Dura respuesta del Defensor del Pueblo a Antonio García comandante del ELN por secuestros y reclutamiento de menores

En medio de los esfuerzos por lograr la paz en Colombia, las declaraciones del comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Antonio García, generaron fuertes críticas por parte del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La afirmación de García, quien sostuvo que el ELN no realiza secuestros, sino que toma «prisioneros y retenidos», fue tildada de cínica por el Defensor del Pueblo.

El pronunciamiento del jefe subversivo se produce en un momento crucial, ya que el quinto ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN acaba de iniciar. Esta situación se presenta apenas días después de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, quien estuvo secuestrado por el ELN durante casi dos semanas.

Camargo Assis expresó su desaprobación ante estas declaraciones, considerándolas negativas y contraproducentes en el contexto de las negociaciones de paz. Criticó la falta de coherencia al hablar de avanzar en conversaciones mientras el grupo emite afirmaciones que juegan con el deseo de paz de los colombianos.

El Defensor del Pueblo enfatizó que el ELN, al igual que otras estructuras armadas ilegales, no debe vulnerar los derechos de la población colombiana ni violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Demandó la renuncia al reclutamiento de menores, calificándolo como un crimen internacional que merece un rechazo contundente. Además, exigió la liberación inmediata de menores de edad que forman parte de las filas del ELN y el cese de secuestros, instando a dejar en libertad a quienes están bajo su custodia.

Camargo Assis subrayó que la paz solo se logra con la voluntad de negociar y renunciar a prácticas abominables. Reconoció los esfuerzos del Gobierno Nacional por alcanzar la paz y llamó a todos los grupos armados ilegales en proceso de diálogo a valorar dichos esfuerzos. Concluyó destacando la importancia de respetar los derechos fundamentales por encima de declaraciones irresponsables o actos que pongan en peligro a la población civil.