La niña de cuatro años de edad resultó ahogada luego de que intentara atravesar, junto con su abuela y otros familiares, el río Bravo en la frontera entre México y Estados Unidos.
Tras conocerse el caso de Antonella Sánchez una menor que resulto ahogada tras intentar atravesar con varios miembros de su familia el río Bravo para llegar a los Estados Unidos, el Defensor del Pueblo y Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson lamento la muerte de la menor de cuatro años de edad, que formaba parte de una familia colombo-venezolana, radicada en el departamento del Meta.
“Desde la Defensoría del Pueblo acompañamos a la familia y hemos solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores que brinde toda la información legal a los familiares para que sea tramitada la repatriación del cuerpo de la niña fallecida. También solicitamos que sea intensificada la búsqueda de los familiares desaparecidos y brindado el acompañamiento a la niña de 12 años, que sobrevivió a la tragedia”, aseguró Carlos Camargo Assis.
Desde entonces la abuela de la niña fallecida y su pareja están desaparecidos luego de que la corriente del río Bravo se los llevara; entre tanto, la tía de Antonella una menor de 12 años, y quien logró salir por sus propios medios del río, estaría en un albergue en Estados Unidos.
La entidad ha advertido que las niñas, los niños y adolescentes en situación de movilidad son vulnerables a riesgos y violaciones de derechos en las rutas migratorias, como ser víctimas de violencia, trata de personas, discriminación, entre otros..
“En diversos escenarios hemos insistido en una migración segura, ordenada, regular y en condiciones de dignidad humana. Seguiremos insistiendo desde la Presidencia de la FIO para que las naciones del continente, en un trabajo conjunto, encuentren salidas a esta crisis humanitaria derivada de la migración irregular. Garantizar los derechos de la población migrante que busca nuevas oportunidades fuera de sus países de origen es el deber que nos asiste”, aseguró el Defensor del Pueblo.
También la Defensoría del Pueblo dio a conocer en su momento el excesivo aumento de migrantes que atraviesan la frontera colombo-panameña a través de la región del Darién, incluidos niños, niñas y adolescentes que, con sus familias o sin ellas, enfrentan graves riesgos de vulneración de sus derechos.
Durante el primer semestre del año migraron 40.171, mientras que en el mismo periodo del 2022 cruzaron esa frontera 7.369, un incremento desbordado del 445%.
De acuerdo con cifras del Servicio Nacional de Fronteras, entre enero y octubre de este año cruzaron de Colombia al vecino país de Panamá, teniendo como ruta la espesa selva del Darién, cerca de 459.000 personas de todas las edades y de distintas nacionalidades.