Por: Redacción Judicial
Bogotá, Colombia – La situación judicial del congresista David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se complica. A la ya conocida demanda de pérdida de investidura en su contra, se suma ahora una investigación formal por el delito de concusión, abierta por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En esta se indaga si Racero utilizó su cargo para exigir o recibir dinero de sus subalternos con fines personales. La acusación incluye el presunto uso indebido de recursos públicos y el desvío de funciones de empleados de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quienes habrían sido obligados a cubrir gastos personales del congresista y trabajar para un negocio familiar.
El representante afronta tres procesos en el Consejo de Estado y ahora una causa penal en la Corte Suprema. La evidencia incluye audios, chats y testimonios bajo la lupa por posible falso testimonio.
Las acusaciones: pagos, giros y un fruver en Modelia
La Corte recopila pruebas que mostrarían cómo algunos miembros de la UTL de Racero realizaron pagos de sus tarjetas de crédito, giros a familiares, incluyendo a su padre, e incluso cubrieron gastos domésticos como el mercado del hogar del congresista.
Racero ha sostenido públicamente que se trata de devoluciones de préstamos personales hechos a sus empleados. No obstante, la trazabilidad de los movimientos financieros, según los investigadores, no sustenta la versión de los préstamos, sino que indicaría un esquema en el que el congresista se apropiaba de una parte del salario de sus subalternos.
A esto se suma la denuncia sobre el uso de funcionarios de su UTL en tareas relacionadas con un negocio particular: un fruver denominado “La Cosecha del Campo”, ubicado en el barrio Modelia (occidente de Bogotá). Allí, uno de sus empleados, John Leonardo García Lara, aparece como figura clave en la ejecución de tareas ajenas a su cargo, que estaba financiado con recursos del Congreso.
¿Qué es la concusión?
La concusión es un delito previsto en el Código Penal colombiano que ocurre cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir o solicitar, de forma indebida, dinero u otros beneficios. De ser hallado culpable, Racero podría enfrentar una pena entre 8 y 15 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
¿Falso testimonio y fraude procesal?
El caso ha escalado tras la declaración de John Leonardo García, quien compareció ante el Consejo de Estado en el marco de uno de los tres procesos de pérdida de investidura contra Racero. Durante su testimonio, García negó tener conocimiento del fruver, negó haber trabajado en él, y dijo no saber sobre su vínculo con el negocio.
Sin embargo, la documentación contradice su versión. Su nombre aparece en el seguro de arrendamiento del local como referencia de Racero, en mensajes de WhatsApp, y en audios donde le pide instrucciones al congresista sobre la operación del establecimiento. Además, en las redes sociales del propio Racero, García figura públicamente como su “conductor profesional” dentro de la UTL.
Estas contradicciones podrían derivar en nuevas imputaciones contra García por los delitos de falso testimonio (con penas de hasta 12 años de cárcel) y fraude procesal, si se comprueba que su testimonio fue deliberadamente diseñado para engañar a la justicia.
Las pruebas clave
La Corte y el Consejo de Estado cuentan con:
- Chats entre Racero y García, donde se discuten tareas del fruver, incluso con instrucciones específicas como comprar «arracacha».
- Notas de voz donde García pide directrices sobre el negocio.
- Transferencias y consignaciones desde las cuentas de empleados hacia las de Racero.
- Documentación de la Cámara donde figura García como conductor de la UTL.
- Declaraciones públicas del propio Racero que identifican a su equipo legislativo.
¿Qué sigue para Racero?
Actualmente, Racero mantiene su curul mientras avanzan los tres procesos en el Consejo de Estado, los cuales buscan la pérdida de investidura por uso indebido de recursos y otras irregularidades. El magistrado Fredy Hernando Ibarra lidera ese frente judicial.
La apertura de la causa penal ante la Corte Suprema es, sin embargo, el proceso más delicado que enfrenta, ya que no solo compromete su carrera política —en momentos en que aspiraba al Senado en las próximas elecciones—, sino también su libertad personal.
Pese a las pruebas y testimonios en su contra, Racero ha reiterado públicamente su inocencia, y afirma que se trata de un montaje con fines políticos. En los próximos días se conocerán nuevas decisiones de fondo tanto en la Corte como en el Consejo de Estado.
Contexto político
Racero, uno de los congresistas más visibles del Pacto Histórico y ex presidente de la Cámara, ha sido una figura clave en la defensa de las políticas del presidente Gustavo Petro. Junto a la senadora Martha Peralta, también investigada, rechazó públicamente la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, ternado por la misma Corte Suprema que ahora lo investiga.
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Redacción Judicial
