Este viernes, la audiencia sobre el caso de robo de tierras en el municipio de Soledad, Atlántico, continuó en el juzgado de control de garantías. En esta sesión, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevos elementos probatorios, mientras que las defensas de los 17 capturados, entre los que se encuentran exfuncionarios públicos y presuntos testaferros, también hicieron sus intervenciones.
Uno de los temas más relevantes fue la intervención de Alberto Tejera, representante de la Alcaldía de Soledad, quien rechazó contundentemente los señalamientos de la Fiscalía, que implican a la administración municipal en un presunto apoyo generalizado al delito de robo de tierras. «Tal manifestación no reconoce que aquí se ha demostrado que hubo una acción criminal, y que los documentos expedidos en esta conducta son espurios», indicó Tejera. Además, explicó que la Alcaldía revocó un acto administrativo erróneo relacionado con un predio en el que se iba a construir un megacolegio, predio vinculado a la constructora Marval, quien también se constituyó como víctima en el caso.
Los 17 capturados incluyen a varios exfuncionarios de la Alcaldía de Soledad, la Oficina de Instrumentos Públicos, la Policía y abogados. Entre ellos destacan Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad; y Neysi Cantillo, exinspectora de Policía, quien habría participado en la falsificación de documentos para facilitar el robo de tierras.
La Fiscalía también reveló interceptaciones telefónicas que apuntan a la existencia de un entramado de corrupción que involucra pagos ilegales para facilitar la usurpación de predios. En una de las conversaciones, Alex Ahumada, abogado de William Machuca, uno de los imputados, menciona la entrega de «5 kilos de quesos» (coima) al registrador Iván Páez para desbloquear una matrícula inmobiliaria clave en el caso.
Los testimonios de las víctimas y la solicitud de medidas de aseguramiento
Durante la audiencia, varios representantes de víctimas pidieron al juez que se impusieran medidas de aseguramiento en centro carcelario para los capturados. La constructora Marval, que sufrió la usurpación de un terreno destinado a la construcción de un megacolegio, expresó su preocupación por la continua vulneración de sus derechos y la seguridad de las familias afectadas. «No podemos seguir viviendo con miedo, viendo cómo los sueños de los niños no se pueden desarrollar por la ocupación ilegal de terrenos», afirmó Luz Marina Berrío, representante legal de la constructora.
La falsificación de documentos y las coimas a funcionarios públicos
Los 17 capturados son Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; David De Castro Macías, exregistrador de Soledad; y Marlon Mora Montesino, inspector de Policía, quien es el único que afronta las audiencias en libertad tras decretarse ilegal su captura.
También están Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, Notario Único de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Otro de los aspectos más llamativos del caso es el papel de Neysi Esther Cantillo, exinspectora de Policía de Soledad, quien presuntamente utilizó su experiencia y conocimiento del sistema judicial para falsificar documentos que favorecían a los usurpadores de tierras. Según la Fiscalía, Cantillo, en conversaciones interceptadas, discutió cómo elaboraba amparos policivos y otros documentos que permitían la ocupación ilegal de los predios.
Además, se conoció que se realizaron presuntos pagos ilícitos a funcionarios de la Personería de Soledad, la Alcaldía y hasta fiscales. La Fiscalía mencionó que hay pruebas de un reparto de procesos ilegales que involucraron a altos funcionarios y advirtió que ya se está investigando la posible complicidad de miembros de la Fiscalía en este entramado.
El papel de la Alcaldía y las coimas en la entrega de predios
La Fiscalía también reveló que, según las interceptaciones telefónicas, el 11 de febrero de 2025 hubo una reunión en la Secretaría de Gobierno de Soledad en la que se discutió la entrega de un predio a William Machuca, presunto poseedor irregular. En esa reunión, se mencionó que se iba a entregar dinero a Andrés Díazgranados, asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad, para darle una apariencia de legalidad al proceso. «Los funcionarios que participaron en esta reunión, incluidos el Personero de Soledad y el Secretario de Gobierno, emitieron conceptos favorables para la entrega del predio, a pesar de que los papeles estaban en regla», señaló la Fiscalía.
A través de un seguimiento a la transacción, se descubrió que Díazgranados recibió una coima, lo que fue registrado en las cámaras de seguridad de un centro comercial de la ciudad. La Fiscalía también está investigando las transacciones bancarias realizadas por Díazgranados tras recibir el dinero.
En la investigación de la Fiscalía General de la Nación se realizó un seguimiento a Andrés Díazgranados, asesor jurídico de la Alcaldía, y Alex Ahumada, abogado, donde se observa a Andrés Díazgranados en el centro comercial Parque Alegra,, según las imágenes, Alex Ahumada, acompañado de otra persona, se acerca al vehículo de Díazgranados. Después de intercambiar palabras, ambos ingresan al automóvil, y luego las dos primeras personas salen del vehículo.
