El próximo 23 de febrero se conocerá la pena definitiva que deberá cumplir Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela, una de las piezas clave en el proceso judicial por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La joven, de 19 años, oriunda de Soledad Atlántico, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual aceptó su responsabilidad en varios delitos graves a cambio de una rebaja considerable de la pena.
De acuerdo con lo revelado en audiencias judiciales, el ente acusador pactó con alias Gabriela una condena de 21 años de prisión, tras aceptar cargos por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y uso de menores de edad en la comisión de delitos, entre otras conductas. La fecha del 23 de febrero será clave, pues ese día la jueza del caso deberá avalar el preacuerdo y fijar oficialmente la sanción, conforme a lo establecido en el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
Durante la audiencia, la representante de la Fiscalía explicó que el acuerdo se ajusta a los requisitos legales y probatorios exigidos. “Será la señora juez, a voces del artículo 293 del Código Penal, quien constate directamente este conocimiento por parte de la procesada. Para la Fiscalía es claro y comprensible el acuerdo, pues contamos con elementos materiales probatorios suficientes que acreditan el estándar exigido y el respeto por la presunción de inocencia”, señaló la delegada del ente acusador. Además afirmó que la joven habría sido instrumentalizada por su condición de mujer.
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Una pieza clave para esclarecer el crimen
Según la investigación, Katerine Andrea Martínez se convirtió en una testigo central para reconstruir la planeación y ejecución del atentado contra Miguel Uribe Turbay. Sus declaraciones permitieron identificar la estructura criminal que, de acuerdo con la Fiscalía, fue liderada por Elder José Arteaga, alias “el Costeño o Chipi” señalado como el coordinador del ataque y responsable de impartir órdenes directas a los demás implicados.
La joven relató que fue reclutada meses antes del atentado y que, dentro de la organización, cumplía funciones logísticas, principalmente relacionadas con el transporte de armas, las autoridades creen que la joven de 19 años participó y transportó armas en otros homicidios. En su confesión, detalló que el arma utilizada era una pistola Glock importada, modificada para disparar en modo ráfaga, y cuyo valor habría oscilado entre 15 y 20 millones de pesos. Según su testimonio, la instrucción era clara: disparar de manera directa y reiterada, con el objetivo de causar la muerte del precandidato.
La Fiscalía estableció que el 7 de junio de 2025, día del atentado, los implicados se reunieron en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá. Allí se ultimaron los detalles de la operación, se distribuyó el armamento y se asignaron los roles, incluido el de un menor de edad que sería el encargado de ejecutar el ataque, hecho que agravó la responsabilidad penal de los adultos involucrados.
La Procuraduría y los representantes de víctimas avalaron el acuerdo con la Fiscalía.
Confesiones que pesaron en el preacuerdo
En su relato ante los investigadores, alias Gabriela describió con detalle la conducta del menor designado como sicario, a quien calificó como “eufórico” y decidido a cumplir la orden. “Decía: ‘Lo vamos a hacer real, le voy a pegar todos los tiros en la cabeza’”, aseguró Martínez durante su declaración, la cual fue incorporada como elemento probatorio dentro del proceso.
También explicó que, tras el ataque fallido, los integrantes del grupo criminal se mezclaron entre la multitud para evitar ser identificados y huyeron del lugar. Posteriormente, según su testimonio, comenzaron las amenazas internas para eliminar a los participantes y “cerrar cabos sueltos”, lo que habría llevado a que se le ordenara abandonar Bogotá e incluso salir del país.
La joven afirmó que, además de las amenazas, existían promesas económicas por el atentado. De acuerdo con su versión, alias el Costeño le ofreció 10 millones de pesos si el senador fallecía y una suma menor —entre 600 y 700 mil pesos— por el simple traslado del arma, en caso de que el plan no se concretara.
Petición de perdón y lo que viene en el proceso
Durante la audiencia del 14 de enero de 2026, en la que se formalizó el preacuerdo, Katerine Andrea Martínez pidió la palabra para expresar su arrepentimiento y ofrecer disculpas públicas a la familia de Miguel Uribe Turbay. “Mi error fue muy grande y sé que mis disculpas no borran el dolor causado, pero con todo el amor y la sinceridad del mundo les pido perdón”, manifestó ante la juez.
Aunque aseguró que “nunca quiso hacerle daño” al precandidato, reconoció que sus actos contribuyeron de manera directa al atentado, por lo que aceptó asumir las consecuencias penales. Su colaboración, según la Fiscalía, fue determinante para avanzar en el esclarecimiento del caso y continuar con los procesos contra otros implicados.
Con la audiencia del 23 de febrero, el caso entra en su fase definitiva frente a alias Gabriela. Ese día se conocerá la condena que deberá cumplir, mientras la justicia avanza en los procesos contra los demás integrantes de la organización criminal señalada de planear el magnicidio que conmocionó al país y marcó uno de los episodios más graves de violencia política reciente.