La suerte jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez —condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal— está ahora en manos de tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá: Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa Sánchez y Leonor Oviedo Pinto.
Estos juristas, con trayectorias sólidas en el sistema judicial colombiano, son los encargados de revisar en segunda instancia la sentencia que, el pasado 1 de agosto de 2025, emitió la jueza Sandra Liliana Heredia*quien halló responsable al exmandatario de haber intentado manipular testigos a su favor en un proceso que tuvo como origen las denuncias del senador Iván Cepeda.
El caso, que ha generado una de las tormentas judiciales y políticas más intensas en la historia reciente del país, entra así en una fase decisiva.
Los tres magistrados clave en la apelación
1️⃣ Manuel Antonio Merchán Ponente del fallo
Abogado con formación en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Merchán cuenta con experiencia internacional, habiendo sido asesor legal en proyectos de capacitación organizados por el Departamento de Justicia de EE.UU. a través de USAID.
Su nombre no es nuevo en este caso: participó en la validación de las interceptaciones telefónicas a Uribe en 2018, que hoy son piezas clave del proceso. Su rol como ponente será determinante, pues será quien presente el proyecto de fallo para ser votado por sus colegas.
2️⃣ Alexandra Ossa Sánchez
Con más de cinco años como magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Ossa proviene de la Corte Suprema de Justicia, donde trabajó como magistrada auxiliar de Patricia Salazar Cuéllar. Su experiencia se ha enfocado en el análisis de procesos penales complejos y en la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos.
3️⃣ Leonor Oviedo Pinto
Magistrada con una carrera judicial forjada desde su paso por la Fiscalía General de la Nación. Se desempeñó como fiscal en Cali y luego ascendió a posiciones judiciales en el Tribunal. Oviedo es reconocida por su perfil técnico y su rigurosidad en el estudio de expedientes voluminosos.
Para garantizar dedicación exclusiva al caso, el Consejo Superior de la Judicatura cerró temporalmente el reparto a los magistrados. Además, el caso estaría cercano a la prescripción este 16 de octubre, el expresidente Uribe envió una comunicación al Tribunal de Bogotá renunciando a la prescripción.
El caso Uribe: una apelación de 904 páginas
El pasado 13 de agosto, los abogados defensores Jaime Granados y Jaime Lombana radicaron un recurso de apelación de más de 900 páginas. En él solicitan la nulidad de la sentencia emitida por la jueza Heredia, y la absolución total del expresidente, alegando supuestas vulneraciones a sus garantías fundamentales.
Las principales solicitudes del recurso incluyen:
Revocar integralmente la sentencia condenatoria proferida contra Álvaro Uribe Vélez, absolviéndolo de todos los cargos formulados en su contra.
Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que se practicaron las interceptaciones ilegales al abogado Diego Cadena, ordenando la exclusión de dichas pruebas.
Reconocer la vulneración de garantías fundamentales y ordenar las medidas necesarias para la restitución plena de los derechos, incluida la terminación de cualquier medida restrictiva de la libertad.
Cinco caminos posibles para el Tribunal
Abogados penalistas consultados por Focus Noticias señalaron que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tiene cinco alternativas legales al resolver el recurso:
1. Confirmar la condena
El escenario más directo sería que los magistrados ratifiquen el fallo de la jueza Heredia, manteniendo la condena de 12 años de prisión por los delitos de soborno y fraude procesal.
2. Revocar la sentencia y absolver a Uribe
Si el tribunal considera que las pruebas fueron mal valoradas o insuficientes, podría revocar el fallo y declarar la inocencia del expresidente.
3. Emitir una sentencia mixta
Otra posibilidad es que se confirme la responsabilidad por uno de los delitos, pero se absuelva por el otro. En ese caso, se modificaría también la pena.
4. Anular el proceso
Si se detectan irregularidades sustanciales, los magistrados podrían decretar la nulidad parcial o total del juicio, ordenando que se repita desde una etapa anterior.
5. Modificar la pena
Incluso si se confirma la condena, el tribunal podría reducir la duración de la pena o cambiar su forma de cumplimiento, teniendo en cuenta aspectos como la edad del procesado y su arraigo.
En todos los escenarios, el tribunal deberá pronunciarse también sobre la situación de libertad de Uribe, quien actualmente no está privado de la libertad, tras decisiones previas del Tribunal y de la Corte Suprema que le concedieron la libertad durante el proceso.
Plazo límite: 15 de octubre
La Sala Penal tendría plazo hasta el 15 de octubre de 2025 para emitir su decisión. El país espera con atención lo que será una resolución histórica, no solo por tratarse del primer expresidente colombiano condenado penalmente en sede judicial, sino por el impacto que tendrá en el sistema político y judicial del país y las próximas elecciones del 2026.
Contexto del caso Uribe
El proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez comenzó tras las denuncias del exmandatario contra el senador Iván Cepeda.
Luego la Corte absolvió a Cepeda y dado que dentro del proceso se expusieron ante la Corte Suprema testimonios de exparamilitares que supuestamente vinculaban a Uribe con la creación del grupo paramilitar Bloque Metro.
En respuesta, Uribe y su defensa presentaron pruebas que, según los magistrados de la Corte, parecían indicar una presunta manipulación de testigos para deslegitimar a Cepeda. Esto llevó a la apertura de una investigación en contra del propio expresidente.
Entre las pruebas clave del proceso se encuentran:
* Las interceptaciones telefónicas a Álvaro Uribe en 2018, que revelaron conversaciones con su abogado Diego Cadena, quien ya fue condenado por ofrecer beneficios judiciales a testigos a cambio de retractaciones.
* El testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien ha sostenido bajo juramento que Uribe tuvo nexos con el paramilitarismo. Su testimonio ha sido objeto de múltiples controversias y contra-testimonios.
Un proceso que marcará precedente
El caso ha estado rodeado de presión mediática, polarización política y controversia jurídica. Sin embargo, más allá del nombre que protagoniza el expediente, la decisión que tiene como última instancia la casación ante la Corte Suprema de Justicia acapara todos los reflectores y titulares de prensa sobre el futuro judicial del dos veces presidente de Colombia y líder de la oposición.
La decisión que tomen los magistrados Merchán, Ossa y Oviedo no solo cerrará —o reabrirá— un capítulo judicial: puede convertirse en un precedente clave para la justicia penal en Colombia.
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