La Sala Especial de Instrucción acusó por cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista. En la misma decisión impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, dentro de la investigación por presuntas dádivas a cambio de comprometer su función en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
La decisión cayó al final de una jornada de alta expectativa en la Corte Suprema de Justicia. Tras varias sesiones y luego de que la discusión requiriera conjueces para destrabar el empate inicial, la Sala de Instrucción resolvió avanzar a la siguiente etapa del proceso y, además, ordenar que dos de los investigados enfrenten el caso privados de la libertad. La noticia golpea con fuerza al Congreso porque ambos, Wadith Manzur y Karen Manrique, acababan de revalidar su capital político en las elecciones del 8 de marzo.
Karen Manrique fue reelegida en la curul de paz de Arauca con 5.640 votos, equivalentes al 41,76 % de la votación en esa circunscripción.
En el caso de Wadith Manzur, obtuvo 134.914 votos en la elección al Senado por el Partido Conservador, y que fue una segunda votación más alta de esa colectividad.
La Corte Suprema señaló: “La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista” y, además, “cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte”.
La corporación precisó que también se pronunció frente a Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes continuarán el proceso en libertad.
«La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Además, cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte.
La Sala se pronunció en el proceso además contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad»
Lo que investiga la Corte
Según la Corte, el expediente se concentra en hechos del segundo semestre de 2023, cuando los hoy acusados integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. La hipótesis judicial es que, en ese rol, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para conceptuar favorablemente operaciones de crédito de interés para esa cartera. La contraprestación, de acuerdo con la línea investigativa, habría sido el impulso de contratos y obras de interventoría en tres proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Córdoba, Arauca y Bolívar.
El comunicado fue explícito en ese punto: “En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar”. La Sala añadió que, en los encuentros documentados durante la investigación, también “se habrían definido los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función”. Para el alto tribunal, el acervo probatorio reunido hasta ahora permite sostener, al menos en esta etapa, que los procesados “pudieron cometer el delito de cohecho impropio”.
Ese es el punto de quiebre de la decisión. La Corte no está emitiendo una condena, pero sí dio un paso más severo que el de una simple vinculación formal: llamó a juicio a los seis procesados y, en el caso de Manzur y Manrique, estimó procedente la privación de la libertad en establecimiento carcelario. El Espectador reportó que la decisión incluyó la captura inmediata de ambos y su llamado a juicio por cohecho impropio, por supuestamente aprobar créditos de la Nación a cambio de proyectos de la UNGRD.
La Corte también anunció que notificará al Congreso para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos. Ese efecto es especialmente sensible porque se trata de dos congresistas recién reelegidos: Wadith Manzur, figura del Partido Conservador, y Karen Manrique, representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca, una de las llamadas curules de paz. La providencia, una vez ejecutoriada, pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, que asumirá la siguiente fase judicial.
En el caso de Manrique, la decisión tiene además una derivación institucional delicada. Distintos reportes previos habían advertido que, si era privada de la libertad y se consolidaba el trámite penal, Arauca podía quedar expuesta al escenario de la silla vacía, con impacto directo sobre la representación de víctimas en esa curul especial. Ese debate, que hasta hace unos días parecía hipotético, quedó instalado de lleno con la determinación de la Corte.
Quién es Wadith Manzur
Wadith Alberto Manzur Imbett es un político cordobés del Partido Conservador Colombiano. En la actual legislatura se desempeña como representante a la Cámara por Córdoba y ha integrado la Comisión Tercera Constitucional Permanente, ligada a asuntos de hacienda y crédito público. En los comicios del 8 de marzo logró dar el salto al Senado con una votación de 134.914 votos, según la Regristraduría.
Manzur Imbett . Nació en Montería el 15 de octubre de 1986, tiene 39 años. Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado y un posgrado en Mercadeo Político y Manejo de Campañas Electorales de la Universidad Camilo José Cela de Madrid.
