Un grupo armado ilegal envió amenazas contra la vida de las personas firmantes y sus familias, dándoles un mes para salir del territorio.
La Defensoría del Pueblo rechazó las amenazas que se hicieron en contra de hombres y mujeres firmantes del Acuerdo de Paz y se acogieron al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) ‘Mariana Páez’, en el municipio de Mesetas (Meta); Se trata de 200 familias, 86 mujeres cabeza de familia y 80 niños, que fueron amenazadas con ser asesinadas si no se van en un mes de la zona.
Es urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se busca que las autoridades, locales y nacionales activen los mecanismos de alerta y respuesta rápida.
Ademas, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Protección, para que ordene el reforzamiento de las medidas de protección de esa población, procurando los recursos que sean necesarios para la implementación de medidas técnicamente recomendadas de las y los excombatientes, con enfoque de género y diferencial.
El Defensor del Pueblo, tras su intervención en la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri), realizada en Ginebra (Suiza), calificó como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”, ya que abandonar el ETCR implica la vulneración de los derechos a la vida, la integridad y la seguridad personal de la población y transgrede abiertamente el respeto a los derechos humanos.
Por lo cual, el desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías.