Defensoría del Pueblo advierte expansión Clan del Golfo en Córdoba y lanza alerta temprana

La Defensoría del Pueblo emite la Alerta Temprana 011 de 2024 ante la expansión de las AGC-Clan del Golfo en municipios cordobeses, destacando riesgos para la población y recomendaciones urgentes.

La presencia y dominio poblacional que busca imponer la estructura armada ilegal de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) amenaza la seguridad y los derechos de los habitantes en los municipios de Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento, según la Alerta Temprana 011 de 2024 emitida por la Defensoría del Pueblo.

Carlos Camargo Assis, Defensor del Pueblo, advierte sobre la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario debido al accionar indiscriminado de estos grupos armados ilegales, cuya expansión se relaciona con el narcotráfico, la disputa territorial y retaliaciones entre grupos de «limpieza social».

Le puede interesar: Alcalde Carlos Fernando Galán Anuncia Aumento Tarifas Agua por Escasez

La preocupación se centra en la población civil, especialmente en áreas rurales que componen el núcleo indígena Zenú en Córdoba, con vínculos ancestrales y económicos con municipios sucreños también afectados por la violencia. La finalidad de la expansión territorial de las AGC es crear «zonas seguras» para actividades criminales y establecer corredores de movilidad hacia otras regiones.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha formulado 17 recomendaciones dirigidas al Gobierno Nacional y autoridades locales. Estas recomendaciones incluyen medidas de prevención temprana, protección a grupos vulnerables, acceso efectivo a la administración de justicia y atención humanitaria integral para superar la vulnerabilidad socioeconómica de las poblaciones expuestas a riesgos.

Le puede interesar: Audiencia Diego Cadena Exabogado Expresidente Uribe por Presunto Soborno y Fraude

La expansión de las AGC-Clan del Golfo en municipios cordobeses representa una seria amenaza para la seguridad y los derechos de la población civil. La respuesta urgente y coordinada del Gobierno Nacional y autoridades locales es crucial para mitigar estos riesgos y proteger a las comunidades afectadas.