Con el fin de garantizar que comunidades vulnerables y minorías étnicas tengan el derecho a participar de manera efectiva en el mercado de bonos de carbono, la Defensoría del Pueblo firmó un convenio de cooperación con la Fundación Conservación Internacional.
Al no haber transparencia en su negociación con las comunidades indígenas, asegura el Defensor del Pueblo, se hace necesario promover un programa de fortalecimiento en la gestión ambiental de los derechos colectivos a través del convenio suscrito.
“En Colombia falta claridad en los proyectos de este mercado. No existe transparencia en la negociación de los bonos de carbono con las comunidades indígenas, por lo que son ellas las que le solicitan al Estado su regulación y, por ende, la necesidad de promover un programa de fortalecimiento en la gestión ambiental de los derechos colectivos a través del convenio suscrito”, expresa el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Lo acordado tiene como propósito hacer un acompañamiento técnico especializado para establecer una línea base de peticiones, quejas y reclamos por parte de las comunidades vulnerables en los mercados de carbono, que son presentadas a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Así mismo, establece la realización de un diagnóstico sobre los mercados de carbono, a partir de visitas técnicas. También, liderar sensibilización y capacitación en espacios académicos, entre otras.
“Esperamos que el convenio inspire a las demás entidades garantes de derechos humanos a desarrollar estrategias que contribuyan a la conservación de nuestros bosques y, a su vez, favorezcan a las comunidades”, concluyó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
El mercado de carbono es un instrumento con el que se busca integrar dentro de las actividades productivas, el costo social y ambiental que se genera al emitir gases de efecto invernadero. La concentración excesiva de estos gases incrementa la temperatura y genera el cambio climático.