Durante la audiencia del caso UNGRD, los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla solicitaron defenderse en libertad, mientras la Fiscalía los señala de integrar una organización criminal que habría direccionado contratos por más de $612 mil millones.
En una audiencia clave dentro del proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el exministro del Interior Luis Fernando Velasco aseguró que Laura Sarabia, entonces alta funcionaria de la Presidencia, le solicitó vincular a Olmedo López a un cargo directivo en la UNGRD por instrucciones del presidente Gustavo Petro.
La diligencia, transmitida por Focus Noticias, se desarrolló ante el Tribunal Superior de Bogotá, escenario en el que tanto Velasco como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla pidieron que se les permita enfrentar el proceso en libertad, mientras la Procuraduría General de la Nación solicitó la imposición de detención domiciliaria.
Velasco cuestiona los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla
Durante su intervención, Luis Fernando Velasco afirmó que el proceso en su contra se sustenta principalmente en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD que aceptaron su responsabilidad penal en el saqueo de recursos públicos.
Según el exministro, ambos habrían construido una estrategia para incriminar a altos funcionarios del Gobierno a cambio de beneficios judiciales.
“La mayor parte del tiempo los investigadores se ocuparon en transliterar declaraciones de un par de delincuentes confesos que en mal momento este Gobierno nombró para dirigir la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que llegaron a robar y, viéndose descubiertos, acudieron a una estrategia de defensa”, sostuvo Velasco.
Añadió que esa estrategia consistía en señalar a personas “hacia arriba” dentro de la estructura del poder para obtener rebajas sustanciales de pena y conservar parte de los recursos apropiados.
“Yo no traje a Olmedo López al Gobierno”
Velasco negó de manera categórica haber sido el responsable del ingreso de Olmedo López a la administración pública. Por el contrario, afirmó que su llegada fue una decisión tomada desde la Presidencia de la República, pese a que —según dijo— existían advertencias previas sobre su conducta.
“A la Presidencia le advirtieron en comunicaciones que se consiguen en medios abiertos que contra él se había pedido una investigación penal por defraudar a su socio en una empresa en su tierra. Las mañas de este señor, al parecer, no eran nuevas”, afirmó.
“Yo no traje a Olmedo al Gobierno, ni fui su jefe. Sin embargo, hoy estoy aquí sentado. A él lo trajo la Presidencia, porque allá sí lo conocían”, agregó.
El señalamiento contra Laura Sarabia
Uno de los momentos más relevantes de la audiencia se produjo cuando Velasco relató lo ocurrido durante el periodo en el que fue director encargado de la UNGRD, en abril de 2023.
“Fui encargado por cerca de 30 días de la dirección de la UNGRD y, estando en el encargo, la doctora Laura Sarabia, por instrucciones del señor presidente, me pidió vincular al señor Olmedo a un cargo directivo en esa entidad”, afirmó.
Velasco sostuvo que tras una reunión con López decidió no ejecutar esa instrucción, lo que, según dijo, habría profundizado las distancias entre ellos.
“Me bastó una reunión con él para no adelantar esa instrucción y, como se demostrará más adelante, no realicé ninguna gestión para nombrar a ese señor”, indicó.
Videos y solicitud de defensa en libertad
El exministro también se refirió a los videos de cámaras de seguridad recaudados por la Fiscalía en dependencias de la Presidencia, ministerios y el Congreso, señalando que estos solo evidencian el ejercicio normal de funciones públicas.
Velasco pidió al Tribunal permitirle defenderse en libertad, recordando que hace 17 años fue detenido de manera injusta y posteriormente absuelto por la Corte Suprema de Justicia tras enfrentar señalamientos de falsos testigos.
Su defensa insistió en que no existe evidencia de apropiación de recursos por parte del exministro y que los únicos responsables del saqueo de la UNGRD son Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Defensa de Ricardo Bonilla también reclama libertad
Por su parte, Mauricio Pava, abogado del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, aseguró que la Fiscalía no presentó pruebas que justifiquen la imposición de una medida de aseguramiento.
Según la defensa, Bonilla ha sido señalado injustamente como el supuesto “cerebro” de una organización criminal que direccionó contratos y convenios de la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías).
Pava sostuvo que Olmedo López busca beneficios judiciales al incriminar a su defendido y afirmó que las reuniones institucionales citadas por la Fiscalía tenían un carácter ordinario y técnico.
Las pruebas mencionadas por la defensa
El abogado detalló que cuenta con 52 pruebas documentales y una grabación de más de 50 horas de las declaraciones rendidas por María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
También aseguró que los créditos de la Nación nunca estuvieron en riesgo, ya que la ley solo exige la convocatoria de la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público, mas no una votación vinculante.
Según Pava, la reunión de diciembre de 2023 tenía como único propósito hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de la UNGRD y analizar adiciones para atender emergencias climáticas.
“No hay un solo contrato a favor de Bonilla”
La defensa enfatizó que no existe ningún acto documentado que demuestre un beneficio particular para el exministro Bonilla.
“El seguimiento se limitó a proyectos, no a contratos”, afirmó Pava, quien añadió que la función del Ministerio de Hacienda es realizar seguimiento presupuestal a todas las entidades del Ejecutivo.
También indicó que Bonilla ha comparecido a todos los llamados de las autoridades y que no representa peligro para la comunidad ni riesgo de obstrucción a la justicia.
Diferencias con otros investigados
Ambas defensas coincidieron en que no puede compararse la situación de Velasco y Bonilla, quienes han atendido los requerimientos judiciales, con la de César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, y Carlos Ramón González, asilado en Nicaragua y actualmente prófugo de la justicia.
¿De qué los acusa la Fiscalía?
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los exministros Velasco y Bonilla habrían impartido instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de $612 mil millones de la UNGRD y el Invías.
Según el ente acusador, estos direccionamientos habrían tenido como finalidad asegurar apoyos políticos para reformas como la pensional y la de salud, así como el respaldo a proyectos de endeudamiento de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
La Fiscalía sostiene que la organización criminal tuvo vocación de permanencia entre mayo de 2023 y febrero de 2024, periodo en el que ambos exministros ejercieron sus cargos.
El testimonio de Olmedo López
En interrogatorio rendido en junio de 2024, Olmedo López relató ante la Fiscalía que en reuniones oficiales se impartieron órdenes para cerrar las puertas de la UNGRD a determinados congresistas, negándoles citas y proyectos para sus comunidades.
Según López, la contraorden era atender con contratos a los congresistas con quienes se había negociado previamente, suministrando sus nombres para gestionar los beneficios.
La audiencia continuará en los próximos días, mientras el Tribunal decide si acoge o no la solicitud de medida de aseguramiento contra los exministros. El caso UNGRD sigue consolidándose como uno de los procesos judiciales más relevantes y sensibles para el Gobierno del presidente Gustavo Petro.