Barranquilla, 12 de septiembre de 2025 –
La Fiscalía General de la Nación ha desarticulado una sofisticada red criminal que operaba desde un juzgado de pequeñas causas en Barranquilla, dedicada a tramitar y cobrar de manera irregular más de 2.500 títulos judiciales, generando un desfalco estimado en más de 2.000 millones de pesos. Este caso, que sacude la administración de justicia en la región, involucra a cinco personas judicializadas, entre ellas el juez primero de pequeñas causas, Rafael Eduardo Castillo González, su exsecretario Dair Enrique Cuadro Crespo, dos abogados y un particular, quienes fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación.
La red y su modus operandi
Las investigaciones, adelantadas por el Grupo de Investigaciones Especiales del Área Anticorrupción de la Dijín, comenzaron tras detectar movimientos millonarios sospechosos relacionados con desembolsos y depósitos realizados por el juzgado. Los rastreos financieros revelaron que los fondos públicos, que debían estar destinados a cumplir con obligaciones judiciales legítimas, fueron desviados hacia cuentas vinculadas a abogados y particulares sin ninguna relación formal con los procesos.
Según la Fiscalía, el juez Castillo y su secretario Cuadro Crespo habrían autorizado la salida de cerca de 2.000 millones de pesos entre 2016 y 2022, mediante la expedición y cobro irregular de títulos judiciales. Estos títulos no cumplían con los requisitos legales mínimos: muchos se emitían sin una sentencia válida o sin solicitudes legítimas, valiéndose de procesos judiciales inactivos o abandonados. La red se aprovechaba del manejo discrecional y poco supervisado de los expedientes para favorecer a intermediarios como los abogados Breiner Leonardo Gómez Cuadro y Leonardo Rafael Fuentes González, además de Domingo Alberto Altamar Calle, quienes recibían los pagos ilegales.
Documentación y evidencias clave
El trabajo de la Fiscalía incluyó un minucioso análisis forense de la documentación que sustentaba los cobros fraudulentos. Se encontraron firmas y huellas digitales que coinciden con las de los funcionarios judiciales implicados, así como documentos con alteraciones y solicitudes falsas presentadas para sustentar los desembolsos. Además, las investigaciones mostraron que en varios casos, los beneficiarios directos eran familiares o personas allegadas a Cuadro Crespo, evidenciando un entramado de clientelismo y corrupción.
En 2022, la gravedad de la situación quedó en evidencia cuando la juez Marcia Viviana Bermúdez, encargada temporalmente del despacho, descubrió miles de memoriales y expedientes sin tramitar, acumulados en archivos y bandejas de entrada digital, lo que reflejaba el abandono administrativo y la posible intención de ocultar irregularidades. Entre los hallazgos se destacó la pérdida de un expediente original de un proceso ejecutivo, que habría sido sustraído bajo sospecha durante la gestión del juez Castillo y su secretario.
Impacto y consecuencias judiciales
Los cinco implicados fueron judicializados y enfrentan cargos graves, aunque ninguno aceptó las imputaciones. Cuadro Crespo, Gómez Cuadro y Altamar Calle permanecen en centro carcelario, mientras que el juez Castillo cumple detención domiciliaria en Barranquilla, y Fuentes González continúa vinculado al proceso judicial.
La Fiscalía sigue en la búsqueda de propiedades y otros bienes relacionados con los involucrados, mientras que las autoridades judiciales trabajan en fortalecer los controles internos para prevenir que casos similares vuelvan a ocurrir. Este escándalo pone en evidencia las vulnerabilidades del sistema judicial en la región y la urgencia de reformas para garantizar transparencia y evitar la corrupción en la administración de justicia.
Contexto y antecedentes
El caso forma parte de una serie de investigaciones recientes que han revelado prácticas corruptas en el ámbito judicial y otros sectores en Barranquilla y el Atlántico. Además de esta red de títulos judiciales, la ciudad ha sido escenario de desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas al robo de datos y otros delitos que afectan la confianza ciudadana en las instituciones.