Bogotá, 23 de septiembre de 2025. En una carta de cinco páginas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, respondió a las recientes denuncias formuladas por la fiscal delegada Lucy Laborde, quien adelanta la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro.
Laborde había señalado presuntas interferencias indebidas en el proceso judicial que involucra a Nicolás Petro, luego de que se anunciara una nueva imputación de cargos en su contra por posibles irregularidades en contratación pública.
Camargo aclaró que la designación de una fiscal de apoyo para el caso no tenía como finalidad socavar la autonomía ni la independencia de la fiscal delegada, sino que obedecía exclusivamente a la intención de brindarle “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica” en una investigación de alta complejidad.
“No existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales”, afirmó enfáticamente la fiscal general.
Reunión institucional y trazabilidad de correos
Uno de los puntos fue una reunión convocada el pasado 18 de septiembre por la Dirección Especializada contra la Corrupción. Según la fiscal Laborde, este encuentro habría constituido un intento de presión sobre su actuación procesal. Sin embargo, en su carta, Camargo explicó que dicho espacio hace parte de las mesas de trabajo institucionales habituales dentro de la Fiscalía, diseñadas para evitar duplicidades investigativas y administrativas cuando distintos despachos tramitan casos relacionados con los mismos hechos.
Además, Camargo enfatizó que no hubo ocultamiento de información frente a la solicitud elevada por la defensa de Nicolás Petro para aplazar la audiencia de imputación de cargos, programada originalmente antes del 8 de noviembre. De acuerdo con la fiscal general, existe trazabilidad documental —incluyendo correos electrónicos— que demuestra que Laborde fue oportunamente notificada de dicha solicitud, y que incluso se le concedió un nuevo traslado para que se pronunciara al respecto.
Uno de los puntos centrales fue la designación de la fiscal María Isabel Ramírez como apoyo en el caso, decisión tomada el pasado 8 de septiembre. La fiscal Lucy Laborde interpretó esta asignación como una posible injerencia en su independencia, motivo por el cual solicitó la revocatoria de la resolución correspondiente. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo fue enfática en señalar que esta figura se usa regularmente dentro de la entidad y que “no tiene como finalidad socavar su autonomía, sino brindarle acompañamiento, orientación y asesoría jurídica”.
Asimismo, Laborde cuestionó haber sido convocada a varias reuniones “intempestivas” por parte de la Dirección Nacional de la Fiscalía, justo cuando anunció una nueva imputación contra Nicolás Petro por presuntas irregularidades contractuales en el Atlántico. Frente a esto, la fiscal general aclaró que los encuentros fueron solicitados por otra fiscal debido a que Laborde radicó una imputación sobre hechos que ya eran objeto de otra investigación, y explicó que esas reuniones tuvieron como único propósito “evitar duplicidad de esfuerzos” dentro de la entidad.
En cuanto a los señalamientos sobre supuestas demoras o falta de transparencia en el trámite de las solicitudes de la defensa, Camargo respondió que todas las peticiones —incluida la del aplazamiento de la audiencia de imputación— fueron debidamente tramitadas. “La solicitud de aplazamiento de la imputación presentada por la defensa de Nicolás Petro Burgos sí fue recibida y trasladada a los interesados, incluyendo a usted”, indicó en su carta. Finalmente, reiteró que “no existe ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los fiscales” y aseguró que el trabajo de Laborde seguirá siendo respetado dentro del marco legal e institucional.
Antecedentes del caso
Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo mayor del presidente Gustavo Petro, enfrenta un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, relacionado con aportes económicos no declarados durante la campaña presidencial de 2022. El caso ha generado alta atención mediática y política, por las implicaciones que podría tener sobre figuras del entorno presidencial.
La fiscal Laborde anunció recientemente su intención de imputar nuevos cargos al hijo del mandatario, relacionados esta vez con posibles irregularidades en la adjudicación de contratos en el departamento del Atlántico.
Un llamado a la institucionalidad
En su misiva, Camargo reiteró que su compromiso como fiscal general es garantizar la transparencia, independencia y legalidad de todas las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, hizo un llamado al respeto por los canales internos de coordinación institucional y a mantener la integridad del proceso judicial por encima de las tensiones personales o administrativas.