El paro huérfano, una reforma tributaria disfrazada y el Congreso de la República desplazado Mientras el país entero tenía su mirada puesta en el paro promovido por el presidente Gustavo Petro para los días miércoles 28 y jueves 29 de mayo, convocado en apoyo y solidaridad frente a la fallida Consulta Popular, el Gobierno del cambio sí, el Gobierno Nacional, ni corto ni perezoso, aprovechando lo que podríamos llamar “la hora boba”, expidió el Decreto 0572 justamente el miércoles 28 de mayo de 2025.
A través de dicho acto gubernamental se busca anticipar ingresos que normalmente serían recaudados en el año 2026, pero que, gracias a la creativa figura, serán recaudados en este año 2025 vía retención en la fuente, con el objetivo, según se afirma, de “asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta”. En la práctica, lo que se pretende es recaudar durante el presente año una suma equivalente a una nueva Reforma Tributaria, solo que se obtendrían dichos recursos sin pasar por el Congreso de la República.
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Y mientras el Gobierno pretendió desmarcarse de la fallida convocatoria, eludiendo sin rubor la responsabilidad frente a la misma y aduciendo que habían sido otros quienes habían convocado, lo cierto es que le terminó saliendo el tiro por la culata. Desde el momento en que se gestó la idea documentada por los medios de comunicación desde el 14 de mayo, día en que se negó la consulta quedó claro quiénes la promovieron, más aún cuando se filtraron los pantallazos de la conversación sostenida entre el flamante ministro del Interior, Armando Benedetti, y el propio presidente Gustavo Petro. Esto sin dejar de mencionar que el propio jefe de Estado, en el último consejo de ministros televisado, hizo alusión expresa a las marchas, en una inequívoca señal de apoyo.
Y es que de paradojas vive la política. No terminamos aún de olvidar la expresión de un expresidente colombiano, quien contra toda evidencia se atrevió a afirmar en su momento, en relación con una manifestación ciudadana, que “el tal paro no existe”. Y ahora, unos años después, el actual mandatario de los colombianos, ante la escasa participación de manifestantes los días 28 y 29 de mayo, se desmarca de dicha manifestación, negando su paternidad, cual mal padre de familia que no se sonroja al ser cuestionado por los errores de sus hijos, justificándose en la también famosa expresión de: “yo no lo crié”.
Como decían los abuelos: maña vieja no es resabio. Y yo agregaría: cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
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Ahora bien, ante tanto desbarajuste institucional, lo que resulta claro es que este Gobierno se ha especializado en crear escenarios polémicos a manera de cortinas de humo para obtener y satisfacer determinados objetivos; en esta oportunidad, para implementar medidas desesperadas. En este caso, la expedición del Decreto 0572 responde a una crisis que el mismo Gobierno provocó por su mal manejo de caja y por el derroche desbordado.
La estrategia busca recaudar entre $6 y $13,9 billones, cifras que coinciden con lo que se necesitaría para tapar el actual déficit fiscal del Gobierno, estimado en alrededor del 5,3 % del PIB, es decir, más de $76 billones. Sin embargo, lo preocupante no es solo el monto, sino el método: el decreto no amplía la base gravable ni promueve mayor productividad, simplemente adelanta el cobro del impuesto sobre la renta correspondiente al 2026, sacrificando el recaudo de ese año. Según analistas, esto podría dejar un hueco fiscal adicional de $7 billones al próximo Gobierno.
Muchos consideramos que este decreto no es otra cosa que una Reforma Tributaria disfrazada, que además evade el debate parlamentario. Si bien el Estatuto Tributario en su artículo 365 le otorga al Gobierno la facultad de establecer y modificar los porcentajes de retención en la fuente, esto solo es válido en tanto no se altere sustancialmente el tributo. Pero el Decreto 0572 cambia de manera significativa el flujo de caja de los contribuyentes, incrementa la presión fiscal del año en curso y modifica el calendario tributario.
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No es una simple medida administrativa: es una decisión con efectos fiscales estructurales, y por tanto, debió ser tramitada como ley ante el Congreso de la República.
Por más que quiera, Gustavo Petro no puede seguir legislando por decreto ni ignorando la función constitucional del Congreso, encargado de deliberar, aprobar y controlar las medidas tributarias que afectan a todos los colombianos.
Pero esto no es un hecho aislado: claramente se ha convertido en una práctica sistemática. Tan cierta es esta afirmación, que el presidente de la República pretende seguir impulsando la Consulta Popular ya negada por el Senado, queriendo nuevamente desplazar al Congreso. Para ello, el ministro del Interior Armando Benedetti se ha atrevido a decir, con tono de amenaza, que están dispuestos a sacarla por decreto a partir de una licencia que ofrece la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación Ciudadana, cuando el Senado de la República omite su deber de pronunciarse. Pero esto no ocurrió en este caso: lo que resulta claro es que el Senado le dijo “no” a la consulta con una votación de 49 votos contra 47. Lo demás son pseudo interpretaciones del Gobierno para justificar lo injustificable, y de paso presionar al Congreso para que saque adelante el Proyecto de Reforma Laboral, al que ya solo le falta un debate en la plenaria del Senado.
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Y hablando justamente de la reforma laboral, no podemos dejar de mencionar que, en los términos en que salió el proyecto del tercer debate, en la Comisión Cuarta, por lo menos se plantean cargas preocupantes para el sector productivo. Según cifras de Fiduprevisora, el costo por empleado podría incrementarse hasta en un 18 %. Los gremios de vigilancia y seguridad que operan con esquemas nocturnos y 24/7 han advertido que sus costos subirán hasta en un 25 %, incrementos que probablemente terminarán siendo trasladados al consumidor final.
Así, mientras las empresas intentan adaptarse a una regulación laboral incierta, ahora deben enfrentar el impacto inmediato del Decreto 0572. Muchas están reorganizando sus finanzas, otras se endeudarán, y algunas simplemente contemplan cerrar. La inestabilidad institucional que generan las decisiones improvisadas del Gobierno Petro ya no es solo un asunto político: se trata de una amenaza directa a la supervivencia empresarial y al empleo en Colombia. Los empleos que se perderán no serán pocos, y será muy difícil muy difícil mantener los que hoy están creados, bajo un ambiente de absoluta incertidumbre, mientras de paso se promueven ceses de actividades que, aunque no funcionen, generan inestabilidad y zozobra. Esto se agrava con reformas tributarias disfrazadas como la mencionada, mientras la institucionalidad, una vez más, se ignora y se desplaza.
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