Antonio Guerra De La Espriella, exsenador del partido Cambio Radical, se entregó a las autoridades. Lo hizo tras conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la condena de 11 años y 6 meses de prisión por su participación en uno de los escándalos de corrupción más sonados de América Latina: el caso Odebrecht.
Guerra De La Espriella, quien durante años ocupó una curul en el Senado y fue miembro de la Comisión Tercera, fue hallado culpable de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias de servidor público, delitos que sellaron su vínculo con la multinacional brasileña a cambio de millonarios sobornos. Su caída es una más entre las figuras políticas que quedaron atrapadas en la red de corrupción tejida alrededor del megaproyecto vial de la Ruta del Sol II.
El rastro del dinero
La Corte estableció que el exsenador recibió 200 millones de pesos en 2013, como pago por sus gestiones ilegales un año antes. En 2012, Guerra intervino directamente para que el contrato de estabilidad jurídica, crucial para Odebrecht, fuera aprobado. Lo hizo presionando al entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en medio de la discusión de la reforma tributaria en el Congreso.
El objetivo: asegurarle a la firma brasileña beneficios tributarios que blindaran su inversión en el país. Y lo logró. La aprobación del contrato se dio justo en la fecha límite que Odebrecht había marcado para que sus lobistas cumplieran su misión: el 31 de diciembre de 2012.
Además de ese pago puntual, entre 2012 y 2017 el exsenador incrementó su patrimonio de forma injustificada en más de 587 millones de pesos, según determinó la Sala Penal. Parte de esos dineros provendrían de una bolsa común de sobornos de 4.000 millones de pesos, diseñada por Odebrecht para asegurar la intermediación de varios congresistas.
La red política
En el camino de Guerra De La Espriella aparecieron otros nombres ya conocidos por la justicia: Bernardo ‘el Ñoño’ Elías y Otto Bula, ambos también condenados por el escándalo y colaboradores clave en la reconstrucción del entramado de corrupción.
De hecho, los testimonios de estos excongresistas fueron validados por la Corte como piezas fundamentales para confirmar la responsabilidad de Guerra, a pesar de los intentos de su defensa por desestimarlos y alegar irregularidades en la valoración de las pruebas.
La sentencia
La condena inicial, dictada en 2022 por la Sala Especial de Primera Instancia, ascendía a 13 años y ocho meses de prisión. No obstante, tras la apelación del procesado, la Sala Penal lo absolvió del delito de concierto para delinquir, y fijó la pena definitiva en 11 años y cinco meses. Además, le impuso una multa de 1.175 millones de pesos y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por una década.
La decisión del alto tribunal, con ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, subraya que “las acciones ilegales de Guerra De La Espriella ya estaban en marcha en 2012”, momento en el que —según la Corte— desplegó todo su poder político para favorecer a Odebrecht.
