones para concederla”, señaló.
El estado del proceso contra alias “Papá Pitufo”
El caso gira en torno a Diego Marín Buitrago, señalado como presunto articulador de una red de contrabando y corrupción con alcance en distintas instituciones del Estado.
Según la Fiscalía:
- Marín tiene dos solicitudes de extradición
- Una en España, país del que salió
- Otra en Portugal, donde ya fue autorizada su entrega
Sin embargo, el proceso se encuentra actualmente detenido por una solicitud de asilo presentada por el propio Marín.
“Lo que ha frenado la extradición es una solicitud de asilo porque él dice que es un perseguido político”, explicó Camargo.
La fiscal precisó que esta petición está siendo evaluada por autoridades del poder ejecutivo portugués, lo que escapa del control de la justicia colombiana.
Evidencias y avances en la investigación
La fiscal general también reveló que existen elementos probatorios relevantes dentro del expediente:
“Tenemos evidencia en los medios electrónicos que se incautaron en el retén, así como otras pruebas derivadas de las investigaciones”, indicó.
Estas evidencias, según explicó, hacen parte de las líneas de investigación que buscan esclarecer el funcionamiento de la presunta red criminal atribuida a Marín.
Las declaraciones de Petro que desataron la polémica
El pronunciamiento de la fiscal se produce luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara públicamente que existiría una supuesta alianza dentro de la institucionalidad para impedir el regreso de Marín al país.
“Lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la Fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo”, aseguró el mandatario.
Petro también cuestionó el alcance de las investigaciones, señalando que —según su criterio— se habrían limitado a hechos recientes y no a una supuesta infiltración de largo plazo.
“Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé”, agregó.
Además, indicó que él mismo habría realizado gestiones ante gobiernos extranjeros para facilitar la extradición, sin obtener resultados.
Reacción de la fiscal: “declaraciones inconvenientes”
Frente a estas afirmaciones, Camargo fue enfática en advertir sobre el impacto institucional de este tipo de señalamientos:
“Son pronunciamientos tremendamente inconvenientes”, sostuvo.
La fiscal insistió en que atribuir responsabilidades a la Fiscalía en un proceso que depende de decisiones internacionales puede generar confusión en la opinión pública y afectar la credibilidad de las instituciones.
Fiscalía citará a imputación de cargos a alias Calarcá
La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de imputación de cargos a Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias “Calarcá”, uno de los cabecillas de las disidencias de las Farc. Según explicó la funcionaria, la decisión se basa en la existencia de nuevas evidencias recopiladas por los investigadores, entre ellas material contenido en dispositivos electrónicos incautados, así como información obtenida en el desarrollo de otras líneas investigativas. “Tenemos evidencia en los medios electrónicos que se incautaron en el retén, y otras derivadas en investigaciones que hemos realizado”, señaló.
De acuerdo con la Fiscalía, alias “Calarcá” habría incurrido en conductas delictivas incluso después de haber sido designado como vocero dentro de los diálogos de “paz total” en enero de 2025. Entre los hechos documentados se encuentran presuntos delitos graves que comprometerían su permanencia como representante del grupo armado en ese proceso. En ese sentido, la fiscal confirmó que ya se radicó una solicitud formal ante el presidente de la República para que se le retire dicha condición, lo que permitiría reactivar plenamente las acciones judiciales en su contra.
En paralelo, la Fiscalía busca que se retomen las órdenes de captura suspendidas contra alias “Calarcá”, al considerar que habría incumplido las condiciones establecidas para mantener ese beneficio. La entidad también advirtió que otros integrantes de las disidencias, particularmente del frente 33 en el Catatumbo, enfrentan imputaciones por delitos de lesa humanidad como homicidios, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, lo que refuerza la postura del ente acusador de que estas conductas son incompatibles con cualquier tipo de suspensión de órdenes judiciales. La fecha de la audiencia de imputación será fijada “con celeridad”, mientras se espera una respuesta del Gobierno sobre el levantamiento de los beneficios otorgados.
Contexto: reuniones y controversia institucional
El caso también ha tomado relevancia por informaciones sobre reuniones entre funcionarios del Gobierno y el entorno jurídico de Marín. Reportes periodísticos han señalado encuentros entre el exdirector de inteligencia y el abogado del señalado contrabandista, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles gestiones paralelas.
Mientras tanto, Diego Marín permanece en Portugal, a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo. En Colombia, es requerido por su presunto rol en una estructura criminal dedicada al contrabando, lavado de activos y posibles vínculos con otras actividades ilícitas.
Un caso que escala en el debate institucional
La controversia entre la Presidencia y la Fiscalía marca un nuevo episodio de tensión entre ramas del poder público en torno a un caso de alto perfil.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de esclarecer posibles redes de corrupción, la Fiscalía defiende la legalidad de sus actuaciones y recalca que la extradición depende de decisiones soberanas de otros Estados.
El desenlace del proceso contra alias “Papá Pitufo” y la resolución de su solicitud de asilo serán determinantes para el rumbo del caso y para el desarrollo de esta controversia institucional.