La Fiscalía cree que en este encuentro, Díazgranados habría recibido una coima, lo que habría permitido la emisión de un concepto favorable en una reunión llevada a cabo en la Secretaría de Gobierno, para la entrega de un predio en Ciudad del Parque a William Machuca, presunto poseedor irregular. Según las autoridades, este acto presuntamente materializa el delito de cohecho.
El seguimiento continuó con Díazgranados caminando por los pasillos del centro comercial tras su encuentro con Ahumada. Posteriormente, ingresó a una sucursal del banco Davivienda, donde, según la Fiscalía, realizó una transacción que podría estar relacionada con la coima recibida. Aunque el ente acusador no ha confirmado el tipo de transacción realizada, se encuentra en el proceso de indagación para esclarecer si esta acción corresponde a una consignación del dinero recibido en el encuentro.
El caso sigue avanzando
El proceso judicial sobre el robo de tierras en Soledad está lejos de concluir. La Fiscalía continúa recopilando pruebas y realizando intervenciones clave que podrían ampliar las implicaciones del caso, involucrando a más funcionarios públicos y personas de alto perfil. «Este es solo el comienzo de una serie de investigaciones que pondrán al descubierto un entramado de corrupción que afecta a las instituciones y a los ciudadanos que legítimamente luchan por su derecho a la propiedad», aseguró la Fiscal del caso.
Mientras tanto, los imputados siguen enfrentando medidas de aseguramiento en diversas cárceles del país, a la espera de que el proceso judicial avance y se esclarezcan todos los elementos del robo de tierras en Soledad.
El contexto del caso de corrupción en Soledad y las interceptaciones
La Fiscalía General de la Nación ha destapado un complejo entramado de corrupción relacionado con la entrega ilegal de terrenos en Soledad, donde están involucrados varios funcionarios públicos, incluyendo empleados de la Personería, la Alcaldía. Según la Fiscalía, se habrían entregado coimas a estos funcionarios a cambio de su colaboración en la usurpación de tierras.
En las interceptaciones telefónicas realizadas, se reveló una conversación clave del 11 de febrero de 2025, donde se discutió la entrega de un predio a William Machuca, un presunto poseedor irregular. La Fiscalía expuso que «en dicha reunión se le trató dar apariencia de legalidad para la materialización de la entrega del predio a William Machuca», quien supuestamente se encuentra vinculado con la Alcaldía de Soledad. En la misma conversación, participaron varios funcionarios, entre ellos el Personero de Soledad, Manuel de Alba, el Inspector de Policía Marlon Mora Montesino, y el Secretario de Gobierno.
Asimismo, se conoció que en otro de los audios interceptados, la exinspectora de policía, Neysi Esther Cantillo, habría participado activamente en la falsificación de documentos para hacer pasar los terrenos como legítimos. En una de las conversaciones, ella le dijo a una persona desconocida, «esos manes aún no han limpiado, apenas se metieron en posesión, yo ya hice el negocito con ellos pero hasta que no limpien no puedo aceptar nada», refiriéndose a los trámites previos a la venta de los terrenos.
En otra comunicación interceptada, Neysi habló con Sergio Sánchez sobre la situación de un terreno: «Hay que vender rápido porque esto está peligroso, allá está jodiendo mucho la Policía, esta gente no le han solucionado al capitán, no le han dado plata a la Policía». Este tipo de mensajes demuestra el vínculo entre la corrupción y la obstrucción de la justicia, ya que, según la Fiscalía, varios de estos actores intentaban manipular la situación para beneficio personal.
La Fiscalía también reveló que «hay una causal de obstrucción de la justicia», refiriéndose a los intentos de manipular los procesos judiciales relacionados con el caso. Además, la fiscal señaló que se está llevando a cabo una «compulsa de copias» para investigar a funcionarios de la Fiscalía en Soledad que podrían estar involucrados en el escándalo. En otro fragmento de las interceptaciones, se menciona una conversación entre Leonardo Molina y Alex Ahumada, abogado de William Machuca, quien reveló que «hay que entregarle 5 kilos de quesos al registrador de Instrumento Público, Iván Carlos», a través de un intermediario llamado Javier, para desbloquear la matrícula inmobiliaria relacionada con el caso.
La exinspectora Neysi Cantillo también discutió cómo manipular la venta de lotes, diciendo en una llamada que «ya estoy terminando, ese terreno está ganado porque eso no es de nadie». Esta afirmación resalta el nivel de control y los documentos falsificados en los que participaba.
La Fiscalía ha subrayado que este caso involucra «más de seis delitos», entre los cuales se encuentran la usurpación de tierras y la corrupción de funcionarios públicos. La investigación sigue en curso.
En este contexto, la fiscal manifestó que el caso muestra cómo la corrupción afecta el sistema judicial y administrativo, destacando que «son más de seis delitos y reitero que son funcionarios de una presunta red que coopera con abogados, presuntos testigos, que se hablan con el Registrador seccional de Soledad».