En una decisión judicial que podría tener amplias repercusiones políticas y judiciales, la Jueza Tercera Penal del Circuito Especializado de Medellín, Claudia Milena Castro, condenó a 28 años de prisión al exsubdirector del extinto DAS, José Miguel Narváez, por el secuestro de la exsenadora Piedad Córdoba en 1999, crimen perpetrado por el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Sin embargo, lo que ha generado mayor revuelo no es solo la condena a Narváez, sino el alcance de las conclusiones del fallo. En su sentencia, la jueza compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue como presuntos determinadores de los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago Uribe y al general (r) Carlos Alberto Ospina.
Los crímenes de Valle (1998) y Umaña (también en 1998) han sido emblemáticos por el carácter simbólico y político de sus víctimas: ambos abogados denunciaban graves violaciones de derechos humanos en zonas de conflicto, y ambos fueron asesinados en circunstancias que, según la juez, evidencian patrones sistemáticos.
El testimonio clave que motivó esta decisión proviene del exparamilitar Francisco Enrique Villalba, asesinado en 2009, quien aseguró haber asistido a una supuesta reunión celebrada en 1997 en la finca «La Marranera». Según Villalba, en el encuentro participaron paramilitares, altos mandos militares y civiles, entre ellos, presuntamente, los hermanos Uribe Vélez.
La jueza Castro señaló que las pruebas recaudadas en el proceso contra Narváez permiten inferir la existencia de una estructura organizada con capacidad de planeación y adoctrinamiento, compuesta por agentes estatales y operadores ideológicos, que habría sistemáticamente ejecutado actos de violencia contra figuras críticas al poder político y militar.
Uribe responde: «Una compulsa miserable»
El expresidente Álvaro Uribe, quien ya enfrenta una condena en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos, no tardó en reaccionar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), publicó un duro mensaje contra la jueza, el proceso judicial y los testimonios que lo vinculan:
“Qué rabia política en fallos contra mí, basta ver las personas que supuestamente estábamos en esa reunión, además del sitio, para concluir como concluyó la Fiscalía en la época que esa declaración fue mentirosa.
Después asesinaron a Villalba, trataron de acusarme, nada dijeron cuando se supo la realidad de ese crimen.
El Dr. Narváez fue declarado insubsistente, lo hice por solicitud de su jefe, el entonces Director del Das.
El mentor de la juez, un tiempo fiscal, Pinilla Cogollo, fue integrante del M19, declarado enemigo mío desde la juventud. Ha utilizado la justicia para matar la moral de quienes hemos podido sobrevivir al atentado terrorista.”
Uribe calificó la compulsa como una “decisión miserable” basada en una “declaración fantasiosa” que, según él, ya fue desestimada años atrás por la Fiscalía. También criticó supuestos sesgos ideológicos en el aparato judicial, señalando que el mentor de la jueza fue “enemigo suyo desde la juventud”.
Un nuevo frente judicial para los Uribe
El llamado de la jueza a abrir investigaciones no implica aún imputaciones formales, pero sí abre un nuevo frente judicial para la familia Uribe Vélez, que en los últimos años ha enfrentado una creciente judicialización. Santiago Uribe también enfrenta un proceso penal por supuestos vínculos con grupos paramilitares, en particular con la organización conocida como «Los 12 Apóstoles».
La Fiscalía General ahora deberá decidir si abre una indagación formal o archiva la compulsa, una determinación que podría reactivar casos sensibles de la historia reciente del país.
Mientras tanto, las reacciones no se han hecho esperar. Voces del sector de derechos humanos han celebrado la decisión judicial como un paso hacia la verdad, mientras que sectores afines al expresidente han calificado el fallo como una persecución política disfrazada de justicia.