En el Congreso completa dos periodos como representante a la Cámara por Córdoba: el primero entre 2018 y 2022 y el segundo entre 2022 y 2026, de modo que suma casi ocho años en el Legislativo nacional. En su perfil institucional aparece además como integrante de la Comisión Tercera, relacionada con hacienda y crédito público.
En el plano familiar, es hijo del exsenador Julio Manzur Abdala, un dirigente conservador de Córdoba su padre estuvo en la cárcel entre 2015 y julio de 2017 la Corte Suprema lo dejó en libertad, luego de permanecer preso mientras avanzaba la investigación por parapolítica.
Su nombre apareció en el expediente de la UNGRD como uno de los miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público presuntamente involucrados en un esquema de intercambio entre apoyos legislativos y direccionamiento contractual. En la fotografía política del caso, Manzur representa una de las piezas de mayor peso porque no solo conservó vigencia electoral, sino que alcanzó una curul en la cámara alta en medio del avance de la investigación.
Quién es Karen Manrique
Karen Astrith Manrique Olarte es representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 2, Arauca, y en la Cámara ha sido presentada como una dirigente nacida en Tame, Arauca. Su curul pertenece al esquema de representación especial para víctimas y territorios afectados por el conflicto. En las elecciones legislativas del 8 de marzo fue reelegida con 5.640 votos, equivalentes al 41,76 % de la votación en su circunscripción, de acuerdo con reportes periodísticos recientes.
Manrique nació el 1 de enero de 1990, así que tiene 36 años. Es administradora de empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander; además tiene especializaciones en Gestión de Proyectos (Universidad de los Llanos) y Gestión Pública (ESAP), y maestrías en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Conflictos Armados (Escuela Superior de Guerra), en Gestión y Dirección de Proyectos (Universidad Benito Juárez, México) y en Derecho Ambiental y Sostenibilidad (Universidad Jorge Tadeo Lozano). No pertenece a un partido tradicional: llegó al Congreso por Asvinreg – Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, dentro de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) de Arauca. En el Congreso actual figura como representante a la Cámara desde el 20 de julio de 2022, así que completa casi cuatro años en el Legislativo, y además fue reelegida para el periodo siguiente en las elecciones del 8 de marzo de 2026.
Dentro del caso UNGRD, Manrique ha sido una de las congresistas más mencionadas públicamente. El expediente incluía señalamientos del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, sobre su presunto papel como enlace para direccionar contratos en Arauca. Ella ha negado participación en irregularidades y había dicho públicamente que estaba a disposición de la Corte.
El trasfondo del caso UNGRD
La investigación contra los congresistas se conecta con el mayor escándalo de corrupción que ha golpeado a la UNGRD en los últimos años. Según la reconstrucción que han hecho la Corte y varios medios, el presunto entramado buscaba usar recursos y contratos de esa entidad como moneda de cambio para asegurar respaldos en decisiones legislativas clave, entre ellas los conceptos sobre operaciones de crédito público. En ese mapa ya habían sido vinculados otros altos funcionarios y dirigentes políticos, y el caso venía escalando desde las declaraciones de exdirectivos de la entidad como Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La decisión de este 11 de marzo no cierra el proceso, pero sí endurece su curso. La Corte no solo concluyó que hay base para llevar a juicio a los seis procesados, sino que envió un mensaje sobre la gravedad con la que está leyendo el expediente. El propio comunicado lo resume con una frase de alto voltaje judicial: “La Sala notificará al Congreso de la decisión para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos”. Ese paso, más la medida de aseguramiento contra dos de ellos, convierte esta jornada en uno de los capítulos más sensibles del caso UNGRD desde que estalló el escándalo.
Qué sigue
Lo siguiente será la notificación formal al Congreso, la materialización de las capturas y el traslado del expediente, una vez la decisión quede ejecutoriada, a la Sala Especial de Primera Instancia. Allí continuará el juicio contra los seis procesados. Para Wadith Manzur y Karen Manrique, el proceso entra desde ahora en una fase más dura: la de enfrentar la acusación penal desde la cárcel y con sus carreras políticas suspendidas por orden del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.