«Hemos llamado a nuestro embajador a consultas, estará arribando el día de hoy o mañana, a más tardar. Estamos tomando decisiones para hacer ver, para ratificar la molestia, la protesta enérgica que Ecuador plantea a Colombia por los términos en los que se refiere el presidente Petro y la injerencia sobre decisiones de diferentes instancias del Estado ecuatoriano»,
Según explicó Sommerfeld en una entrevista con Radio Centro Digital, el llamado a consultas busca expresar formalmente el malestar del Gobierno ecuatoriano frente a las afirmaciones del mandatario colombiano. La funcionaria sostuvo que Ecuador considera que hubo una injerencia en decisiones que corresponden a las instituciones del Estado ecuatoriano.
La medida se produjo pocas horas después de que se conociera el envío de una nota diplomática de protesta por parte de Quito. En ese documento, el Gobierno ecuatoriano rechazó las declaraciones de Petro y señaló que Jorge Glas no es un perseguido político, sino una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana en procesos que, según las autoridades, se desarrollaron de manera legítima.
En la misma comunicación, el Ejecutivo del presidente Daniel Noboa defendió la independencia del sistema judicial del país y afirmó que existen mecanismos internos vigentes para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Además, advirtió que las declaraciones del jefe de Estado colombiano contribuyen al deterioro de la relación bilateral y desvían la atención de los desafíos compartidos, entre ellos la situación en la frontera común.
El martes, Noboa también se pronunció públicamente sobre el tema a través de redes sociales. En su mensaje, cuestionó la narrativa de los “presos políticos” y aseguró que Glas está en prisión por casos de corrupción por los que debe responder ante Ecuador.
Jorge Glas, exvicepresidente durante el correísmo, cumple actualmente una condena de ocho años de cárcel por asociación ilícita y cohecho, además de una segunda sentencia de 13 años por peculado. Su caso ha sido uno de los principales focos de controversia política y diplomática en la región durante los últimos años.
El exfuncionario fue recapturado en abril de 2024 dentro de la Embajada de México en Quito, luego de que el Gobierno ecuatoriano ordenara el ingreso de la fuerza pública a la sede diplomática. La operación se produjo después de que México concediera asilo diplomático a Glas, al considerarlo un perseguido político, y provocó un amplio rechazo internacional.
La nueva controversia se desató luego de que Gustavo Petro afirmara en un mensaje publicado el martes que Glas es “un ciudadano colombiano y un preso político”, y pidiera a organismos internacionales de derechos humanos velar por su situación.
Este nuevo choque diplomático ocurre en un contexto de creciente deterioro de la relación entre Ecuador y Colombia, marcado por desacuerdos en materia política, comercial y de seguridad fronteriza.
Las tensiones entre ambos gobiernos se han intensificado desde el 21 de enero, cuando Daniel Noboa anunció la imposición de un gravamen del 30 % a productos colombianos, argumentando deficiencias en la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. Esa tarifa entró en vigor el 1 de febrero y fue incrementada al 50 % en marzo.
Como respuesta, Colombia adoptó varias medidas. Entre ellas, suspendió temporalmente el suministro de electricidad hacia Ecuador, que atravesaba dificultades en el abastecimiento energético, y enfrentó el aumento de tarifas ecuatorianas para el transporte de crudo colombiano a través de oleoductos en territorio ecuatoriano.
Posteriormente, a finales de febrero, el Gobierno colombiano expidió el Decreto 0170, mediante el cual estableció gravámenes del 30 % a 73 productos procedentes de Ecuador. La medida incluyó bienes como arroz, azúcar, aceites vegetales, banano, plátano, alcohol etílico, pescado congelado y neumáticos, entre otros. El 2 de marzo, esos aranceles fueron ampliados al 50 % para más de 185 productos ecuatorianos.
Bogotá ha sostenido que las medidas aplicadas por Quito constituyen restricciones incompatibles con el marco andino y que generan perjuicios a los productores colombianos que compiten con mercancías ecuatorianas en el mercado subregional. También ha advertido que el aumento arancelario compromete la viabilidad económica de las exportaciones hacia Ecuador y agrava la tensión bilateral.
A este escenario se suman recientes reclamos de Colombia por el hallazgo de una bomba en su territorio, tras un bombardeo militar ejecutado con apoyo de Estados Unidos en el lado ecuatoriano de la frontera.
Con el llamado a consultas del embajador ecuatoriano y la suspensión de los canales técnicos de diálogo, la relación entre los dos países entra en una nueva fase de tensión, sin que hasta el momento se conozcan señales de una pronta desescalada diplomática.