La Contraloría General de la República (CGR), a través de su Delegada de Salud, ha presentado los resultados de un estudio exhaustivo que analiza las inconformidades de los usuarios de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia durante el periodo 2018-2022.
Uno de los hallazgos más preocupantes es la demora persistente en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, señalada como la queja más frecuente ante la Superintendencia Nacional de Salud. En total, se recibieron 4.4 millones de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD) durante este período, con un alarmante 38% relacionado con «riesgo de vida», indicando situaciones críticas que requerían atención médica inmediata.
El informe destaca que las reclamaciones más recurrentes de los usuarios se centran en la demora en la asignación y autorización de citas de medicina especializada, seguidas de retrasos en la autorización y entrega de medicamentos. Además, se observó que durante los años 2018-2021, 483,866 peticiones fueron presentadas ante la Corte Constitucional, con un 72.5% promedio anual concedido en primera instancia.
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El análisis también puso de manifiesto que las deficiencias en la atención, especialmente en servicios de consulta externa, atención hospitalaria, cuidados intensivos y acceso a medicamentos, llevaron a un elevado número de tutelas interpuestas por los ciudadanos afiliados.
En cuanto a las sanciones económicas, la CGR encontró que la Superintendencia de Salud emitió ocho sanciones a tres Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), con un total de $6,642,848,730. Sorprendentemente, estas sanciones fueron pagadas con recursos del Sistema de Salud, lo cual va en contra de la normatividad vigente.
Como conclusión, el estudio resalta la necesidad urgente de fortalecer la vigilancia y control sobre la gestión de las EPS para garantizar el cumplimiento de la normativa, la calidad y la oportunidad en la prestación de servicios. La CGR advierte que las deficiencias en la atención no solo pueden resultar en sanciones económicas a las EPS, sino que también se ha observado un uso indebido de los recursos del sistema de salud para superar estas sanciones, generando un daño patrimonial al Estado y afectando negativamente la calidad de vida de los usuarios.